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El socio, cómplice y prestanombres Carlos Hermosillo, acusado en este momento por el Partido Acción Nacional, camina por la senda inaugurada por Peña Nieto: “los bienes y propiedades que se me señalan son de mi suegra y de mi señora”. El argumento se ha convertido en plaga, luego de que La Gaviota saliera a la escena pública a explicarle al país que la Casa Blanca la había adquirido en mérito de su trabajo como actriz en Televisa. Siguiendo esa escuela, Carlos Hermosillo –hoy banquero por arte y magia de la corrupción política– no tan sólo le da carácter utilitario a su esposa y a la familia de esta, sino que además se regodea del abolengo parralense que las caracteriza. Casi casi baronesas de una monarquía absoluta. La realidad, que según el profesor Tarango, es muy descortés y no pide permiso, obligará al precandidato a defenderse en tribunales y seguramente no saldrá bien librado. Y no puede ser de otra manera: su eventual designación como diputado federal lo que busca es cubrirlo de impunidad transexenal, luego de que su padrino, César Duarte, deje la gubernatura, a mi juicio anticipadamente.

El hecho ya se tildó de “guerra sucia”, una de las frases que se emplea para descalificar cualquier tema de agenda política que tenga verdadera miga para las decisiones públicas relevantes. Pero quien dice guerra acude a un concepto fuerte, pues simplemente se trata de una denuncia, y quien dice sucia es que está acostumbrado al elogio fácil, pero sobre todo a que no se le toque ni con el pétalo de un cempasúchil. Por lo pronto, Carlos Hermosillo es un precandidato en apuros, y muy serios.

 

Berthita y su afán recaudador

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Al parecer el cacicazgo actual tiene en las palabras sanción, castigo, multa sus mejores conceptos para tratar con la población y en particular con los que contribuyen al gasto público. Tenemos una muestra reciente en las palabras de la señora Bertha Gómez, la jefa del DIF, que se pronuncia por elevar las multas a los trovadores de los llamados narco corridos. Las sanciones le parecen a doña Bertha Gómez irrisorias, y al parecer se desentiende de que la Constitución de la república norma de manera expresa e indubitable todo lo concerniente a las multas, que por otra parte se deben fijar en las correspondientes leyes de ingresos que no están al capricho de las damas del voluntariado, y en este caso de quien las acaudilla escudándose en los servicios a la niñez y la familia. El artículo 21 de la Constitución de la república señala claramente los metros o medidas a que se deben ajustar las sanciones administrativas, pues no pueden estar al capricho de nadie y menos de quien no tiene un cargo reconocido propiamente por la ley, sea por su origen en una elección popular o un nombramiento. Dicho precepto, en su párrafo IV, establece el rango de las multas y lo transcribo: “Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas”, que se complementa adecuadamente con un par de normas contenidas en dicho artículo y que también transcribo: “Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso”.

Qué bueno y doña Bertha se enterara de estas cosas, porque no basta su palabra en el asunto, sino lo que dispone la ley. En tal sentido, hay que tener muy claro que los cantantes ni son los empresarios, y probablemente tampoco son asalariados, pero en el remoto caso de que se diera pie a coartar la libertad, la ley es muy clara para tasar las faltas, si acaso lo son.

Pero más grave que esto es su afán totalitario cuando declara y quiere hacerse cargo de lo que “nuestra gente escuche”. Ahora resulta que hasta con los gustos, tan diversos y plurales, se quiere meter, cual lo han hecho los más ruines dictadores que le han impuesto cartabones a todos para que lean la poesía del régimen, la música a la que son afectos, el corte de pelo, la religión, el partido… ¡Ah qué doña Berthita!