Sheinbaum y las audiencias: quiere que impere sólo su voz
En esta coyuntura la presidenta Claudia Sheinbaum puso en el centro de la discusión los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias. Resulta en vano pretender rebatir la línea y argumentación del oficialismo porque no estaríamos en presencia de un diálogo que conduciría a acuerdos fundamentales; por el contrario, se advierte que la Presidencia de la república ha trazado su línea y va a tratar de imponerla a rajatabla.
En ese sentido, de nada valdría hablar de la trayectoria del pensamiento liberal mexicano en esta materia, tan mencionada de los dientes para afuera por la Cuatroté, pero en realidad desmentida a cada paso.
Hablan más los hechos que los supuestos fines loables que tienen tales lineamientos, amparados en el incongruente discurso del poder. El problema de fondo es la degradación de la palabra a que hemos llegado.
Lejos estamos de mantener un ambiente de diálogo y discrepancia dentro de los parámetros tolerables. Y la razón o causa de esto es cómo el discurso oficial está absolutamente cargado de adjetivos discriminatorios, de denostaciones, de amenazas, de lamentables ejecuciones de periodistas, de tal manera que lo que se puede afirmar es que el ambiente de rijosidad lo ha puesto el gobierno y todas sus ramificaciones.
Tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum tienen un artificioso discurso en esta materia. De una parte ellos no han descartado ningún adjetivo peyorativo, por fuerte que sea, para cuestionar a periodistas y a críticos, sino que de manera cínica han equiparado la responsabilidad de quien está al frente del Estado, con los particulares que están en los medios, ya como trabajadores de la comunicación o empresarios de los mismos.
En realidad son dos esferas distintas: el Estado y sus gobernantes saben perfectamente que tienen límites y se empeñan en colocarse en un mismo plano con sus críticos cuando son inconmensurablemente diferentes.
La tradición liberal, válida en esto, traza límites en materia de vida privada, moral y orden público, derechos de terceros o que provoque algún delito. Esto, sin considerar la importancia de la prohibición de la censura en todos sus aspectos.
El gran problema de los medios de comunicación en México es su encadenamiento servil a las finanzas del Estado. Muchos periódicos y medios no tendrían sustentabilidad financiera sino medraran del arca pública, y ese tema candente ni siquiera se roza en los lineamentos.
El lenguaje del Estado es el que está dañando al país, sembrando una rijosidad estéril y alterando la paz pública en la dirección de la confrontación cívica, como sucedió en los procesos de fascistización, con dolorosos resultados en varias partes del mundo, particularmente en la Europa anterior a la Segunda Guerra Mundial.
En el fondo, y por considerar que en el gobierno actual de la república hay muchos que algún tiempo se asumieron como marxistas, el problema es una censura de tal magnitud que en el futuro nada más la voz del Estado sea la que se escuche.
Antes, a esas gentes de izquierda hoy empoderadas, se les escuchaba recitar a Marx: “El gobierno, aquí, sólo escucha su propia voz, sabe que no oye más que lo que él mismo dice, se deja llevar del engaño de que está escuchando la voz del pueblo y exige también que el pueblo se deje engañar por este fraude”.
Acaso no es esto lo que estamos viendo en todo el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) que controla, entre otros a Canal Once del IPN, 22 de la UNAM, MX Plus, Canal 14, TV Migrante, elevados hoy al nivel de “medios alternativos” con conductores hasta ahora conocidos pero que recitan constantemente la narrativa oficial.
No hay de otra que defender lo mejor de la propuesta democrática que ha habido en el país: el liberalismo y su propuesta constitucional. Estamos ante una batalla que seguramente se verá coronada por el triunfo.
