Claro que no se le puede aplaudir a Peña Nieto. El presidente nombró a Virgilio Andrade, con inocultable pasado priísta, como secretario de la Función Pública, aunque esa institución no tenga sustento legal y con la desfachatez de asignarle la tarea de investigar la corrupción de la que se le ha acusado, junto con su esposa, y que alcanza además al secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Pareciera una más de esas malas novelas que se producen en los estudios de Televisa.
Si al interior la designación provocó un alud de críticas e indignación, en la escena internacional causó estupor que se quiera encarar de tal manera la profunda crisis de confianza que se abate sobre Enrique Peña Nieto, producto de la corrupción política, y sobre todo de la impunidad rampante por los sucesos de Iguala, a los que el mismo presidente ha querido borrar como algo superable, dando muestras de una irresponsabilidad superlativa que terminó por desligarlo totalmente de la mínima posibilidad de pasar a la historia del país como un estadista. Voces muy autorizadas como la del académico Mauricio Merino, que encabeza la Red por la Rendición de Cuentas, se han hecho escuchar para explicar el absurdo del reciente nombramiento, absurdo que no tiene el menor anclaje en las normas de derecho público, vigentes en este país, y al parecer eso, poco o nada le importa a los personeros que encabezan el pacto de impunidad y corrupción de la clase política.
La moderna teoría de la auditoría, la contabilidad gubernamental y la fiscalización de las finanzas públicas, armonizadas con los estándares internacionales fijados, por ejemplo, por esa notable organización auxiliar de las Naciones Unidas y que se conoce por sus siglas en inglés, INTOSAI (Organización Internacional de Instituciones de Auditoría Superior), ha marcado el principio de que auditor y auditado deben ser diferentes, por no pertenecer al mismo grupo de interés económico, político o religioso; por no tener parentesco alguno y prodigar la confianza que da la independencia entre el revisado y el revisor. Esto por las razones obvias a las que se agrega una más: cuando se pasa por alto la aplicación de ese principio, los resultados de los informes, aún bien hechos, no generan confianza alguna. Pero esto, que es una verdad reconocida mundialmente, aquí en México se pasa por alto, como lo demuestra la designación de Virgilio Andrade. Él es el emblema de una desvergüenza. Poner al subalterno, al dependiente absolutamente, al que recibe instrucciones, a revisar al todopoderoso y cabeza de un poder tradicionalmente autoritario como lo es la Presidencia mexicana, es una soberana desfachatez, y además la tentativa de verle la cara a todos los mexicanos a los que se les quiere ver comulgando con ruedas de molino.
Un engaño más, una muestra más de la profunda crisis por la que pasa el país y razón adicional para que siga creciendo la exigencia del retiro de Peña Nieto del alto cargo al que llegó bajo sospecha.
Mientras no se vaya a fondo contra la corrupción, no habrá paz en la república. Como no la hay en el estado de Chihuahua, con el cacicazgo de César Duarte, igualmente tocado por una corrupción comprobada y que reclama un vigoroso movimiento cívico que pide su caída. Pero en medio de todo, César Duarte no está dispuesto ni a taparle el ojo al macho, como lo hace Peña Nieto. Él ni siquiera está dispuesto a nombrar a ninguno de sus cómplices o compadres para que lo investiguen: el Estado soy yo, parece decirnos burlonamente el cacique. Quizá al conducirse así nos hace el favor de no pasar por el estupor de escuchar que ha designado para que le investiguen en su calidad de “inversionista” en el Fideicomiso número 744743, confeccionado para apoderarse de un banco, a un personaje como Héctor Barraza Chávez, al que le regaló una sindicatura a cambio de corromper de manera definitiva y concluyente al PRD. En la escala local, si queremos comprender lo que hizo Peña Nieto, este ejemplo viene totalmente a modo.
De todo esto hay una moraleja: los priístas en el poder están dispuestos a todo, menos a corregir lo que tiene qué ver con ese cáncer nacional que se llama corrupción política y que amenaza con destruir la república.
Apoyado en la Constitución, viene el matrimonio igualitario
El matrimonio igualitario ha llegado a México para quedarse. En el Distrito Federal ya existe, a impulso de una activa sociedad civil favorable a la extinción de todas las formas de discriminación y al amparo de los gobiernos democráticos y de izquierda que tiene la capital de la república. Recientemente, Coahuila dio un paso en ese sentido: hay matrimonio igualitario luego de una minuciosa consulta a la sociedad, con el apoyo de la visión derechohumanista de Naciones Unidas y la intervención sin prejuicios de un gobierno de raíz priísta como el que encabeza Rubén Moreira. Hasta la terminología ha cambiado: hoy son antiguallas los conceptos matrimonio y boda homosexuales, matrimonio gay y otros más que se adosan en la polémica con la inocultable intención de denostar y discriminar.
