La Constitución actual de Chihuahua cumple en estos días setenta años. Sus artífices abrieron el abanico para que la gente cargada de años pudiera participar aspirando a la gubernatura, cuya puerta de acceso estaba con otros mecanismos clausurada, como es obvio suponer. Quiero decir que cuando las expectativas de vida no superaban los 40 y 50 años, aquí se fijó un requisito máximo de 70. Generosa la disposición histórica. Ahora ha pasado en comisiones, con dictamen favorable, que ese límite de 70 años es discriminatorio y que no se puede bloquear a los mayores de siete décadas la posibilidad de postularse. Bien por la reforma porque hay muchísimos hombres y mujeres que no verán limitados sus derechos, al menos teóricamente. 

Pero ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. La regla chihuahuense, aún vigente, se supone que por unos días, andaba de la greña con la Constitución General de la República que proscribe la discriminación por razones de edad, de tal manera que bastaría un simple amparo para desechar esa taxativa.

Digo esto porque se está utilizando esa futura modificación, que insisto bienvenida, para ponerle un poco de politiquería al problema sucesorio. Por eso no es correcto festinar como la gran cosa la reforma que abre, al menos, la posibilidad de ahorrarse un medio de impugnación con el cual de un garnuchazo se caería el requisito que aquí comento.