Ya ni las declaraciones relevantes que hace Javier Corral se pueden estimar con seriedad. Para no desviarse de su línea de desprecio a la prensa y audiencia regionales, prefiere ir a la Ciudad de México y montar su tribuna para hacer declaraciones. El periodismo chihuahuense no lo merece, y su retórica está tan desgastada que lleva en su miga principal las premisas para descreer de sus afirmaciones. Sin embargo eso no es obstáculo para partir de sus aseveraciones y confeccionar un análisis, en el caso que me ocupa, sobre el escándalo llamado “César Duarte-Unión Progreso”.

Fotografías en mano, Corral fue entrevistado a media semana en el noticiero matutino de Carlos Loret De Mola en el que se exhibió –y lo digo de paso– la adecuada puesta al día del mencionado escándalo. Loret abordó el tema subrayando el fracaso de la lucha contra la corrupción en Chihuahua, lo que fue un aguijoneo para que brotaran datos que precisamente pretendo examinar. 

Lo que primero llamó la atención en la entrevista es el regreso al origen. Me refiero a la tácita alusión de Corral a la denuncia que se presentó el 23 de septiembre de 2014 ante la PGR de Jesús Murillo Karam, la Fiscalía del Estado de Chihuahua y demás instituciones federales que tienen que ver con la política bancaria y hacendaria del país. Esa denuncia, aparte de haber desencadenado una profunda lucha ciudadana contra la corrupción política que dio al traste con el PRI en 2016, cuando se le defenestró como nunca antes en las urnas, fue sólida en cuanto a sus argumentos y sus pruebas, si bien acreditaba una corrupción aparentemente menor por pretender, a partir de un fideicomiso de 65 millones de pesos, signado por Duarte y su esposa, de hacerse de un banco (Unión Progreso) soportado en los fondos públicos que los chihuahuenses tendrían para la satisfacción de sus necesidades colectivas.

Fue la develación de un ramillete de delitos: peculado, uso abusivo de facultades y atribuciones, y desde luego enriquecimiento ilícito. La fuerza de la denuncia se sustentó en la fuerza de la verdad, que jamás pudo ser controvertida en la investigación (AP/PGR/UEAF/001/2014-11). Pero el régimen de corrupción e impunidad es tan feroz que hasta ahora, a prácticamente cinco años, la causa no ha llegado a un tribunal. Por el contrario, el gobierno de Peña Nieto y la obsequiosidad servil de Elías Beltrán, el último encargado del despacho de la PGR, pretendieron decretar el no ejercicio de la acción penal contra Duarte y su cómplice principal, Jaime Ramón Herrera Corral, recurriendo a la “chicana” y a la más descarada violación de mi garantía de audiencia como denunciante en el expediente señalado. Quisieron que controvirtiera a ciegas los argumentos elaborados por el peñanietismo para liberar a los corruptos, saldando un compromiso de sangre con Duarte. Pero no lo lograron. 

Contra esa pretensión de no ejercicio de la acción penal –coloquialmente conocida como “archivo de la investigación”– me levanté interponiendo una demanda de amparo que se sustanció en el expediente 529/18 del Índice del Juzgado Primero de Distrito de la ciudad de Chihuahua, institución que me concedió la protección y justicia de la unión federal contra el despropósito de los protectores de Duarte en el gobierno de Peña Nieto. No obstante que la demanda está fundamentada al cien por ciento y también el fallo que me protegió, la entonces PGR, y ahora la actual Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, continúa con la pretensión de que ese expediente se archive. Me explico del proceder de la PGR, mas no encuentro asidero alguno para que el gobierno de la Cuarta Transformación se obstine en mantener un litigio que en los hechos desmiente sus propósitos de combate a la corrupción. Pero ahí estamos, defendiendo en los tribunales una causa ciudadana trascendente.

La revisión que menciono se encuentra actualmente en el Primer Tribunal Colegiado con asiento en la capital del estado, en el expediente R15/19 pendiente de trámite. Como ponente está la magistrada Martha Olivia Tello Acuña, carente de confianza ciudadana y entre litigantes del foro, como José Cornejo y José Martín Hernández, y podemos afirmar un par de cosas: el tiempo que se llevará el trámite bien puede caber en lo que resta de este año y, lo más importante y que desmiente a Corral, este asunto no ha sido archivado. Para que eso sucediera tendría el mismísimo Corral que decretarlo también, pues el expediente está radicado además en su Fiscalía, la cual se ha negado sistemáticamente a concedernos audiencia y ver el propio expediente, siguiendo la misma línea trazada de Peña Nieto, inexplicablemente.

De aquí brota el escepticismo con que inicié este texto. Corral le dijo a Loret De Mola: “Está a punto de concluir la investigación más relevante, o quizá una de las más relevantes”, en clara alusión al tema del escándalo Unión Progreso, precisamente la miga esencial de la denuncia de 2014. Pero esto no podemos ni aceptarlo ni negarlo porque se nos obstaculiza el acceso al expediente por parte de la Fiscalía a cargo de César Augusto Peniche, obviamente por instrucciones del Ejecutivo al que obedece.

En el contexto de la entrevista ya citada, Corral habló de cien millones de pesos del erario local para beneficio personal del exgobernador prófugo, y palabras más adelante augura que éste pronto estará ante los tribunales locales en “los próximos días”. 

Tan pronto nos enteramos y examinamos minuciosamente las declaraciones corralistas, nos brincaron varias interrogantes: ¿Será cierto que estamos ante una sumaria extradición, ahora que las prioridades nacionales con Estados Unidos hacen microscópico el caso Duarte? ¿Por qué, además, se mantiene en la impunidad a uno de los denunciados en el expediente referido, cual es el protegido Jaime Ramón Herrera Corral, que se pasea impunemente por las calles, restaurantes y templos de Chihuahua? ¿No sería un buen inicio que se le detuviera y se le procesara como una especie de entremés para la recepción del platillo fuerte que representaría Duarte? La Operación Chihuahua ha sido un dispendio porque se han gastado sumas enormes de dinero que hacen invisible lo que se ha recuperado, dato que también omite el afecto a entrevistas fuera de su aldea.

Dicen que Corral es buen jugador de dominó (dudo que mejor que su anterior secretario general de Gobierno), y el secreto de este juego de mesa es contar: de una parte llevar bien los números de las fichas propias y de los adversarios, pero también saber narrar bien las cosas, escribir bien las tramas de los asuntos fundamentales, y aquí lo que encontramos –a partir de la entrevista en Televisa– es nebulosidad, regateo de información, verdades a medias, y desde luego la consabida grandilocuencia que ya nos fastidia, entre otras razones de fondo, porque si algo no tiene Corral es credibilidad y calidad de gobernador. Aún no trae a Duarte y ya plantea cárcel para Peña Nieto, Elías Beltrán, ministros de la Corte, más lo que se acumule. Quizá tiene muchas mulas para ahorcar.  

Ya nadie le cree, lo dicen en la calle, en todas partes.