Partidos políticos o feudos particulares

Cuando se intentó la reforma política de Jesús Reyes Heroles, se decretó en la Constitución que los partidos políticos fueran entes o instituciones de orden público. En su tiempo se consideró que esa era una pieza jurídica importante porque se privilegiaban los intereses generales de la sociedad antes que de las cúpulas y caciquismos que han existido en los partidos y que aún prevalecen.

Si ese fuera un punto de referencia para valorar cómo actúan los partidos políticos en el estado de Chihuahua (el patrón es nacional), tendríamos que afirmar que la normatividad que se aprobó a fines de la década de los setenta no tiene aplicación y que, por ende, los partidos son una especie de feudo donde mandan unos cuantos y los demás están limitados a la obediencia.

No quiere decir esto que en otros aspectos el carácter de lo público no impere. Pero hoy por hoy lo que se ve son cuatro aspectos, difícilmente desmentibles.

En primer lugar el prácticamente nulo respeto de los partidos por la legalidad vigente en materia de precampañas y campañas. No obstante que hay suficiencia legal, los institutos electorales y los órganos jurisdiccionales de la materia guardan silencio y se muestran abiertamente cobardes frente al poder. No quieren entender que quien viola una ley sistemática hoy, la va a violar mañana, pero ya desde el poder.

En segundo lugar, los partidos ya no son entidades en los que los congresos y las convenciones discutan, debatan y acuerden programas y líneas políticas. Más parecen instrumentos de quienes los controlan para sus propios fines. En este marco, la vieja idea de que los partidos, por colocarse en la antesala del poder tienen proyectos, se ha desvirtuado totalmente.

De igual manera los afiliados a un partido en realidad no tienen derechos de militancia ni a designar a sus propios candidatos, en un cara a cara entre los adherentes que han claudicado ante la idea de la realización de encuestas, muchas de las cuales son falsas o simplemente inductoras del “escogido” por la cúpula.

O sea, que el partido es una especie de franquicia que puede existir para contratar empresas encuestadoras y decidir sus candidaturas, no obstante que el “ganador” lejos esté de representar a quienes previamente se han asociado para impulsar un proyecto de competencia electoral por el poder.

Que esto es así, lo dice la moda imperante de designar “coordinadores” (en realidad candidatos) que una vez alcanzado ese rango hacen al partido a un lado y se levantan con el poder que de hecho debiera corresponder al partido, a su colectivo.

Esto lo está haciendo el PAN, el PRI y MORENA, de tal manera que eufemísticamente a los candidatos ya se les da el nombre con el que se pueden sobreponer al partido (y a las leyes e instituciones electorales), relegando al propio partido y, no se diga, a los ciudadanos adherentes.

Esto explica que fuera de la instancia partidaria de orden público, MORENA esté a un paso de nombrar “coordinador” a Cruz Pérez Cuéllar, como el PAN ya designó en esa calidad a Marco Bonilla.

En otras palabras, los partidos políticos naufragaron y se han convertido en entes de interés privado, propiedad de unos cuantos, que lejos de presentarle proyectos a la sociedad, como se supondría, se convierten en lavadoras de dinero y de compromisos bochornosos con las élites económicas.

En el caso de Pérez Cuéllar, MORENA está a un paso de nombrarlo como su candidato –dejémonos de apariencias– y el PAN a un gerente de los negocios de una buena parte de la oligarquía local, en particular la que tiene pedigrí (o sea, Terrazas).

Cuando se soslaya lo público, pierden los ciudadanos.