Entre los priístas existe una pugnacidad muy grande en cuya esencia está obtener la candidatura a gobernador del estado para el quinquenio que se iniciará a principios de octubre de 2016. Lo que trasciende es más que elocuente para tener por válida esta premisa, pero seguramente las patadas bajo la mesa están al por mayor. Nada que no hayamos visto en otros momentos, con la característica de que para los usos y prácticas del PRI, este es un proceso sucesorio fuera de controles y en medio de la más aguda crisis de confianza que haya padecido un gobierno en Chihuahua. La entidad es una tierra muy fértil para mandar de vacaciones al PRI durante el proceso electoral del año que entra, a condición, desde luego, de que los opositores le den consistencia a una insurgencia electoral para la que están dadas las condiciones.

La veta de análisis que se esboza no debe orillarnos a dejar de lado un fenómeno recurrente en el comportamiento de los priístas: el fraude a la ley en el que son expertos como pocos en el mundo entero. Su oficio es simular, con ropajes de artificio aparentar que se respeta la letra y el contenido de la ley y en la realidad hacer todo lo contrario. Claro que en todo esto hay niveles y talentos diversos, pues no olvidemos que simular es un acto de inteligencia, y cuando esta no está presente se agota; pongamos los ejemplos más elocuentes que tenemos en la coyuntura: una senadora Lilia Merodio que se afana por graduar de quinceañeras a una parte de su clientela; o un Héctor Murguía –aviador duartista que ocupa un cargo en el que no hace nada de nada, y que además ni siquiera está previsto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado– que repite frases trilladas y, para no desterrar el folclor en sus actividades, se automanda a la tiznada, creyendo que ejecuta un acto de genialidad política digna del cardenal Mazarino.

Igualmente detestable, pero con un poco de más ingenio, está Graciela Ortiz, que de pronto crea una fundación que se llama “Pensar Chihuahua”; pensar Chihuahua a la hora en la que se aspira a gobernarlo sin más respaldo ni trayectoria que una historia de complicidades con el autoritarismo corrupto de los últimos veinte años en Chihuahua. La senadora Ortiz incurre de manera inequívoca en eso que de antaño los juristas llaman el fraude a la ley, que consiste en aparentar superlativamente moverse en respeto al orden jurídico, pero transgredirlo precisamente en su corazón. La ley prohibe los actos anticipados de campaña, pero ella, “sin hacerla”, se dedica a fortalecer su presencia para alcanzar la candidatura, desdeñando su calidad de senadora, por una parte, pero, lo más grave, mostrándose de la greña con el derecho y la Constitución que algún día juró tener como el más alto principio de su quehacer de la representación que ostenta. Al fundar Pensar Chihuahua, que pasará a la nada, tanto si gana la candidatura, pero con mayor razón si la pierde, muestra alineamientos recientes de patricistas y baecistas ¡y duartistas!, como diciendo aquí se está cocinando una gobernadora.

No me detendré en su discurso porque lo estimo hipócrita y demagógico, especialmente transgresor de la ley con la que no se compromete con hechos. Sí en cambio quiero subrayar que vino acompañada del camaleónico Rubén Aguilar –no me refiero al capo del PT, sino al exvocero de Vicente Fox– un día aspirante a jesuita, otro a guerrillero salvadoreño, luego cardenista, luego aliado del PAN y ahora decantado en servidor de una aspirante del PRI a la gubernatura de Chihuahua. Rubén Aguilar vino a tierras norteñas a declamar máximas que no practica, pero también a mostrarse brillante como el oropel para apoyar un proyecto de poder que nada desmerecería del que han ejercido en estas tierras personajes de la ralea de Patricio Martínez, José Reyes Baeza o el cacique Duarte.

Si para llegar a las posiciones de poder hay que defraudar la ley, no se detengan, es lo que nos está diciendo esta candidata, y esa conducta sería el preludio de que si algo no importa para estos políticos, es eso que a partir de Humboldt, el pariente del que vino a México, llamó Estado de derecho. Así las cosas, las precandidaturas del PRI se mueven entre los valses de Viena de Lilia Merodio, las tiznaderas de Murguía y los fraudes a la ley de la que, dicho sea de paso, más que pensar Chihuahua, ya tuvo bastante escuela como para decirnos qué es lo que piensa, porque si las aclaraciones van a venir de Rubén Aguilar, de lo que quiso decir, ya estaremos dando un paso más atrás.

Del resto de los aspirantes me ocuparé en otro momento, resaltando la desmesura de Javier Garfio Pacheco, que piensa que por pagar a Forbes y subsidiar a Newsweek ya la tiene hecha. Y cuando digo subsidiar me refiero al pago con recursos públicos de una propaganda más que suntuaria y que por cierto sólo nos llega a los que queremos estar enterados de lo que pasa en este solar.

…y Marco Adán, aspirante a intocable

Que Marco Adán Quezada obtuvo una suspensión definitiva para que el Congreso del Estado no lo inhabilite, que eso se equipare a que tiene una vía regia para asumir la candidatura a gobernador en cualquiera de las vertientes y que la justicia es expedita tratándose de favores para dirimir conflictos entre la élite del poder, es dato contundente de que por encima de los agravios a la sociedad –el saldo completo del Aeroshow– pueden esperar. Pero las reglas del poder son las reglas del poder.

Esta columna sostiene ayer, hoy y en el futuro, que Marco Adán Quezada se puede quitar todos los obstáculos para asumir una eventual candidatura gubernamental; lo que no puede hacer es aparecer sin cierto arrebol en la cara, colocado en una situación de privilegio, que lance el mensaje a la sociedad de que la justicia va en dirección de convertirlo en un intocable más. Tengo para mí, contra lo que piensan algunos, que Marco Adán jamás romperá con el priísmo, vía una candidatura independiente o bajo las siglas de otro partido. Son demasiados los eslabones que lo atan a intereses de grupo y de facción. No quiero decir para nada que deseo equivocarme; a lo más, él significaría la continuidad del PRI que debemos bloquear para Chihuahua, si queremos un resurgimiento de la vida democrática, cuya ruptura ha sido evidente a lo largo de los últimos años.

Equiparar una suspensión provisional a abrir una vía regia a una candidatura, constituye un error en los términos que tiene su debido alcance y muy preciso. No se puede aspirar al voto para un cargo pequeño o grande, cuando se tienen deudas tan importantes que deben pasar, con todas sus consecuencias, por el tamiz de una sentencia que haga justicia en concreto y también resiliencia y eso que llaman los expertos justicia transicional, que da respuesta a agravios del pasado y prodiga una cura social.