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César Duarte ha hecho correr la versión, cuando menos en dos ocasiones, de que la Procuraduría General de República le dará carpetazo a la investigación que por corrupción política se le sigue por el escándalo del Fideicomiso que firmó sin leer y todo lo relativo a Unión Progreso y la responsabilidad que les puede tocar, tanto a Jaime Herrera como a Carlos Hermosillo. Ahora propala que es inminente –y hasta probablemente en estos días– cuando se decrete su impunidad. Legal y procesalmente esto no es posible y así hay que tenerlo en claro. Empero, no está de más recordar que el pacto de corrupción e impunidad en el que se sustenta el actual gobierno de Peña Nieto, probablemente esté apretando las tuercas para que no suceda nada en este ámbito, casi un compromiso de sangre entre lo peor de la clase política que ejerce el poder en la república.

Como se demostró el domingo pasado con la primera gran caravana de Unión Ciudadana en la ciudad de Chihuahua, las condiciones son óptimas para que la insurgencia rinda frutos, de tal manera que cualquier acto de autoritarismo extremo, como pretender cubrirle las espaldas a César Duarte, se convertiría, más que cualquier otra cosa, en un aguijón para que al incrementarse los agravios, la protesta se radicalice. Esa es una pieza básica del análisis de coyuntura que realizamos actualmente quienes estamos al frente del levantamiento ciudadano. Pero no podemos menos que reconocer que se recurre al engaño, se aprieta el control sobre los medios y se quiere sortear, por parte del cacicazgo, la tormenta con la apuesta de que las cosas se vayan tranquilizando, pero realmente la dinámica de los sucesos lleva otro curso. Unión Ciudadana realizará una gran concentración en Ciudad Juárez el 6 de febrero, luego vendrá Ojinaga, Madera y la sierra, preámbulos que se entenderán en toda su eficacia a la hora de la gran movilización que presionará la salida de Duarte del poder.

No hemos insistido lo suficiente que si bien es cierto la denuncia penal es una parte de la corrupción que existe en Chihuahua, no es, a lo sumo, más que una muestra de un mal mucho mayor que ha sido percibido por la sociedad y que en conjunto dan el motivo para la exigencia de cancelar el poder de un cacicazgo a todas luces en crisis y que tiene que caer más temprano que tarde. Como un motivo de desaliento, el gobierno propala que está por llegarle lo que entienden como una especie de absolución y que coloquialmente se conoce como carpetazo. Se desentienden, en el plano jurídico, al menos de una cosa: que todavía faltaría la instancia jurisdiccional ante la justicia federal que tendría que decir la última palabra en torno a lo que sucede en Chihuahua, y para eso todavía le zumba, si es que Duarte no se resbala antes.

El mitómano no tiene llene, todos los días construye una mentira y ahora ha insistido que muy pronto Murillo Karam le expenderá una patente de corso, pero es obvio que esto no queda en otra cosa que no sea un simple deseo añorado por Duarte, pero imposible de realización.