Para los tiempos que vienen nada como una celosa, independiente y plenamente autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos. Empero, la realidad parece ir por un camino diferente ahora que la encabeza la señora Rosario Piedra, que llegó al cargo en medio de una polémica en la que brillaron los argumentos en favor de las notas que apuntalan el inicio de esta entrega, en contra de un criterio de fuerza sustentado en el número de quienes la nombraron. 

La historia que va desde su nombramiento a este momento, sumamente breve, deja mucho qué desear, como acostumbra decirse suavemente para realizar una crítica. Su reciente informe ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhibe la despreocupación de la titular por los grandes problemas que atañan a la institución que representa, entre otros, la crisis humanitaria de los migrantes, para no detenernos en otros de igual o mayor calado, como la violencia feminicida que azuela al país.

Pareciera que la señora Piedra está preocupada por florear el discurso oficial, hablar de neoliberalismo y austeridades, temas que siendo importantes no forman parte de su cartera en el ámbito de sus atribuciones esenciales. 

Por otra parte, la intolerancia frente a la petición de la palabra que hizo Porfirio Muñoz Ledo, al negarle la tribuna, no es un hecho aislado, es un punto más que acumulado a otros ya marcan una línea que no merece sino la reprobación. 

En Chihuahua la CNDH debiera estar actuante y dar a conocer su posición en el caso de la familia Alvarado, pues la desaparición forzada de José Ángel, Nitza Paola y Rocío Irene, todos del apellido señalado, siguen esperando puntual justicia, pero al parecer no se quiere tocar ni con el pétalo de una rosa al ejército y a su comandante supremo. 

Es muy importante la lectura de un texto de la pluma de Luis Javier Valero Flores, aparecida en las páginas de El Diario de Chihuahua el domingo 19 de enero del año en curso, que argumenta la responsabilidad de López Obrador en torno al estado actual de ese caso, frente al cual ya no hay retorno alguno; pero eso importa muy poco a la CNDH actual.

Si esto lo aunamos a que asomó la oreja una reforma penal profundamente autoritaria, se impone reivindicar a la CNDH como indispensable, y si su titular, por la razón que sea, no está dispuesta a asumir esa responsabilidad, hay muchos otros que sí pueden hacerlo, para lo cual se impondría la vacancia del cargo. En esto no hay medias tintas.