En la historia y la teoría política se ha esclarecido la contradicción entre democracia y corporativismo, sobre todo cuando se reivindica la visión individualista del ciudadano. Aquí en nuestro país hemos vivido una transición política favorable a los esquemas democráticos y se ha experimentado incluso la alternancia en la Presidencia de la república, con dos gobiernos sucesivos del PAN y el regreso en 2012 del PRI en la persona de Enrique Peña Nieto.

En Chihuahua se acaba de inaugurar un gobierno de alternancia; el primero fue el de Francisco Barrio que inició en 1992 y a la que sobrevino una restauración priísta de dieciocho años que acaba de fenecer, producto del repudio a una tiranía y de la insurgencia ciudadana del 5 de junio pasado. Pero alternancias van y alternancias vienen, ya en lo local, ya en lo nacional, y el corporativismo que pesa como una losa sobre los asalariados, los obreros, lo que hasta hace unos lustros se llamaba el proletariado, permanece prácticamente intocado, aunque a decir verdad ya no es lo que fue en cuanto a su peso específico en las relaciones con el poder.

En otras palabras, la CTM y los herederos de Fidel Velázquez están minados, pero de ninguna manera muertos. Es más, su debilitamiento ha traído por consecuencia el adelgazamiento de la libertad y la autonomía sindicales, por tanto arroja como saldo la resta que significa renunciar a los instrumentos del acuerpamiento colectivo a través de sindicatos, el empleo de la huelga para buscar el equilibrio entre los factores de la producción (capital y trabajo), y no se diga el abandono en el que se encuentra la contratación colectiva y su golpeada bilateralidad. De la justicia, hablo de la que se expende precariamente a través de las juntas de Conciliación y Arbitraje, ni qué hablar; se trata de instituciones que juegan un rol contrario a los intereses de los trabajadores que viven en el régimen asalariado.

Los vientos democráticos han soplado fuerte sobre el país, pero no han logrado que la cultura democrática llegue a las organizaciones de los trabajadores, y ha sido de esa manera porque no hemos tenido una reforma laboral para la transición que es indispensable, visto esto desde la izquierda política, para dar paso a un nuevo pacto social, incluyente, en materia de reparto de la riqueza. Tanto el PRI como el PAN donde han sido gobierno han mantenido en el mismo estatus a las corporaciones y ello ha servido a una visión neoliberal y empresarial en la que el mundo del trabajo es despreciado y está aplastado. Como cualquiera que observa las cosas, aun superficialmente se puede dar cuenta.

Para que haya democracia en el país, y sobre todo para que se consolide, las grandes centrales obreras, en muy buena medida sucursales del PRI, deben romper las ataduras que las han convertido en verdaderas cárceles sociales que impiden el despliegue de la propia fuerza para la conquista de reformas que traigan un nuevo aliento para el desarrollo de sectores precarizados de la sociedad. El salario de miseria, la falta de justicia laboral, el abandono de la seguridad social y la dependencia política, que se denominaba “charrismo”, son sellos distintivos que han lastrado la emergencia de una nueva clase obrera actuante y afluente de un nuevo esquema democrático, y no se diga de una real lucha por la equidad social.

En su discurso inaugural como gobernador del estado, Javier Corral Jurado tocó el tema. Les dijo a los empresarios, y lo cito literalmente, que “(…) muy por el contrario, el cuidado y el desarrollo de los más desventajados, es el mejor servicio que un gobierno pueda prestar a la inversión privada. La equidad social pronto se convierte en paz social, y sólo en un clima de paz, es donde sus empresas pueden prosperar con más creces. Por eso los convoco a un gran acuerdo para incrementar el salario de los trabajadores”. Soslayó llamar la atención de manera directa y enfática a los trabajadores para que pongan en acción sus propios derechos establecidos en la Constitución y en lo que queda de la Ley Federal del Trabajo. O sea, que se asuman como ciudadanía.

Si los trabajadores aún no tienen el estatus de ciudadanos para reivindicar sus derechos, lógico es pensar que el mejor aliento que pudieron recibir fue el decirles que son libres, que tienen derecho a agruparse como sindicatos con independencia del poder y del capital, que pueden emplear la contratación colectiva para, en cada caso correspondiente a cada empresa, establecer el equilibrio que las condiciones económicas permitan, todo ello pactado de manera bilateral, y que además tienen el recurso de la huelga para emplazar al empresario en la búsqueda y reforzamiento de sus programas reivindicativos. Es verdaderamente grotesco, y por su injusticia escalofriante, que hoy los conflictos del trabajo con el capital se diriman en concursos mercantiles en los que los débiles trabajadores tienen que competir con los bancos y las corporaciones económicas trasnacionales, a contrapelo del espíritu del Constituyente de 1917 en esta materia.

El concepto de ciudadanía es mucho más amplio que el electoral y lleva implícito el sentido de libertad para bregar por las reivindicaciones que son propias, de ahí que el llamamiento a los empresarios para que aumenten los salarios nos advierte de una apreciación ciertamente solidarista, pero por ello ajena a lo mejor que se ha encontrado como perspectiva del trabajo asalariado para alcanzar sus objetivos en materia de justicia social, porque como bien lo dijo Norberto Bobbio, y con esta cita concluyo este texto:“Sigo prefiriendo la severa justicia a la generosa solidaridad. La generosa solidaridad siempre ha existido, incluso cuando los mendigos abarrotaban los peldaños de las iglesias”. En otras palabras, a cada quien sus derechos, a cada quien lo suyo.