Con la aprobación del Presupuesto General de Egresos de la Federación, que se tramita exclusivamente ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se expensó debidamente a cada representante (palabra netamente decorativa) con 20 millones de pesos para que “realice sus gestiones” en supuesto apoyo a los municipios enmarcados en su Distrito. Esa resolución no tiene asidero constitucional alguno y es indigna de un Estado que se precie de respetar el principio representativo de gobierno. En el origen mismo del parlamentarismo está el principio de que el gobierno gasta el dinero, cuyo ingreso y presupuesto le decreta o autoriza el Parlamento, y no puede ser de otra manera si nos atenemos al régimen de facultades expresas y limitadas a que se ajusta el ejercicio del poder.
Los diputados están para presupuestar lo que gastará el Ejecutivo, para compartir cómo se tendrá el ingreso fiscal, en este caso con los senadores, y para ejercer la vigilancia, auditoría y fiscalización de los bienes públicos presupuestados. De tal manera que cuando reciben los 20 millones a que hacemos referencia, desvirtúan por completo su función, porque no están para ese ejercicio y a la hora de que pretendan fiscalizar obligadamente se convierten en juez y parte, y la Constitución, por eso, no establece en ninguna parte que esto pueda suceder.
Dudo de que la inmensa mayoría de los diputados haga buen uso del recurso que se les entrega; es más, pienso que se destinará a la obtención de fines particulares, clientelares, de promoción personal, facciosidad partidaria y cuanto sea vecino de todo esto. Todo menos ser genuino diputado, y por eso que Porfirio Díaz decía: “Perro que lleva hueso en el hocico, ni ladra ni muerde”. Estamos en presencia, ni más ni menos, de un proceso de institucionalización de los “moches”, de alguna manera la compra del voto de los diputados para que le obsequien, en este caso a Peña Nieto y a Luis Videgaray, el Presupuesto que a ellos se les ha antojado. Cuando las decisiones públicas transcurren por esos carriles, no queda duda de que las cosas van muy mal para la república.
Aquí ya en Chihuahua tenemos un efecto concreto y tangible: un diputado que supuestamente ya entregó al municipio de Chihuahua sus 20 millones de pesos. O sea, Alejandro Domínguez, ya habrá endosado su cheque a Javier Garfio. ¿Quién lo sabe? Nadie. ¿Quién lo sabrá? Nadie. Y hay otro, en este caso Juan Blanco, que ya se metió en el brete de entregar menos de lo que debía haber entregado, e igual podemos decir nadie sabe, nadie supo. La crítica, empero, a ambos diputados, es porque realizan actos –recibir un “moche”– que la Constitución no permite, así le den el mejor de los usos a los ya famosos 20 millones de pesos, que por cierto no creo.
¡Qué lejos estamos de los cañonazos de 50 mil pesos de Álvaro Obregón, pero qué cerca del peor de los cinismos!