Como estamos enterados, al inicio del gobierno de Javier Corral se intervinieron propiedades, muebles e inmuebles producto de la corrupción de la tiranía del sexenio pasado. Estos bienes de César Duarte están bajo aseguramiento ministerial y/o embargo precautorio, es decir, son y siguen siendo de su propiedad de manera formal y jurídica. El aseguramiento y/o embargo precautorio únicamente es de resguardo, para preservar la prueba, que no se desaparezcan y/o para garantizar al final del juicio la reparación del daño. Pero siguen siendo propiedad del exgobernador y deben custodiarse para su eventual regreso al patrimonio público, pues son producto del latrocinio del corrupto.  

El asegurador, en este caso la Fiscalía de César Peniche, se convierte únicamente en depositario cuidador y responsable de la preservación y continuidad de los bienes y al final deben reponerse por los mismos a tal y como los recibió, más los frutos que se hayan producido en todos los años que estuvieron bajo su custodia.

Pero no está sucediendo así, según un desplegado que publicó Héctor Hugo Pérez Robles, encargado civil de esa custodia e implorante de una audiencia con Javier Corral que se le ha negado –y se le negará– y que tiene por objeto explicar el estado patrimonial de estos bienes. 

Hay una lamentable noticia que nos confirma que no únicamente se ha fracasado en la detención de César Duarte, sino que además ya se le deberá una millonada por el deterioro de sus bienes y frutos de los mismos en caso de que quede absuelto. Al parecer en este gobierno se fue por lana y se regresó trasquilado. 

Pero también habrá que esperar que se cumpla con la  obligación de rendición de cuentas, que es obligatoria para el pueblo de Chihuahua en caso de sentencia condenatoria contra Duarte.

Esto es muy serio ya que jurídicamente se le ha construido a César Duarte un derecho subjetivo a su favor que lo legitima para que en el futuro pueda ejercerlo en contra del Estado hasta reclamar el pago de sumas millonarias a su favor por los daños a sus bienes y frutos de los mismos.

Sin duda que César Duarte es un pillo, al igual que Jaime Ramón Herrera Corral, que deseo que restituya todo lo robado, y que si eso está en aseguramiento se preserve porque puede llegar a convertirse en riqueza para todos los chihuahuenses, pero la incuria del gobierno es tal que parece que esos bienes se están destruyendo.

En todo esto juega un nefasto y tenebroso papel el engreído Eduardo Fernández Herrera, un protegido de Corral, simplemente porque presume de pedigrí. Pero de que hace daño, hace daño a Chihuahua. Habrá que estar a la resultas de este nuevo escándalo.