Conexo al suceso del hallazgo de un hombre torturado, asesinado y expuesto en uno de los arcos de la plataforma Centinela en Casas Grandes, está otro tema de la mayor importancia, que se muestra en toda su magnitud con la intervención a la vida municipal en la población conurbada de Nuevo Casas Grandes.

No se pierda de vista que el gobierno ahí se constituyó a partir del partido MORENA, lo que de entrada marca un matiz importante.

Pero vayamos al grano. Los municipios, por disposición del artículo 115 de la Constitución, deben contar con una policía preventiva bien articulada y profesional, a la vez que el gobierno del estado debe tener su propia policía para la persecución de los delitos.

Si bien se pueden coordinar, las responsabilidades son diferentes, y aquí lo que sucede es que con el largo proceso de militarización, que inició su etapa más aguda en el gobierno de Felipe Calderón y ha ido creciendo en el de López Obrador, se han abandonado las funciones que corresponden a los gobiernos regionales, dejando a las comunidades alejadas de la sensibilidad local para encarar los problemas con mayor conocimiento.

No es extraño que ambas policías locales estén bajo el control del crimen organizado, porque la formación de policías está en el desamparo, por lo que se refiere a carrera profesional, salarios remunerativos, garantías en el trabajo, manejo seguro y profesional en el manejo de armas, y sobre todo consistencia y tenacidad en programas de largo plazo.

Lógico es que si esto no existe, y ante la capacidad de fuego, o plata y plomo del crimen, se tenga que recurrir como solución extrema a la presencia militar, a privar en los hechos al municipio de su propia fuerza pública, y crear fuerzas extrañas a la comunidad, en manos del Ejército o la Guardia Nacional, a saber ambas entidades no preparadas ni capacitadas para la tarea propiamente policiaca.

Aunque los medios hablan de que en Nuevo Casas Grandes se ha practicado una limpia de la policía municipal, y hasta de la fiscal que depende de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en realidad lo que pasa es que se está destruyendo el mismo sentido de lo que es el municipio, de acuerdo a la Constitución.

No es la primera vez que se hace esto. Ya en el gobierno, también panista de Javier Corral, se aplicó la dosis al municipio de Cuauhtémoc con nulos resultados, tan grave que fue asesinado en ese tiempo el director de Seguridad Pública municipal, y el alcalde morenista, Carlos Tena, fue depuesto del cargo de manera que jamás se explicó.

No vamos a ninguna parte, mientras prevalezca esta destrucción de la vida de los municipios; y lo que ahora ha hecho la federación y el gobierno de María Eugenia Campos Galván es más de lo mismo, y se llama fracaso y prevalencia de violencia e inseguridad para la población.