El sorpresivo anuncio de Javier Corral de romper con el pacto en materia fiscal con la federación, sin saber siquiera la persistencia del proyecto de Presupuesto de Egresos, que reduce en más de 1 mil 500 millones de pesos las aportaciones centrales al estado de Chihuahua y la disminución, en términos reales, de las participaciones federales, hacen impostergable llamar la atención sobre este delicado tema.

Para darnos una idea de su gran trascendencia, baste señalar que las entidades federativas dependen, como promedio nacional, en alrededor del 95 por ciento de los recursos federales, vía participaciones, aportaciones y otros mecanismos de transferencias de recursos a los estados; es decir, en promedio los estados sólo son capaces de generar alrededor del 5 por ciento de todos sus recursos presupuestarios, sin considerar la contratación de recursos de deuda pública.

Para darle un contexto histórico al asunto, es necesario recordar que en 1980 entraron en vigor la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley de Coordinación Fiscal entre federación y estados. Esta última establece que las entidades federativas que celebren convenios de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal recibirán una participación en diversos ingresos fiscales federales. Pero sin mediar ley o acuerdo alguno, los estados dejaron de gravar las actividades consignadas por la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Fue así como a través e la Coordinación Fiscal los estados fueron despojados de sus fuentes fiscales de mayor significado recaudatorio, particularmente las relacionadas con el consumo y el ingreso de particulares y personas morales para hacer frente a sus múltiples requerimientos de gasto y, de manera preponderante, para sustentar su desarrollo económico y social y cimentar su autonomía política como estados, sabedores de que éstos, sin autonomía financiera, carecen de la autonomía política que establece la Constitución, quedando totalmente sometidos al gobierno federal.

El argumento central que se discutió a lo largo de décadas para dar pie a la Coordinación Fiscal fue la problemática que generaba la doble imposición en cuanto que la federación nunca dejó de considerar que tanto ella como los estados tenían iguales facultades para establecer contribuciones a fin de hacer frente a sus requerimientos de gasto, desconociendo que el artículo 124 constitucional establece que la federación sólo tiene las facultades expresas que la carta magna le otorgue. 

Ante el presidencialismo que padece México, la suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció por establecer que ese principio constitucional no debía prevalecer en materia impositiva y que ambos órdenes de gobierno podían establecer impuestos sobre la misma materia, reconociendo así la doble imposición, problemática que en todo momento antepuso el gobierno federal para imponer la Coordinación Fiscal. 

La enorme relevancia de cuestionar el centralismo que ha doblegado desde hace décadas los márgenes de maniobra financiera de los estados y que, por lo visto, la Cuatroté quiere mantener vigente y rígido, se hunde con la irresponsable y frívola banalidad del rompimiento propuesto desde lo regional, pues todos en Chihuahua sabemos del destino de ese protagonismo electorero. Ya pasó antes: Javier Corral echó a perder una exigencia legítima a cambio de un llamamiento sectario y partidista con una marcha que culminó con un “te pago lo que te debo” y sanseacabó. 

Por otro lado, hoy no empieza por consultar a su propio partido y se adelanta al futuro debate parlamentario en el Congreso de la Unión –en ambas cámaras por lo que se refiere al trámite de la aprobación de la Ley de Ingresos y en la de diputados la emisión del Presupuesto de Egresos– que cuestiona desde el balcón chihuahuense, al alto costo de ver limitado un Plan de Inversiones que a su vez pasa por alto a la legislatura local. Corral no predica, pues, con el ejemplo: en el estado que gobierna desprecia a municipios en términos de un centralismo local, en ocasiones dictado por la víscera.

Una determinación de ese tamaño exige la realización previa de complejos estudios con la profundidad y seriedad que exige el riesgo de ocasionarle a las finanzas públicas del estado de Chihuahua un daño mayor quizá al que le ocasionarían los recortes a que alude el gobernador Corral.

Entre otros aspectos que tendría que comprender ese análisis, debe considerarse la determinación, como señalan los expertos, a valor presente de la recaudación de las contribuciones que Chihuahua dejó de percibir con motivo de la Coordinación Fiscal, así como la base actual de contribuyentes de esos mismos gravámenes. 

Este punto sin duda requiere un enorme análisis financiero, hacendario, jurídico y de campo, además de enfrentar política y socialmente la problemática de la doble imposición en nuestra entidad a que daría lugar el rompimiento de la Coordinación Fiscal, pues quienes realizan una actividad empresarial tendrían que aceptar que tanto el estado como la federación les puedan imponer contribuciones sobre un mismo acto o actividad, que es justamente en lo que consiste esa doble imposición. Aquí no puede haber decisiones unilaterales ante la complicadísima existencia de efectos que ello genera.

No es algo sencillo. Por eso es impensable que en unos meses, y quizás ni en lo que resta de esta administración estatal, podría estarse en condiciones de tomar una determinación de ese calado, menos aún sin la realización previa de los análisis de un tema con ese significado y complejas consecuencias. 

Corral lo sabe, pero sólo un acto de enorme irresponsabilidad y carente de seriedad pudo haberlo llevado a ventilar, mediante un simple discurso monopolizante, un tema de la mayor relevancia en la agenda política nacional y que sólo en esa dimensión se puede solventar de fondo.

Sin embargo, para él, hay que estar primero.