Si se observa sin prejuicios el mapa del Índice de Democracia que más o menos cada dos años publica el semanario inglés The Economist, notaremos que México apenas alcanza seis puntos de diez; es decir, de acuerdo a la categorización que este estudio hace, nuestro país goza de una “democracia imperfecta”, o como se diría en el argot estudiantil, ha ido “de panzaso”.

Estos estudios arrojan resultados similares en investigaciones realizadas por otros organismos internacionales. En general, una de las conclusiones más inquietantes de The Economist es encontrar que el 43 por ciento de la población en el mundo, cualquiera que sea su denominativo, vive bajo el régimen de “democracias defectuosas”. 

Ese es el caso a nivel país. Las circunstancias en las que este hecho se reproduce al interior de cada nación, como en México, tiene sus particularidades. Lo hemos visto en varias entidades de la república, de cualquier color partidista, y en ámbitos tan diversos como el robo, literal, de las arcas públicas; el acoso laboral, los abusos en el desempeño de funciones, el tráfico de influencias y el maltrato o plena agresión contra reporteros de a pie.

En Chihuahua, por ejemplo, eso ocurre porque vivimos un neocaciquismo de derecha, en un cesarismo corralista. Caciquil porque, de acuerdo al diccionario, quien tiene el poder “lo ejerce al margen de la ley” y “anula la confianza en la justicia”, y cesarismo porque el despotismo del gobernante actual es, paradójicamente, similar a su antecesor priísta, al que por sus corruptelas prometió enviar a la cárcel.

En efecto, Javier Corral le ha mentido a todos. Entre otros, a su partido, el PAN, pues ha permitido dejar correr la especie entre la militancia tradicional de que él es un activo de “izquierda” enquistado en un partido de derecha. Es la brisa romántica que provoca divisiones locales pero que autoinduce entre sus amigos del centro del país, periodistas, intelectuales, artistas y políticos, para ganarse una imagen caudillesca que nunca ha podido cuajar en su propia tierra.

Pero esa imagen es falsa y se contrasta con la orientación del tortuoso desempeño de sus funciones, en sus grandes demostraciones de autoritarismo que igualan las relaciones que solía establecer César Duarte con la ciudadanía, con sus subalternos o con la prensa.

Y es con la prensa, precisamente, con la que ha topado Corral. En este tema, no hace mucha diferencia con el duartismo: aunque con menos dinero, Corral ha podido tener acuerdos económicos con los medios que le decoran la alfombra, como es el caso del Canal 28. En su época, Duarte “invertía” carretadas de dinero entre los dueños de los medios, pero el efecto era el mismo que ahora: ejercer control mediante la sectaria asignación publicitaria. 

Está por verse cómo Javier Corral podrá resolver el nudo narrativo que ha ido escribiendo para sí mismo, cómo acabará la historia del reporterito que quería ser gobernador. 

Por lo pronto, esta semana que concluye, Javier Corral, o mejor dicho, el gobernante irresponsable que lo habita, ha sido denunciado por una periodista ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos  y ante la Fiscalía General del Estado por el delito de discriminación, aunque, de acuerdo a los hechos narrados ante la CEDH, la víctima también ha sufrido persecución de parte de escoltas del gobernador, así como amenazas en las redes sociales de parte de miembros del PAN. Y todo ese ambiente de odio ha sido generado por el funcionario público.

Como se sabe, Carmen Sosa, reportera de El Diario de Juárez, ha cuestionado un par de ocasiones al que se dice gobernador en torno al caso Miroslava y otros temas, pero el funcionario se ha negado a responder bajo el argumento de que tiene derecho a reservarse con un medio informativo al que acusa de “mentiroso” y “manipulador”.

Periodistas nacionales y organizaciones como Artículo 19 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han coincidido en señalar que México se ha convertido en los últimos años en el país de mayor riesgo para ejercer el periodismo. Y Chihuahua es uno de los cuatro estados donde más agresiones a periodistas se han reportado. Porque ser libre en Chihuahua es una convicción peligrosa. Porque en Chihuahua (quién lo hubiera creído entre el panismo opositor de otros tiempos) cuestionar al gobernador se convierte en amenaza. Porque se torna personal lo que los instrumentos normativos obligan. 

En realidad, Javier Corral está obligado a responder. En un país que no ha alcanzado la “democracia plena”, como establecen los organismos citados al inicio, un gobernante que tácitamente se promueve como caudillo, que supuestamente es capaz de entender a los periodistas porque él fue uno, que se codea con personajes que han construido la endeble democracia mexicana, es capaz de creerse, desde su mesianismo, la encarnación del redentor que todos esperaban. Como es dado al copy paste en la política, Corral ha de lamentar que el esquema numérico transformador se lo haya ganado el Ejecutivo federal. (¡Chin! ¡Cómo no se me ocurrió antes!).

Y está obligado por ley: el artículo VI del Capítulo II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, relativo a las “obligaciones de los servidores públicos” establece que estos han de “observar buena conducta, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación, con motivo de sus funciones”. 

La ley es clara. En una democracia plena, si el servidor público comete una falta, ha de atenerse a las consecuencias legales. Pero Corral vive en el mundo de la abstracción, no ha querido trascender a la política que se hacía con los cacharros del antiguo régimen. Por eso se da el lujo de recontratar a un funcionario destituido por corrupción, Antonio Pinedo, el exdirector de Comunicación Social que abandonó su cargo en 2018 cuando su enfrentamiento con la prensa rebasaba los límites de la prudencia, pero sobre todo por el desvío de 44 millones de pesos que le detectó la Auditoría Superior del Estado. Pinedo ocupa desde noviembre pasado la Coordinación de Asesores y Proyectos Especiales, esa oficina parasitaria creada exprofeso en su momento para el turista político Gustavo Madero.

Para describir a Corral, los epítetos sobran. Configurar un gobierno que responda a los intereses reales de la ciudadanía, son esfuerzos que se le cuentan con los dedos de una sola mano, y puede que también sobren.

Una sola escena pinta al Javier Corral contradictorio y charlatán: tras el desafuero del magistrado Jorge Ramírez, declaró que tal acción por parte del Congreso, mayoritariamente panista, “es una respuesta para que nadie se crea impune (…) que nadie está por encima de la ley, ocupe el cargo que ocupe”.

Veamos, pues, qué harán la Fiscalía corralista y la CEDH con la denuncia y queja respectiva de la periodista Carmen Sosa.