Maru consiente y prepaga deuda a bancos; descuida otras áreas

Por el Congreso local pasan las leyes de ingreso de los municipios y la entidad, los presupuestos de egresos del estado y el examen de la cuenta pública, particularmente todos los créditos pactados con la banca –usurera, por mayor referencia– y las financieras públicas del país. Pasan tan rápido que los diputados de todas las bancadas no alcanzan a ver siquiera de qué se trata. 

Por un lado la fracción mayoritaria, que siempre ha sido del partido del gobernador o gobernadora, se convierte en simple sancionador de una decisión tomada con plena soberanía por el Ejecutivo del estado. Las minorías se dividen entre diputados que venden su voto y, en el mejor de los casos, cuestionan tibiamente los instrumentos que se ponen a su aprobación con muy pocos o nulos conocimientos.

De ahí que la hacienda pública sea la menos pública que podamos imaginar. En realidad, para el Congreso esto se convierte en un indescifrable jeroglífico de difícil comprensión. Y así es porque el poderío del Ejecutivo es tan asimétrico con el Poder Legislativo que deviene en el único conocedor de esta materia. 

Impera el negocio corrupto, el pago de servicios profesionales costosísimos y, a final de cuentas, se torna en una inercia que favorece ciento por ciento la opacidad en el manejo de los fondos públicos que son el patrimonio de la sociedad. Así ha sido prácticamente desde siempre y no se ve que esto vaya a cambiar al corto plazo. 

El día de hoy nos hemos enterado, porque circuló a través del periódico semi oficial El Diario de Chihuahua, que el estado prepaga 6 mil 452 millones de pesos de su deuda, nutriéndose de la información divulgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno de la república. Cabe decir que si esta fuente no existiera, jamás nos enteraríamos de que el gobierno de María Eugenia Campos tiene excesivo cuidado de pagar por adelantado cantidades estratosféricas que, contrastadas con otras del presupuesto, parecen cifras astronómicas. 

En todo esto juega un papel especial el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, un lego en finanzas públicas que al parecer anda en búsqueda de un cargo público para preservarse en los aparatos de poder del estado.

Decimos esto porque en las últimas semanas se ha dedicado a “placearse”, para darse un relieve o estatus social que de ninguna manera lo acredita como un buen hacendista.

Todo indica que el gobierno de Maru Campos tiene urgencia de pagarle a BanBajío, Banco Azteca, Banorte y BBVA cuantiosos créditos que hoy se están prepagando casi en su totalidad para quedar con saldo en ceros, y así cubrir los casi 6 mil 500 millones de pesos que si las finanzas públicas de Chihuahua estuvieran bien manejadas, enriquecerían otras esferas de la administración pública, particularmente sensibles a las capas menos protegidas de la sociedad, la seguridad, la salud, y abaratar los servicios por los cuales el estado cobra, y cobra bastante, por ejemplo, en las juntas de agua (pésimamente administradas por Mario Mata y localmente por el encampañado Alan Falomir) y los registros públicos.

Una pregunta válida es: ¿a qué se destinan todos estos créditos?

La información es nula por lo que se refiere al pago de comisiones que cabildean estos mecanismos financieros de prepago, que tienden a ser caros y corruptos, porque se erogan cientos de millones de pesos prácticamente por no hacer nada, si nos hacemos cargo de que el secretario de Hacienda debiera tener los conocimientos suficientes para tomar las mejores decisiones públicas. Para eso está su asesor de lujo, Ernesto Cordero, quien cobra ostentosamente como su estratega tras bambalinas.

Es un mal ancestral la opacidad en el manejo financiero del estado, y es lógico si ahí está el manantial de eso que llaman “corrupción política”, que no es otra cosa que aprovechar la posición pública gubernamental para obtener utilidades personales, mejor conocidas como “moches”, según el bautizo que les dio, con poco ingenio, Gustavo Madero.