Se empiezan a manifestar los estragos de la llamada “reforma judicial” en todo el país. La petición del INE de más tiempo y dinero para realizar la elección “popular” de jueces y magistrados, ha evidenciado que la modificación a la Constitución se hizo de manera impensada, y las consecuencias le van a pesar al gobierno de Claudia Sheinbaum, quien llegará al primer sexto de su administración sin un aparato judicial confiable para el común de los gobernados y para los inversionistas que se encuentran en la incertidumbre.
Aquí en Chihuahua, según información que circula por los medios, una quinta parte de los jueces van a optar por el retiro y sus indemnizaciones. No hubo alternativa política para defender el régimen interior de nuestro estado. Hay, en la magistratura, una pretensión económica para un jugoso retiro. En circunstancia extrema, tanto los más viejos magistrados como los de reciente llegada (hay excepciones) prefieren dejar lo que es un campo de batalla a la suerte de no se sabe quién.
Hay también funcionarios judiciales que ya andan cabildeando con posibles candidatos y candidatas a la gubernatura de Chihuahua en 2027. Hay quienes hasta suéter guinda se ponen.
Se reconoce que hay algunos funcionarios que ya están en condición jubilable, pero otros andas buscando adecuar la ley a sus pretensiones económicas. Por lo pronto ya se habla de 150 millones de pesos para este propósito.
En todo esto el comportamiento de Miriam Hernández, la presidenta el Tribunal Superior de Justicia, ha terminado por exhibir sus grandes limitaciones para estar a cargo de una institución fundamental del estado como lo es el Poder Judicial. No debió llegar ahí, pero ahí está, y la crisis es crisis en sus manos.
El futuro judicial quedará reducido a simples encargados del despacho y suplentes de magistrados.
Chihuahua, como estado, no estuvo a la altura en este momento.