Obedeciendo consignas del cacicazgo duartista, desde luego generosamente pagadas con recursos del erario, algunas columnejas políticas han propalado de tiempo atrás, y con mayor insistencia en estos días, que José Miguel Salcido Romero se puede convertir en el candidato del PRI a la gubernatura del estado. Este personaje es de los que se conoce por estar entrambosmundos. Me explico: estructuralmente conservador y de derecha, ha vivido entre el PRI y el PAN. La cuna lo llevó al primero, pero cuando empezó a girar el país hacia el segundo, no dudó en apalancarse desde el PAN para escalar en los organismos electorales; su llegada ahí, desde cargos modestos, hasta la presidencia del Tribunal Estatal Electoral, contó con el apoyo azul, la COPARMEX, y no se diga de los abogados que lo acompañaron inicialmente en los negocios y que sin ápice de duda prosperaron por otros rumbos en el propio PAN y sus gobiernos.

Aunque de modales cuidadosos del ceremonial de la urbanidad, se trata de un personaje doble, traidor, simulador y que –lo más grave para la escena pública– tiene escasísimo respeto por el Derecho, así con mayúsculas, por más que hoy ocupe la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua (TSJ). Y es precisamente su ascenso vertiginoso hacia ese cargo lo que lo mostró como un político sin escrúpulos a la hora de trepar y encaramarse al cargo que hoy ocupa. En una meteórica carrera, dejó de ser presidente del Tribunal Electoral, para hacerlo efímero magistrado de la Sala Constitucional y de ahí brincar a la presidencia del TSJ. Instalado ahí, vinieron golpe tras golpe para la constitución de una nueva mafia en el Poder Judicial de Chihuahua. Pues bien, desde entrambosmundos, ahora se promueve como posible candidato del PRI a gobernador del estado y piensa que si el derecho estorba, peor para el derecho. Pero…

Lo que dicen la Constitución, las leyes, los códigos

Soslayando los comentarios mediáticos, es necesario hacer el análisis de las normas electorales aplicables. Ahí está la clave para descarrilar un despropósito de la arrogancia duartista. La nueva Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en este caso sí acatando la legislación emanada de la reforma política de febrero de 2014, en el artículo 8, ubicada en el Capítulo Segundo del Título Primero, De Los Requisitos de Elegibilidad, establece con claridad, entre otras hipótesis, como requisito de elegibilidad para los cargos de gobernador, diputados e integrantes de ayuntamientos el de:

“No ser magistrado del Tribunal Estatal Electoral, salvo que se separe del cargo con anticipación al plazo previsto en el artículo 107, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”,

Y esta norma especial dispone que:

“Concluido su encargo (los magistrados electorales), no podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones sobre las cuales se hayan pronunciado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, por un plazo equivalente a una cuarta parte del tiempo en que haya ejercido su función”.

Es decir, si José Miguel Salcido Romero inició sus funciones como magistrado del Tribunal Estatal Electoral el 27 de noviembre de 2001, fecha en que como tal tomó protesta, desde entonces y hasta el 19 de noviembre del 2013, en que asumió el cargo de magistrado de la Sala Constitucional del desaparecido Supremo Tribunal de Justicia (cosa de simple nomenclatura), transcurrieron 12 años, de los cuales, de acuerdo con la segunda de las hipótesis reguladas por el artículo 107 antes transcritas, la cuarta parte son tres años. De ahí que si este personaje tiene separado de la función de magistrado electoral a partir del 20 de noviembre de 2013 al día de hoy, han transcurrido poco menos de 2 años; y por ello se encuentra dentro del periodo de inelegibilidad a cualquier cargo de elección popular para el estado, y así continuará hasta el 20 de noviembre del 2016, por más que sus escasos seguidores lo promuevan como candidato a gobernador para el proceso electoral del próximo año.

Claramente, la ley se lo prohibe. No le son suficientes la confusión e incertidumbre que reinan en las filas del PRI respecto de la designación de su candidato a gobernador, tampoco para serlo como candidato independiente, acompañado de otros partidos, por medio de la figura de las candidaturas comunes.

Incrédulo del derecho, presume amistad con Peña Nieto y la fundamenta en una añeja, y al parecer trágica, relación de un hermano de Salcido Romero (por cierto, no soy su biógrafo), alentando la idea de que para escalar a cargos de primer nivel, como la gubernatura del estado, basta ese expediente. Y desde luego el dedazo. Además, aunque esto no lo dice, ser de pura sangre parralense le hace pensar en derechos dinásticos.

Dos cosas: imperiosamente se requiere reivindicar la soberanía política y recuperar para los ciudadanos la capacidad del autogobierno, poniéndole un hasta aquí a estos despropósitos, que además demuestra que al “jurista” de que habla esta fábula, se le quemaron los libros: sí, simple y sencillamente, a pesar de ser el gurú del gobierno duartista en materia electoral, sus alcances no le dieron para haber impulsado una legislación electoral local a modo para sus intereses y los de sus comparsas.

Diáfano: Salcido no puede ser.