Lo dice el influyente periódico The New York Times: Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, ha sido objeto de espionaje por parte del Ejército.
Se afirma en la investigación del rotativo norteamericano, que se emplea la tecnología del software Pegasus, que se supone fue adquirido desde tiempos de Felipe Calderón.
Si bien es cierto es la noticia del día, que luego seguramente será desvirtuada con una declaración mañanera de López Obrador, catalogando al periódico de “fifí”, es válido conjeturar, o tener la presunción, de que el Ejército se arroga esa facultad extraconstitucional, al grado de hacerlo al interior mismo de los integrantes del equipo gubernamental y en el sensible tema de los derechos humanos.
En la publicación de hoy se menciona a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y la intervención que ha tenido ahí no nada más el subsecretario Encinas, sino otras organizaciones y agencias interesadas en el esclarecimiento de crímenes y violaciones graves a los derechos humanos.
No es de extrañar que un ejército al que se le ha dado cabida creciente en todo, se vea en la tesitura de recurrir a este mecanismo ilegal, que pone en el centro a un funcionario de procedencia comunista y que además ha estado, en lo que cabe, en enfrentamiento con las fuerzas armadas, en relación a la información de la violencia del Estado en contra de opositores e insurgentes.
El caso es grave y se anexa como un ingrediente más de la explosiva situación que se vive en el país, a consecuencia de la polarización en la que está empeñado el presidente de la república, sobre el que recaerían las sospechas de autorizar ese espionaje, o, también grave, que los militares a los que le apuesta se lo pasen de largo.
Una pregunta ronda en el ambiente: después de esto, ¿continuará Encinas en el cargo?