A seis meses de la tragedia, conocida como Aeroshow –9 muertos, 58 lesionados–, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 12/2014, dirigida a César Duarte en su calidad de gobernador del estado, y a la par a los integrantes de la actual legislatura del Congreso del estado y del ayuntamiento de Chihuahua. No deja fuera a nadie de sus valiosas indicaciones, contenidas en veintitrés páginas densamente escritas y calzadas con la firma del presidente, Dr. Raúl Plascencia Villanueva. Correrá bastante tinta sobre esta intervención de la CNDH. Adelanto un aspecto, quizá marginal sólo en apariencia: al gobierno del estado se le tuvo que leer la cartilla y marcarle rigurosamente lo que ha de hacer (todo un itinerario) y que debió haber hecho y no hizo por facciosidad partidaria, por una parte; por otra, el ridículo sitio a que se redujo la Comisión Estatal de Derechos Humanos por no comportarse con la prestancia de un órgano genuinamente autónomo e independiente del poder estatal.

Es pertinente subrayar de inicio algo que se sabe pero que hay que tener presente: las recomendaciones de la CNDH no tienen en sí mismas un carácter vinculatorio del que deriva una obligada relación, como sucede, por poner un ejemplo, en cualquier litigio que se inicia con el ejercicio de una acción, con su demanda, en contra de otro que, establecida la controversia, supedita a las partes a los resultados de una sentencia definitiva. Es plausible que principalmente el Ejecutivo del estado haya aceptado formalmente lo que se le recomienda; lo que resta es que se cumpla a cabalidad y que la propia Comisión se convierta en un celoso órgano que dé seguimiento escrupuloso a lo que ella misma dispuso y el gobierno aceptó. No hablo ni del Congreso ni del ayuntamiento, porque es previsible que también aceptarán, toda vez su carácter dependiente, absolutamente dependiente, de los dictados del Ejecutivo. De tal manera que es indispensable que todos sepamos los componentes de la recomendación, precisamente para que a manera de observatorio ciudadano, sepamos su cumplimiento o las evasivas que puedan sobrevenir.

Hay voces interesadas en denostar a la CNDH, señalando que no respetaron la garantía de audiencia de los funcionarios de la anterior administración municipal. Esto es falso. En su momento la tendrán y llegado el caso gozarán de todas las garantías que acrecentan, de paso, su peso político, entre otros factores, para ser oídos en juicio. También hay quienes dicen que es una recomendación con los dados cargados, aducen que con un gran volumen de trabajo se le haya dado trato preferencial al trágico suceso de Aeroshow. Aquí habría que tener en cuenta primordialmente que la resolución está dictada al amparo riguroso de lo que dispone la Constitución General de la República y todas las leyes reglamentarias a que está sujeto el órgano autónomo. Eso es lo principal, y si a recomendaciones vamos, todos desearíamos la misma celeridad en la resolución de los problemas en trámite. La política, cuando llegue, será sometida a escrutinio por la limpieza ética con la que se haga y la misma deviene de hacerse cargo de un suceso en el que se perdieron vidas y se lesionó la integridad y la seguridad personal de más de medio centenar de personas. Con esto simple y llanamente no se juega.

Las recomendaciones están contenidas en espacios separados a las tres instancias de poder involucradas. A César Duarte se le dice que gire instrucciones a su fiscal general para que considere la pertinencia de vincular a proceso a la totalidad de los servidores públicos involucrados en los hechos –por acción u omisión– y que incurrieron en irregularidades, las más graves constitutivas de delito. Esto significa que desde el funcionario más alto al más bajo inodado, se les ha de sentar en el banquillo de los acusados. Y si bien la resolución es escrupulosa al no dar los nombres ni de los cargos ni de las personas, sino que se remite a ellas con claves, es deducible que el primero que deberá ser sometido a la indagatoria y eventualmente vinculado a proceso es Marco Adán Quezada Martínez, por acciones y omisiones muy claramente reseñadas en el cuerpo de la recomendación y que van desde el indebido manejo de recursos públicos hasta el desacato a reglamentos municipales, así como la omisión grave por no coordinarse con Protección Civil estatal en un evento que hacía indispensable todo esto, la inobservancia de la cultura de la legalidad, el desvío de poder, el desacato a la Ley de Adquisiciones, entre otras.

