Los Consejos Coordinadores de los empresarios de Chihuahua, Ciudad Juárez y otras partes del estado (presumen 33 mil integrantes y hacen gala de corporación) publicaron hoy, a plana completa, en los periódicos de la entidad, un desplegado que denominan “¡Chihuahua construye un México en paz!”. En realidad se trata de un extraño desplegado porque hablan de la inseguridad como algo del pasado y de una impunidad que quedó atrás y, desde luego, ponen el dedo en la llaga en lo que realmente les duele: que sus intereses se vean afectados.
Pero más allá de eso, el desplegado es falaz, de inicio porque los temas de seguridad del país no se limitan a una región. Los homicidios dolosos, aunque en menor escala, mantienen números preocupantes en Ciudad Juárez, Jiménez, Parral y aquí en Chihuahua. Pero hay otra delincuencia que tiene que ver con robo a casa habitación, violencia sexual, mucha de ella sin denunciar; robo de llantas a vehículos, por sólo poner tres ejemplos que duelen a la sociedad, quizá no a los empresarios.
Hablan en su desplegado de un Poder Judicial que ha participado en todo esto, cuando lo cierto es que dicho poder en el estado sufre los embates del dominio del Ejecutivo; y donde de plano desbarran es en presentar la certificación de los penales como algo significativo, cuando en realidad dichas certificaciones para lo que sirven es para desviar grandes recursos que se requieren en otras áreas y que como certificaciones, se reducen a cosas realmente sin importancia. En cambio hay grandes zonas y municipios de la entidad, en cantidad alarmante, que no cuentan con la infraestructura para la seguridad de la sociedad y la disuasión del crimen. En otras palabras, el empresariado firmante es autocomplaciente y se regodea en su propia visión y olvida al resto.
Pero hay una cosa que llama poderosamente la atención: la petición de recursos federales a Peña Nieto, al que se refieren por su nombre; en cambio, cuando se refieren a Chihuahua hablan de “gobernadores” en plural (¿tenemos varios?). A este respecto brilló, pero por su ausencia, el nombre de César Duarte, quizá para enfatizar que no hay querencia hacia él o que ya terminaron los almibarados días en los que rendían aplausos a la menor provocación. Cuando uno lee estos textos pudiera creer que estamos en presencia de una novela rosa, si no fuera porque se trata de un desplegado en el que la mentira está presente a la usanza, pongamos por ejemplo, del señor Luis Lara, que sale de tarde en tarde a decir sus versiones con desaseo y poco apego a la realidad, porque eso sí, él sin duda alguna está seguro donde se encuentre.
Se solicita maestro de Derecho para Raymundo Romero
El secretario general del cacicazgo local, al referirse a la resistencia que se da en la región de Creel del municipio de Bocoyna en contra del despojo de los intereses de los rarámuris, incurre ni más ni menos que en xenofobia y habla de que existe un “activismo extranjero” que se da en contra de la apertura de un aeropuerto. Olvida el funcionario que los derechos humanos tienen un carácter universal y que valen lo mismo en Creel que en la Ciudad de México o en cualquiera otra parte del planeta. Pero no sólo eso, también habla con parcialidad porque, si a extranjeros vamos, habría que ver cómo se abren las puertas a la inversión extranjera (las mineras, por ejemplo), para no hablar de muchos otros inversionistas de fuera del país que quieren llegar al sector económico de los servicios y aún a la asistencia espiritual a las distintas confesiones religiosas en la persona de sacerdotes, ministros, pastores. Pero para ellos no hay advertencias, sólo para los que resisten y toman partido por los débiles, no de ahora sino de mucho tiempo atrás.
Y si bien es cierto que Romero, al blandir el artículo 33 de la Constitución federal, declara que no hay elementos para expulsar al extranjero o extranjeros, que puedo imaginar quiénes son pero no los menciono por razones obvias, es claro que subliminalmente, al sugerirse una investigación, lo que se buscaría es su expulsión por contravenir leyes mexicanas. Olvida el señor, o aparenta olvidarlo, que el artículo 33 que él invoca, en su redacción que arranca del año 2011, es muy claro al estipular que las personas extranjeras gozarán de los derechos humanos que reconoce la Constitución, precisamente por su universalidad. Pero por otro lado, ya la aplicación del artículo 33 no es el legendario que todos conocemos y proscribe la discrecionalidad al obligar a celebrar una previa audiencia a la expulsión del territorio nacional a personas extranjeras y con fundamento en la ley, no al capricho de nadie. Y por si no está informado, la ley secundaria de este precepto aún no ha sido emitida. En otras palabras, lo que Raymundo Romero hace es amenazar, como es la usanza ahora en Chihuahua. Además lo hace cobardemente, porque ni siquiera pone nombre y apellido para que mínimamente tenga posibilidad de defenderse el destinatario o destinatarios de sus amagos. Quizá la voz ronca y de locutor de Trevizo hizo falta.
Lo que hace la vanidad
Si las señoras de los funcionarios exhiben sus vestidos de novia en los mejores museos de la entidad, si el cacique mayor ha distribuido miles de retratos con su puñito sobre el escritorio, es lógico pensar que nadie quiere quedar fuera de esta práctica, para su mayor lustre y vida social. Así, apenas ayer, los que han ocupado el cargo de jefes del Registro Civil, abrieron su propia galería con sus respectivas fotos dando cuenta de sus rostros. Y es así como vemos, entre otros, a Fernando Mendoza, anterior pastor del PRI en el Congreso local y hoy secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, develando su propia carita. Parafraseando a aquel cínico Talleyrand que algún día dijo “más que un crimen es una estupidez”, aquí podemos decir que más que un acto de vanidad es otra estupidez.