La provocación duartista

La prerrogativa a manifestarse de manera pública y abierta está consagrado en el Derecho interno y no se diga en los instrumentos internacionales, garantes de la libertad en su más amplio sentido. Sin embargo, ejercer ese derecho contra una tiranía es otra cosa. Sabido es que los obstáculos que se le ponen en ese marco van de lo ordinario a lo extraordinario, de lo leve a lo grave y de lo grave a lo escalofriante y criminal que se dejó sentir con tonos de tragedia con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Quienes ejercen liderazgo, labores de dirección u organización política, o simplemente realizan sus empeños bajo la denominación del activismo social, deben ser sumamente cuidadosos a la hora de trazar sus formas de lucha, sobre todo cuando las mismas se escudan en un derecho consagrado en la ley o, porque también así es posible, en la desobediencia a la misma como instrumento de reacción y defensa de grandes intereses sociales.

Pero el cuidado no es simplemente por una preocupación anexa al movimiento social o político de que se trate, cual si estuviésemos en presencia de hechos que se dan en una campana de laboratorio. No, esa diligencia para encausar la lucha de que se trate, se da en medio de una conflictividad tras de la cual hay personas de carne y hueso, con pasiones, que van desde la paciencia hasta la ira, dependiendo del talante de los actores. Y así, muchas veces frente a una manifestación pacífica, se suscita la violencia porque una de las partes en el conflicto decide hacerlo en respuesta a algo que no le parece, en el ámbito de la impulsividad pura o porque uno de los adversarios provoca que el encausamiento de las cosas cobre un giro imprevisto por uno de los actores. Aquí hablo de todos los bandos que se involucren en una lucha que al alcanzar un alto rango de complejidad también hace más difíciles los percances de la provocación.

Actualmente se elogia mucho la prudencia metódica de los contendientes, pero todos la exigen como cualidad en el actor gubernamental, o en las organizaciones de derecho público que están insertas en la sociedad, cual serían los partidos políticos y los sindicatos, por poner un ejemplo; y en otro orden de ideas, en el ámbito civil, bajo el cual se norman los credos religiosos y la tolerancia que de los mismos exige cuando hay una diversidad notable y una rijosidad como la que vemos, por ejemplo, en el mundo islámico. Esto, al igual que algo que señalamos anteriormente, se da en el ámbito de las mejores recomendaciones para que no se desborden los hechos, a final de cuentas, en demérito de todos.

Me sirven de marco los párrafos anteriores para referirme a dos hechos de provocación, graves de suyo, aunque sin consecuencias dañosas a bienes y personas. En ambas el autor de la provocación es, sin duda, el gobierno del estado de Chihuahua y dentro de él quienes tienen el encargo o injerencia en las relaciones políticas, particularmente el titular del Ejecutivo y el área de la Secretaría General de Gobierno, y extremando un poco las cosas, los aparatos represivos.

Resulta que el pasado 28 de noviembre, al momento de constituir formalmente Unión Ciudadana como brazo cívico para vertebrar los esfuerzos contra la tiranía de César Duarte, enviados de éste –lo hemos documentado– agredieron en dos momentos el acto multitudinario. Asaltaron la tribuna, denostaron a actores principales y los difamaron. Además, trataron de desencadenar una agresión directa, propiciando el enojo y el rencor contra los convocantes. La finalidad era “reventar” el evento, disolverlo, mancharlo con el sello de la pugnacidad y, si era posible, que se llegara a los golpes y corrieran algunas gotas de sangre o una piezas dentales cayeran al suelo. El mejor escenario para la tiranía, porque al día siguiente la obsequiosa prensa nos tildaría de profetas de la violencia y el desastre. Incluso uno de estos medios entregado al gobierno catalogó el nacimiento de Unión Ciudadana como empezar a caminar con el pie izquierdo. Empero, la realidad es otra: espontáneamente los ciudadanos que asistieron y su liderazgo formal fueron cautos y con prudencia sofocaron el intento; ciertamente hubo necesidad de subir el tono de la voz pero no se provocó un sólo rasguño ni se quebró un solo cristal. La provocación había fracasado, el evento concluyó con entusiasmo y se tomaron los acuerdos esperados por la mayoría.

Días después, el primero de diciembre por la tarde, salió una marcha de jóvenes y estudiantes y personas solidarias para sumar voluntades en la gran manifestación que sacudió al país con motivo de los dos años del fracasado gobierno de Enrique Peña Nieto, y en el corazón de esta demostración política estuvo el repudio a la desaparición de los 43 normalistas. Varios kilómetros se recorrieron a partir de la explanada aledaña a la facultad de Filosofía y Letras de la UACH, hasta desembocar en la Plaza de Armas, con una escala en una de las puertas del palacio de gobierno, donde se exigió la renuncia de César Duarte al cargo de gobernador. Pues bien, esa manifestación, de nueva cuenta, fue agredida desde su inicio prácticamente hasta su conclusión, y lo más grave, se pudo demostrar que los que agredieron a Unión Ciudadana y luego a la marcha estudiantil, son las mismas personas (incluso niñas), con las mismas consignas y las mismas descalificaciones. Pero con un agravante: llevaban una sirena con la que pretendieron sofocar los megáfonos empleados por los estudiantes para que su mensaje no fuera escuchado. Otra vez advertimos el brazo del gobierno.

¿A quién le interesa la violencia en estos casos? Sin duda al gobierno. Al gobierno que quiere desencadenar la violencia y que lo hace de manera irresponsable porque se pueden causar daños de magnitud impensados. Baste recordar cómo empezó en Iguala, Guerrero, lo que a la postre se ha convertido en uno de los crímenes más cuestionados nacional e internacionalmente. La provocación, en consecuencia, es arma del gobierno, y en este caso de Duarte y su equipo. Están desesperados, saben que sus días están contados, que sus faltas ya las entendió la sociedad y está exigiendo las severas sanciones que la ley establece. Al recurrir a estos mecanismos, por otra parte, expresa el rostro de la represión para que a nadie le quede duda que en momentos más agudos recurrirán a todo con tal de no verse en la pérdida de lo que hasta ahora son sus corrompidos privilegios.

Nunca como ahora ponerse al margen de esos mecanismos resulta tan importante. El creciente movimiento contra la tiranía no puede y no debe imitar las formas de lucha con la que está siendo agredido. En primer lugar, por algo que resulta oculto pero que da la nota para esclarecer el tema: los provocadores se presentan como simples particulares, no como agentes del gobierno o policías, eso para dar la apariencia de que son contradicciones al seno mismo de los movimientos, porque precisamente los provocadores se fletan en las consignas, las exacerban para acercar más el momento candente en el que brota la chispa de la violencia y, aparecida ésta, entonces sí, con toda “legitimidad”, llega la policía o el ejército a someter a los rijosos con el siguiente balance: los provocadores a salvo y los golpeados y reprimidos corriendo a cargo de quienes luchan en ejercicio de sus derechos y además lo hacen abiertamente.

Es cierto que los grandes procesos sociales jamás han sido contenidos por la provocación. Pero también han arrojado hechos que en distintas partes del mundo se lamenta. Frente a esto, no hay como la organización, la prudencia que no abate el coraje y poner a cada quien en su lugar, en especial a la tiranía que está en el centro de los reclamos del Chihuahua de hoy.