Siempre dará gusto que una niña como Brenda Rubí Insunza, una vida casi en botón de 12 años, regrese de una experiencia tan fuerte como la que se conoce a través de los medios. Arrancada de su localidad, fue a dar a un lugar lejano ubicado en la frontera mexicana con Tabasco. En una región caracterizada por las desapariciones forzadas y el feminicidio, un buen colofón siempre será bienvenido.

Empero, la Fiscalía General del Estado, a cargo de César Augusto Peniche, ha convertido el cumplimento de sus obligaciones públicas y una de cal por las muchas que van de arena, para festinar el suceso a un grado de excelsitud que se convierte en una defensa casi apologética del desempeño –siempre deficiente– del actual gobierno estatal en materia de seguridad pública. Podría emborronar muchas cuartillas relatando los fracasos, pero sería innecesario por ser del dominio público. 

En otras palabras, Peniche ha tomado el caso de la menor Brenda Rubí para tender una cortina de humo y que no se vea el desparpajo de su gestión, made in PGR. Pero en este caso se le pasó la mano porque en su afán de exaltar la conducta del hondureño Wilson Lenin Pacheco Barrera, ha pasado a la promoción de la xenofobia, como haciéndole un guiño al gobierno federal en apuros por el delicado tema de la migración. 

Cuando uno conversa con algún politólogo, periodista o simple ciudadano de un país europeo con raíces democráticas, expresa su asombro porque aquí en México la publicidad oficial hace del cumplimento de las obligaciones públicas la materia de la propaganda. Como dice una novedosa conseja popular: “es como ir a sacar dinero del cajero y agradecérselo al banco”.

Así Peniche, pero es imposible pedirle peras al olmo.