Hoy, alrededor de 130 empresarios felicitan a María Eugenia Campos Galván por el resultado electoral que le favoreció para encabezar al PAN en el proceso electoral que viene. Sin duda están en su derecho de expresar lo que piensan, sus simpatías y preferencias políticas. Llaman a “cerrar filas”, aunque no dicen ni dan mayores fundamentos que los que están implícitos en la defensa de sus intereses. 

Por decirlo suavemente, se alinean, expresan su fuerza y no se paran a mayores reflexiones. Pareciera que la roña de la política no tiene solución en Chihuahua. 

Cuando lo correcto y justo es que se exigiera que la investigación penal fuese exhaustiva y desembocara en el puerto que el derecho dispone, esos firmantes de un desplegado quieren que se olviden los cargos, que el asunto quede en nada y que transitemos bajo la sospecha permanente de que una cómplice de César Duarte, que se benefició de sus canonjías, recorra el voto para el PAN.

En otras palabras, apuestan antes por sus intereses que por la plena vigencia del derecho. Y eso no augura nada plausible.

Si fuese cierto que César Duarte estaría aquí extraditado en pleno proceso electoral, a mi juicio es algo impredecible aún, y las complicaciones para la virtual candidata del PAN serían mayúsculas; iría de escándalo en escándalo, no obstante que de los aparatos de justicia podemos esperar poco, no así de la convicción que se irá sedimentando de que Campos Galván incurrió en faltas éticas y jurídicas que la ubican en el lado de la ancestral corrupción. 

Es de lamentar que ese racimo de empresarios que publican páginas completas en los periódicos sean partidarios del derecho cuando les conviene y enemigos del mismo cuando choca con sus intereses. 

En pleno fragor de la lucha contra el duartismo, recuerdo que dirigí una carta publicada en el libro “Ciudadanos y Rebeldes” al líder empresarial Federico Terrazas Torres, expresándole estas preocupaciones y muy puntualmente que si los empresarios quieren una competencia leal entre ellos, sin diezmos, sin favoritismos, con una administración pública neutral, deben apostar por la plena vigencia del derecho. Eso hoy brilla por su ausencia. 

No tengo menos que recordar que la exigencia de separar los negocios públicos de los privados está más vigente hoy más que nunca, aunque en la estrechez de miras sólo añoren una paz cuya garantía es la supervivencia de la corrupción.