Matrimonio igualitario es el concepto derechohumanista, el que obedece a una institucionalidad jurídica avanzada para una sociedad democrática y en la que el valor de la tolerancia se privilegia.
En el estado de Chihuahua, la propuesta de apertura y transición al tema fueron las iniciativas legislativas planteadas en las legislaturas de los trienios 2004-2007 y 2007-2010 del Congreso del Estado, formuladas por un PRD honrado y congruente que ya no existe jamás. Fueron obstaculizadas por mayorías del PRI y del PAN. No se buscaba entonces el matrimonio igualitario, que lo mismo puede ser entre personas de diverso sexo o de sexos iguales, sino una figura como el Pacto Civil o Sociedad de Convivencia, que aún no daban el paso definitivo. Una derecha conservadora le cerró la puerta a dichas propuestas, se puso de espaldas rotundamente al matrimonio igualitario y, como suele ser en casos de esta índole, lo que no se dejó entrar por la puerta grande se empezó a meter por las ventanas y diversas parejas afectadas por la discriminación empezaron a litigar ante los tribunales federales la aplicación irrestricta de la reforma derechohumanista vigente en el país y se empezaron a desgranar sentencias que ampararon y protegieron a dichas parejas para obligar al estado de Chihuahua, y en particular a su Registro Civil, a celebrar estos matrimonios. A tal grado llegó el memorable litigio, que se tendrá que reformar la legislación civil y familiar para dar paso, sin más ni más, al matrimonio igualitario. El estado de Chihuahua ya no tiene margen de maniobra para continuar difiriendo una decisión legislativa de Estado. Ya no tiene para dónde hacerse. Desde esta perspectiva resultan lamentables y lastimosas, por decir lo menos, las declaraciones vertidas por el consejero jurídico del cacique Duarte, Mario Trevizo Salazar, que examinamos hilvanadas con las del presbítero católico Dizán Vázquez. Empecemos por el coordinador de la Comisión Diocesana para la Pastoral de la Comunicación, quien sigue insistiendo, cómo no, en que esta reforma va contra natura y reitera que los homosexuales están enfermos física, psicológica y espiritualmente y que sólo hay dos opciones: lidiar con los que no tienen remedio y curar a los que todavía son rescatables de su “estilo de vida destructivo”.
Pero la oposición más absurda a este tipo de uniones es la del mismísimo asesor jurídico de César Duarte. Absurda porque, no está de más reiterarlo, como funcionario público tiene la obligación legal de despachar democráticamente en un estado que se autonombra como tal. A este señor le gana la sotana, aún cuando diga el ciudadano Dizán Vázquez que no necesariamente la oposición a la reforma tiene vetas religiosas. Si pudieran ambos cambiar de profesión, opinarían exactamente igual, paradigmas de un régimen absolutista, sobre todo cuando Trevizo expresa que “los que hoy apoyan las diversificaciones de familia, en su mayoría no tuvieron un ejemplo correcto en su familia”. Y mire usted, otro dislate, otra contradicción como las que suelen emanar del palacio del cacique mayor, es cuando Trevizo afirma que “estamos viendo que a principios del siglo 21 estamos viviendo la dictadura de las minorías, son derechos de tercera generación que parten de principios de no discriminación y de igualdad”. Lo dice él, que le rinde cuentas a su jefecito que está reprobado en democracia. Por si no lo sobe Trevizo, la dictadura, esa sí de una compacta, minúscula y mafiosa minoría, es la del cartel político de Duarte-Herrera-Hermosillo y, ahora, Trevizo, disfrutando del rocío con agua bendita que les prodiga con su isopo el capellán de la intolerancia y otrora progresista católico. A leguas se ve que se han creído que el “estado consagrado” está por encima de la república laica que somos.
Señores del gobierno, dejen de hacerle al mastuerzo y venga la reforma que dé pie al matrimonio igualitario.
Respeto mucho lo que usted habla sobre la lucha a la corrupción, pero creo que ahorita que se está formando unión ciudadana ahondar sobre la legalización de este tipo de matrimonios en nada tiene que ver con eso, incluso la radicalización de posturas (de cualquier corriente de pensamiento) es parte de la dificultad de unir a gente con tan diferente idelogía por que mucha gente piensa que la familia como está es la base de una sociedad y de hecho la naturaleza misma nos lo muestra, independientemente de si se es ateo o no, y me imagino que bastante gente que sigue unión ciudadana son católicos o evangélicos y piensan diferente a lo que aquí comenta , creo que tampoco esa discusión es ahorita fundamental, creo también se debe respetar la decisión de cada quien pero no implica que por eso el estado va a legalizar todo. Lo apoyo en su lucha a la corrupción pero definitivamente en este punto no, este tipo de posiciones no traen caso ahorita, pero en fin, es la libertad de expresión.