A César lo del césar, y a-diós a la justicia

Franz Kafka, que escribió jurisprudencia “premasticada por mil bocas”, no cabría en su asombro si pudiera ver el volumen de papel que se ha empleado para encauzar penalmente la corrupción de César Duarte. Estoy hablando de un expediente múltiple que puede alcanzar varios millones de fojas de papel bond.

Es el laberinto en el que se pierde la justicia mexicana cuando se trata de procesar penalmente a un funcionario de alto nivel por corrupción política. Son causas que al final pueden quedar sepultadas por el peso de la ley de la gravedad que significan pilas y pilas de documentos, buena parte de ellos que ni siquiera tienen pertinencia o conexión con el debate judicial. 

No es que el problema sea muy complejo desde el punto de vista técnico y jurídico, ni que se haya litigado alcanzando rangos de sapiencia kelseniana. No. Se trata de que las castas de políticos que han gobernado a este país son intocables, y cuando se ven envueltos en la contienda en los juzgados recurren a argumentos nulos, pero que hacen bulto con documentos que nada tienen que ver con la sencillez con la que se puede demostrar que un funcionario dispuso, por todos los medios que la ley castiga, de fondos públicos que pertenecen a la sociedad por las contribuciones que pagan los causantes.

Que César Duarte ha sufrido más de lo que pensó, tampoco me queda duda. Pero reconfortaría más que hubiera una sentencia firme que marcara un hito en la lucha contra la proverbial corrupción que ha padecido el país a través de los años, particularmente el estado de Chihuahua en este caso, al que se ordeñó financieramente con desmesura y cinismo bajo la protección de una tiranía que en su momento se consideró imbatible.

Ahora, de nuevo, es noticia César Duarte, porque su causa penal la atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a solicitud de sus abogados defensores. El debate judicial que habrá en la Corte (cuando digo “debate” otorgo un elogio involuntario) versará sobre el tan traído y llevado “principio de especialidad”, que estipula el tratado de extradición que México tiene con los Estados Unidos y que, en palabras sencillas, significa que sólo por el delito que fue extraditado se le puede juzgar en tribunales mexicanos, a menos de que el juez norteamericano que dictó la extradición autorice una ampliación.

Si ese fuera el colofón del asunto, tendríamos que el tirano estaría más que favorecido, porque la cuantía del ilícito es irrisoria si la comparamos con el daño patrimonial que le causó a Chihuahua. Es decir, se trataría de un parto de los montes: mucho ruido telúrico, pero sólo un ratoncito saliendo de las entrañas de la tierra, dado que el asunto se limitaría a poco menos de 100 millones de pesos, que en lo económico son nada para él.

Sin embargo, en la valoración del daño causado tiene envenenada a la política, porque los actores involucrados o son los que actualmente detentan el poder en Chihuahua, cómplices y producto de la corrupción duartista, o son traidores, como el senador Javier Corral, compadre de Cruz Pérez Cuéllar, quien aspira (parece que con los dados cargados en su favor) para buscar la candidatura de MORENA al gobierno local.

Sería una tragedia y gran desaliento ciudadano que el escándalo Duarte naufragara en las olas electorales de Chihuahua. Habrá que esperar y ver el alcance de todo este proceso.

Pero no está de más recordar algunos aspectos para normar un criterio de valoración de lo que sucede en este sonado caso. En primerísimo lugar, el desdén gubernamental por la iniciativa ciudadana de lucha anticorrupción, que con mérito propio y bien ganado inició y mantiene hasta ahora. La denuncia original de septiembre de 2014 se interpuso ante la Procuraduría General de la República y en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a contracorriente, porque en ese momento gobernaba el país Enrique Peña Nieto y el gobierno del estado lo detentaba el propio acusado.

De ahí no esperábamos nada. Pero llegaron los tiempos de Corral y él abandonó el esfuerzo cívico con el más puro propósito de llevar agua a su molino, traicionando y desdeñando la batalla ciudadana. Igual sucedió con el gobierno de López Obrador, que incluso en algún momento llegó a litigar en favor de César Duarte. 

Quienes conforman la clase política se autoconciben como miembros de un club privado en el que sólo ellos pueden dirimir las pugnas que se generan por hechos de corrupción, pues esta es tan importante que no puede quedar en manos de los ciudadanos. Vaya un ejemplo: el fiscal encargado de la Operación Justicia Para Chihuahua que inició Corral como gobernador, Francisco González Arredondo, me negó el acceso al expediente, pasando por alto que fui el denunciante que abrió la investigación y que a la postre contribuyó a derrocar a Duarte.

Igual actitud asumió el entonces Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, (hoy candidato del PAN a la alcaldía de Chihuahua) a quien por escrito y verbalmente, en varias ocasiones, le pedimos el expediente en su poder, pero con malas artes, mentiras y evasivas eludió la elemental apertura de la investigación, debido a los intereses que construyó durante mucho tiempo con el acusado.

Lo que en otros países del mundo, incluso más atrasados que México, concluye con sentencias firmes y en plazos cortos, aquí se convierte en volúmenes de papel que, comparativamente, harían palidecer a cualquiera de las grandes pirámides de Egipto. 

Por eso digo que si Kafka se hubiera enterado de esto, hubiera reescrito El proceso o El castillo, por no hablar de la metamorfosis que padecen algunos que se quieren perpetuar en el poder aquí en Chihuahua.