Una pugna intrapartidaria como la que existe en el PAN y que protagonizan, por una parte Javier Corral Jurado y por la otra la señorita María Eugenia Campos Galván, no se puede enclaustrar en las gruesas paredes de cantera y mampostería del Palacio de Gobierno. En otras palabras, no es asunto privado entre dos actores de relevancia del partido hoy en el poder, aunque decir esto es mucho.

Me consta de primera mano que el conflicto no es de ahora, está largamente larvado en diferencias partidarias irreconciliables y, a mi juicio, sí afectan a la alcaldesa por estar involucrada política y económicamente en hechos de corrupción con la tiranía duartista. 

Pero esto a lo más llega a una opinión sólidamente cimentada en información y en la misma se involucra un disenso profundo con su proyecto político de ultraderecha. He escrito y publicado que en el arte de hacer política, si así se puede llamar, Campos Galván le da el quince y las malas al gobernador, que cree que dicho arte se reduce a decir y autocreer que es un excelente orador. La oratoria juega un papel cada vez menor preponderante en las actividades políticas actuales; no es el juicio de Corral, pero ahora sí que a cada quien sus gustos y vanidades lo pueden engordar. 

Hasta aquí nada que no se haya dicho y, hasta cierto punto, de calidad poco relevante. Lo importante es que él lanzó una acusación e hizo imputaciones muy graves que implican conductas antijurídicas; con ello quiero decir delitos que están en el ojo público como altamente detestables. Cierto que en la fachada tenemos una fiscalía con rasgos formales de autonomía, aunque en la realidad se sabe que en Chihuahua César Augusto Peniche Espejel es un fiel obediente del Ejecutivo estatal, razón más que de peso para que el asunto trascienda de las simples cámaras del Palacio de Gobierno. En otras palabras, el caso debe llegar a los tribunales, se debe concluir la averiguación y consignarse con la modalidades que previene la ley. No hacerlo así nos diría a todos que se está imponiendo la razón de partido, mil veces más detestable que la conocida razón de Estado. 

Corral se autocolocó en el dilema, ahora está obligado a resolverlo de conformidad con la ley. Él hizo imputaciones, es el Ministerio Público y debe acusar; si no lo hace, se confirmará que es un mentiroso redomado. Si atendiendo el reclamo público que le hace la alcaldesa prácticamente de decretar el no ejercicio de acción penal alguna, quedará manchada para el futuro, cualquiera que este sea. 

Estos actores panistas enredaron la pita, ahora nos deben una explicación plausible y no hay de otra: conforme a la ley y al Estado de derecho, que el asunto María Eugenia Campos Galván llegue a los tribunales del orden penal y sean estos quienes con transparencia y en audiencias públicas digan la última palabra. 

Lo he dicho y lo confirmo ahora: la lucha contra la corrupción es una lucha política y una apuesta por el derecho. No el recurso de la politiquería, el partidarismo a ultranza y la facciosidad para articular, en términos del juego de billar, movimientos de tres o más bandas, en los que frecuentemente lo que se evade es el interés de la sociedad, el interés público. 

Que Corral y Campos Galván hablen claro: no es un asunto palaciego, sino de la sociedad completa.