Ni el gobierno federal, ni el estatal de Chihuahua, han encontrado la manera de evitar la destrucción de los bosques en el estado. Pensar que los municipios, con sus escasos recursos, puedan ejercer acciones preventivas, es una ingenuidad.
Se ha convertido la tala clandestina en un cáncer endémico que golpea básicamente a los legítimos poseedores de la tierra y el bosque, y además, en la fuente de frecuentes homicidios de los que encabezan la defensa del patrimonio, que con tantas dificultades se obtuvo durante la etapa de la Reforma agraria, que redistribuyó la propiedad territorial.
En este marco, es de reconocerse una nota de El Heraldo de Chihuahua del día de hoy, firmada por Vanessa Rivas, que hace un recuento de ese robo descarado que padece el nudo boscoso chihuahuense, sobre todo el inventario de las organizaciones y de las 22 personas asesinadas por abanderar el reclamo y defensa del bosque. En realidad son muchas más.
La destrucción y tala clandestina ha sido sistemática y se ha acrecentado en los últimos años por la presencia del crimen organizado, pero antes por la expoliación que practicaron empresas como Bosques de Chihuahua, de la familia Vallina, que nutrió de insumos a Celulosa de Chihuahua y a otras filiales de esta importante compañía.
El mal es añejo, como añeja es la desatención de los gobiernos, lo que ha traído, dentro de lo más grave, la pérdida de vidas humanas, como la del líder Juan Zamarrón y su familia, en el municipio de Bocoyna, por poner sólo un ejemplo de estos crímenes que han quedado impunes.
En realidad, los gobiernos no tienen un plan para resolver esto, que tiene la complejidad de reportar una cadena muy compleja de asociados en la que están los propios delincuentes, transportistas, comercializadores de madera y aserraderos, grandes empresas que compran y venden el producto sin regulación alguna, y la colusión de funcionarios que debieran cuidar este recurso, además de las policías y militares que con una presencia eficaz podrían disuadir a los delincuentes para defender este patrimonio y también el medio ambiente, conexo al sector.
De ahí que resulten una humorada siniestra las declaraciones de la gobernadora Maru Campos, de que están “tomando cartas contra los generadores de violencia” en una vasta región que va desde los límites con Durango, hasta el norte en municipios como Madera y Casas Grandes.
La inseguridad crece y la depredación continúa.