Además, reforzando lo anterior, la recomendación da cuenta de dos peritajes, uno levantado aquí que es muy elocuente, pues habla de que las personas asistentes al espectáculo prácticamente estaban en la pista. Pero la CNDH elaboró otro que no tiene desperdicio: “Respecto al área en la que se llevó a cabo el espectáculo, se observa que al momento del evento no existieron medidas de seguridad adecuadas; asimismo, destacó que hubo ausencia de zonas de amortiguación de saltos; las personas se encontraban próximas a la pista; las rampas eran inadecuadas para este tipo de acrobacias que consistían en despegue y aterrizaje; no se colocaron guardas adecuadas de protección frente a las gradas; no se señalizó el área de ‘staff’ como área de acceso restringido; no se colocaron señalamientos y en las áreas laterales de las gradas del público no existieron medidas de seguridad para evitar la aglomeración de gente”.

Quezada Martínez ha declarado que cree en el Derecho, pero más allá de esto, el Derecho se debe aplicar y a él mismo le conviene finalmente que todo se esclarezca a fondo. La recomendación de los valientes es: a lo hecho pecho. La aceptación misma de Duarte al documento de la CNDH no da lugar para otorgarle un sitial distinto a los funcionarios menores que lo acompañaron, pero habremos de ver hasta dónde llega la voluntad estatal y ojalá el cumplimiento sea riguroso. No dejo de subrayar que la CNDH, aparte de requerir los informes del cumplimiento a sus dictados, advierte que presentará denuncia de hechos, lo que hace previsible que al exalcalde le toquen las consecuencias. No hacerlo así sería tanto como reconocer que hay privilegiados e intocables, y tal explicación provendría del prominente papel que ha jugado Quezada Martínez en la vida política regional, en el poderoso grupo local del clan de los Baeza, donde el exalcalde jugaba, hasta ahora, una posición importante hacia la candidatura gubernamental en 2016. Dependiendo de lo que pase, habrá una lección: gobernar ha dejado de ser la fiesta y el día de campo que se estiló en el pasado.

Al Congreso del Estado le indican dos cosas muy claras: que se dedique a legislar para que se instauren los procedimientos que correspondan contra los servidores públicos que participaron en los hechos y en particular todo lo relativo al manejo de recursos públicos, auditables y fiscalizables, pues se da el caso de que se violentó lo relativo a la licitación y se actuó con gran desorden administrativo, que a mi juicio es corrupción política para favorecer a la familia priísta. La Auditoría Superior del Estado indirectamente tiene una carga que le deviene de la recomendación: esclarecer el cómo y el por qué salieron 17 millones de las arcas municipales, de los que se beneficiaron, entre otros, los empresarios priístas Jorge Luis Cuesta Manjarrez y Mario Gerardo Dueñes Barrios. Sería grotesco, cuando se escriba el colofón de esta historia, que ellos disfruten, en la impunidad, de una riqueza malhabida.

A los actuales integrantes del ayuntamiento que preside Javier Garfio se les llama a que reparen los daños ocasionados a las víctimas en todo lo que corresponda, que emitan una disculpa pública, que creen los lineamientos que regulen eventos de riesgo, que capaciten a los bomberos y a la propia Unidad de Protección Civil para que estén a la altura que la seguridad de la gente requiere en todo momento en eventos como el involucrado en la tragedia y que colaboren a una efectiva rendición de cuentas de los recursos gastados durante la preparación del evento Aeroshow.

Si tuviéramos que caracterizar de alguna manera lo que la CNDH ha dispuesto, tendríamos que llegar a la conclusión que ha dicho lo que hay que hacer paso a paso. No es que los de aquí no lo supieran, es que simplemente fueron calculadores, apostándole a la curva del olvido y al ajuste interno –en familia– de cuentas y que en el futuro todos quedaran condenados a decir, como en las mafias: nadie sabe, nadie supo. La impunidad, pues. Bien por la CNDH. Estaremos pendientes del cumplimiento de su resolución aceptada por sus destinatarios y, por tanto, cumplible escrupulosamente en sus términos.