Si, como ha revelado –tarde y sin empacho– el presidente López Obrador, que la gobernadora Maru Campos le pidió que retirara a los militares a cambio de entregar a los responsables del múltiple homicidio de Cerocahui, tal como parece haber ocurrido con el “hallazgo” del cuerpo sin vida de El Chueco, pues es inimaginable la serie de entuertos que se suscitan en toda la zona serrana de Chihuahua, sin que la ciudadanía pueda saber nada, más allá de la sangre que empapa el entorno social.
La verdad es que no hay a quién creerle. Por ahora la autoridad se limita a promover ampulosamente su programa Centinela y, justo en una parte de su infraestructura, ahora en el dolido municipio de Casas Grandes, le cuelgan el cadáver de un hombre oriundo de Janos bajo motivos que aún lindan el sospechosismo.
El hecho concreto es que se trata de una persona de 63 años, víctima de una aparente venganza, supuestamente por haber abusado de una infante, de acuerdo a la cartulina escrita que dejaron en el lugar del macabro hallazgo. No se sabe más. Pero podría saberse, si la Fiscalía General del Estado investiga las cámaras que debieron haber funcionado en el arco Centinela donde colgaron al hombre.
Y en medio de toda esta crueldad, una afirmación que caló honda y precisa, fue la del polémico Adrián LeBarón, cuya familia ha sido víctima de violencia, y cuyos integrantes, al mismo tiempo, han sido detenidos con armas largas allá en la región de Galeana, muy cerca de Nuevo Casas Grandes. Dijo LeBarón: “La violencia en Casas Grandes demuestra que la autoridad es de quien controla el miedo”. Y vaya que los LeBarón juegan políticamente del lado de la derecha panista.
Pero el mensaje, a la luz de los acontecimientos, obviamente tiene doble destinatario: el gobierno de Maru Campos y el de López Obrador. Ni más, ni menos.