Las disparidades de los partidos de la oposición con MORENA y sus aliados en el tema de la seguridad diseñada por el INE para proteger a candidatos y candidatas durante el presente proceso electoral son, en realidad, diferencias de estrategia, o si se quiere, lamentablemente, desplantes propagandísticos.
El PAN y el PRD calificaron como insuficiente el protocolo de seguridad propuesto por al Instituto Nacional Electoral, por la Secretaría de Seguridad, en tanto que el PRI dio que llevaría el tema a la Cámara de Diputados. Es postura representa un cuestionamiento, de refilón, a la Cuatroté.
Pero MORENA, apoyada por sus satélites del Partido Verde y el Partido del Trabajo, soportada por una administración desde la cual surge la operatividad del protocolo de “blindaje” de las elecciones en puerta, está obligada a no contradecirse ni contravenir a su secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y estar de acuerdo con dichas medidas, con el argumento de que “el gobierno puede garantizar elecciones pacíficas”.
Y aunque MORENA acusó a la oposición de utilizar el tema de la inseguridad y la violencia como “arma propagandística”, el hecho es que el apoyo que los de la Cuatroté dan al mecanismo referido representa, igualmente, un desplante publicitario.
El tema es que el INE y la Secretaría de Seguridad llegan tarde con estas medidas, pues desde septiembre, cuando inició formalmente el proceso electoral, y hasta el día de hoy han sido asesinados al menos 13 aspirantes a diversos cargos de elección popular en el país.
El tema desnuda al mismo tiempo los niveles de penetración del crimen organizado en los aspectos de la vida social y política de la república. Su influencia ha dejado una estela de sangre desde hace ya varios sexenios, pero nunca como ahora se habían pretendido medidas de seguridad del calibre que pretende el INE y el gobierno lopezobradorista.
Organizaciones no gubernamentales han documentado que desde 2018 y a lo que va de 2024 se han registrado 1649 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra políticos en el país, donde el 78 por ciento de las víctimas son hombre y el resto mujeres. Estremecedoramente, según tales reportes, el 7.8 por ciento de las víctimas eran familiares de personas funcionarias o dedicadas a la política.
Como se ve, el tema no es menor y no debiera estar en el juego de las disparidades para abonarse adeptos entre el electorado porque, a final de cuentas, todo el país resulta afectado.