En ciertas polémicas uno de los adversarios puede decir que tiene la razón y otro contestarle que tiene razones, refiriéndose a argumentos parcialmente válidos. Esto aplica al conflicto que tiene por fondo la reciente ley para remunerar a los funcionarios públicos. Se dicen muchas cosas, pero habrá que tomar en cuenta que dentro de ellas hay verdades, medias verdades, falacias y también mentiras.

El conflicto, por su calado, es de la mayor importancia para el futuro político y gubernamental de México. Quienes estamos cerca de los aparatos de justicia del Estado sabemos a ciencia cierta del gran desprestigio que se cargan: el burocratismo, el nepotismo y hasta la venta de sentencias tan socorrida en el litigio a través de intermediarios muy conocidos que se conectan con jueces y magistrados, federales y estatales.

En el ámbito de la federación, este es un malestar que duele, y bastante, aunque no se han decidido, en particular los abogados, a dar la mejor de sus batallas por hacer de la Judicatura una entidad permeada por la honradez. No disfrutan hoy de ese reconocimiento natural que se otorga a las cosas buenas. 

Incluso cuando los temas trascienden a la escena pública, pronto se acallan, como en el caso de la magistrada Martha Olivia Tello, que se vio envuelta en un escándalo en su calidad de integrante de un conocido tribunal colegiado con sede en esta ciudad. De que la señora magistrada actúa con prepotencia, arrogancia y como si estuviera en el Olimpo, no me queda duda; como tampoco que no saldrá de ahí si no hay una fuerza que la investigue, y llegado el caso la ponga en su lugar.