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Consulta de AMLO: la Suprema Corte a prueba

Al rubro se lee: “Revisión de la constitucionalidad de la materia de consulta popular 1/2020”. Se describe al peticionario: presidente de la república. 43 páginas después un resolutivo que dicta: “Único. Es inconstitucional la materia de consulta popular a que este expediente se refiere”. Se trata de la ponencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales. 

A partir de esa propuesta, en unos días más el Pleno del máximo tribunal de la república fallará si mediante una consulta se inician procedimientos para enjuiciar penalmente a varios expresidentes de la república. Estamos en espera de un fallo crucial, no nada más para lo que resta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino para el futuro político del país en tan delicado tema.

No me queda duda de que todos los expresidentes están en falta y bañados en la impunidad, y aunque se recuerda nada más a los últimos, jamás olvidaré que Luis Echeverría Álvarez goza de una libertad absoluta a pesar de sus desmanes y crímenes, primero como secretario de Gobernación durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que ordenó la matanza del 2 de octubre de 1968, y ya como presidente en funciones, todo lo que concierne al Jueves de Corpus del 10 de junio de 1971 y su actuación durante la Guerra Sucia exterminatoria contra los movimientos guerrilleros en el país. 

Soy partidario del enjuiciamiento, y lo digo porque hay un ambiente siniestro que confunde criticar la consulta pública con la defensa de los autoritarios del PRI, y los corruptos del PRI y el PAN. 

El presidente de la república y el fiscal general, que goza de autonomía, están absolutamente legitimados para proceder de inmediato ante la presencia de las conductas ilícitas que puedan encontrar en la actuación de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari. Esa legitimación la tiene el primero con una elección tumultuaria a su favor, y el fiscal porque su nombramiento se hizo con apego a la Constitución y por primera vez con características que pensaríamos lo ponen distante de la ancestral dependencia de los procuradores generales sumisos a los designios del Ejecutivo.

Quiero subrayar únicamente que no es necesaria la consulta, que ya se puede proceder de inmediato, y que además entraña grandes riesgos, en primer lugar para el mandato de López Obrador, que perdería gobernabilidad en una etapa que de manera natural su presencia personal en el poder empezará a declinar, más si no refrenda la mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Hay que hacerse cargo de que los expresidentes, con todo lo que representan, más agavillados, no están mancos y pelearían con enormes fuerzas generando el fenómeno apuntado. 

En un régimen de facultades expresas y limitadas, la conducta de los gobernantes se convierten en deberes y el cumplimiento de la ley no puede estar a merced de consultas, menos del tipo de las que se han hecho para tomar decisiones fundamentales. 

En otras palabras, López Obrador, si así lo decide, sustenta y prueba, ya puede empezar la lucha que ve histórica contra la corrupción política, sin mayor dilación, y menos con la pretensión de traslapar un proceso electoral como el de 2021 con una causa de esa dimensión.

Al leer el proyecto del ministro Aguilar Morales, quedamos más que suficientemente convencidos de que se debe aprobar por unanimidad; sin embargo, habrá que esperar la sesión de la Corte, la deliberación y los votos, porque nunca como en este este se ponen en juego las esencias constitucionales que definen la división de poderes, y en esta ocasión el delicado papel que jugará el máximo tribunal del país. Su independencia está en juego y esperamos que salga indemne para bien de toda la república. No valen los puntos de vista del presidente cuando llama a los ministros a no dejarse presionar, a optar por la justicia en lugar del derecho, porque esta frase y en este caso es simple retórica.

Frecuentemente los estudios de derecho constitucional mexicanos dedican muchos capítulos a examinar al poder Ejecutivo de la Unión. Y no es para menos. Pero olvidan que los primeros mexicanos, cuando se tomó el modelo norteamericano para la construcción de nuestro Estado, se visualizó como esencial al Poder Judicial como un órgano fundamental en todo el entramado institucional. En el Congreso Constituyente de 1856-57 está presente la Constitución norteamericana y su análisis, clásico, por Alexis de Tocqueville, y su obra La democracia en América, en este asunto que abordo: la construcción de un Poder Judicial de la Federación. 

Francisco Zarco nos da cuenta en su Historia del Congreso Extraordinario Constituyente de la lectura que hizo don Ponciano Arriaga del dictamen de Constitución, del cual entresaco lo siguiente: “La fuerza moral de que están dotados los tribunales hace escasear muchísimo el empleo de la fuerza material, sustituyéndose a ella en los más de los casos, y, cuando es preciso por fin esta última en prenda, duplicar su poder al arrimo de la otra (…). Un gobierno federal debe apetecer más que otro el conseguir el apoyo de la justicia, porque de suyo es más endeble y se pueden con más facilidad organizar contra él resistencias”. 

Si López Obrador dice que es liberal de pura cepa, deberá entender la lección que ofrece don Ponciano Arriaga, y no se verá endeble su gobierno si con altura de miras acepta un fallo adverso a su petición por parte de la Suprema Corte. La razón es sencilla, por la fortaleza de los argumentos que ya se esgrimen en la ponencia del ministro Aguilar Morales. Cualquier fallo autorizando la consulta nos sonaría a muchísimos como el último paso hacia un gobierno unipersonal y a la desaparición del Estado de derecho ante la claudicación del máximo tribunal del país. Viviríamos con un ejemplo real de lo que fue la República Restaurada que dice López Obrador admirar fervientemente.

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