Ayotzinapa, un caso sin fin
De septiembre de 2014, en pleno gobierno de Peña Nieto, a este momento, cuando está feneciendo el mandato de López Obrador, lo que no hay es justicia en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Es un tiempo más que sobrado, si hubiese un aparato de justicia real y eficiente, para que hoy supiéramos toda la verdad, se hubieran fincado responsabilidades y también habría sentencias conteniendo las sanciones a quienes perpetraron el horrible suceso.
Es una historia que tiende a repetirse. Vayan dos ejemplos: no sabemos con precisión qué pasó el 2 de octubre de 1968, fecha histórica del movimiento estudiantil nacional; al lado de este notable acontecimiento hay uno aquí en la localidad que también va quedando en la oscuridad: los crímenes de Cerocahui, que se pretenden sepultar con lo que parece la ejecución de “El Chueco”.
Tenemos la certidumbre de los acontecimientos, pero lo que es la verdad y la justicia, no aparecen por ninguna parte. Peña Nieto y su procurador Murillo Karam nos vendieron “la verdad histórica”, que luego se desvirtuó. Y hace unos días el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se retiró de la investigación no sin antes poner el dedo en la llaga: las fuerzas armadas en particular, y los poderosos, por ende, no brindaron la información requerida para esclarecer los hechos de Ayotzinapa a plenitud o una aproximación plausible. Es la historia de la impunidad ancestral.
El presidente López Obrador, está más que claro, no tuvo voluntad política para cumplir su palabra mediante la cual ofreció que la verdad llegaría. Se detuvo ante el Ejército del cual, paradójicamente, es jefe supremo. Con esto quiero decir, que bastaba una instrucción de él para que la información fluyera y el caso se transparentara, con todas sus consecuencias.
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo un pronunciamiento que avala la posición del GIEI. Intelectuales y periodistas independientes también han hecho énfasis al respecto. Pero es relevante lo que afirmó, entre otras cosas, el GIEI: “El gobierno debe definir si está del lado del Ejército o de la verdad”.
Ayer el GIEI hizo público lo que fue su sexto y último informe. No pudieron más. Se toparon con el Ejército y con un presidente que le tolera sus abusos. Un capítulo más de la ancestral impunidad mexicana.
