UC: Ciudadanos y rebeldes

A solicitud de varios ciudadanos, se reproduce este texto publicado en 2016, que contiene las razones y el desarrollo de la lucha contra la tiranía corrupta de César Duarte. El siguiente texto abre el cuadernillo denominado “Ciudadanos y rebeldes”, cuyos ejemplares se han agotado, en espera de una segunda edición.

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¿Ciudadanos o rebeldes? Inicio con una anécdota: en 1992, como candidato a gobernador del estado de Chihuahua, me entrevistó un periodista francés cuyo nombre he olvidado. A lo largo de mis respuestas hablé reiteradamente de los ciudadanos, las libertades, la legalidad constitucional, la democracia y la república. Noté en su rostro la simpatía por los conceptos, pero a la vez advertí su escepticismo, que irresistiblemente lo llevó a una pregunta que jamás he olvidado. Me cuestionó: “Pero… ¿aquí hay ciudadanos?”. Sentí de inmediato que mi propuesta se desvanecía si la respuesta fuese negativa, pero también me invadió la necesidad de aferrarme del concepto (estaba fresco el fraude salinista de 1988) si quería realmente apelar a quienes podían contribuir no a mi triunfo, que sabía no era factible, sino a la derrota del viejo partido casi único que a la postre tuvo que ceder el poder, precisamente porque los ciudadanos votaron mayoritariamente en su contra, perdiendo por primera vez el PRI el gobierno de Chihuahua. Me quedó claro que la respuesta pudo haber sido sí y no, y desde entonces se me convirtió en una interrogante ineludible, más si se toma en cuenta mi vieja adhesión al marxismo y su deriva del postulado de lucha de adversarios, en cuya concepción estaba que sólo uno saldría ganador y el otro en ruinas, aniquilado. Históricamente hay muchos enfoques que hablan de la fragilidad de esa institución esencial de la democracia, y en el lado opuesto propuestas que la reivindican y le otorgan centralidad.

Este texto tiene como miga principal narrar, con sus propias palabras, una lucha contra una tiranía regional a partir de la concepción que me he formado de la ciudadanía, la importancia del derecho como un instrumento de impugnación contra la impunidad y la corrupción, y el accionar de todo ello en una batalla concreta y específica que se inició un 23 de septiembre de 2014 al interponer una denuncia penal en contra de César Horacio Duarte Jáquez, gobernador del estado de Chihuahua; su secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral, y Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, entonces titular de la Junta Central de Aguas y Saneamiento y hoy diputado federal protegido con su fuero. Una batalla que abandera hasta hoy Unión Ciudadana (UC).

Esta es una obra colectiva. Aquí hay muchas voces e innumerables faenas compendiadas porque hay diversos enfoques, todos ellos esencialmente concurrentes en sus propósitos. No soslayo que hay el toque personal que suele poner un autor cuando escribe, recopila o critica, sello abierto porque a final de cuentas lo que se respalda es que una causa indiscutiblemente honrada triunfe. Es necesario que triunfe. UC es una iniciativa y un esfuerzo ciudadano contra la corrupción política, arropada por una voluntad abierta, plural, transversal a toda la sociedad, adecuadamente vertebrada en su origen y en un momento en que ese cáncer alcanzó el rango de hartazgo nacional, por la percepción que el fenómeno cobró en toda la sociedad mexicana. (1)

Reconozco un hecho y un punto de partida: en nuestra sociedad abunda la decepción por la ausencia de ciudadanos responsables, por la existencia de una clase política autoritaria y parasitaria que parece inamovible. Además, se descree del derecho y a eso contribuye la percepción de que la transición democrática se coaguló en un sistema partidocrático que prácticamente le niega oxígeno, ya no digamos al ideal de lo que debe ser la ciudadanía, sino a la ciudadanía de a pie, la del más elevado número. Crece y se fortalece la idea de que sólo desde afuera se pueden lograr cambios, avances, triunfos para los ciudadanos. Y es cierto, porque esto se alimenta de ver enfrente una clase política corrupta e impune, divorciada y de espalda a los derechos humanos, medios de difusión vendidos y obsequiosos con todos los poderes, legales o fácticos, magistrados y jueces venales, políticos de circunstancia y oportunistas, y la percepción de que vivimos en un Estado doble, esquizofrénico, en el que al frente está la fachada institucional que deriva de la de machacar la retórica constitucional, y detrás verdaderas mafias que se han apoderado del gobierno para enriquecerse, seguros de que nada les pasará porque, sin duda, la corrupción es un cemento que solidifica, ancla y conserva el poder que cuenta, para estructurarse como pesado hormigón, con la ancestral impunidad. Perciben, además, que ahí hay algo que traba al interés público en materia de combate a la corrupción. (2). Es la razón de Estado que cuando se atraviesa, todo lo trunca.

El discurso oficial dice que nuestras estructuras jurídicas y políticas son democráticas y además liberales. También reivindica la idea de la república, con todas sus virtudes que se le suponen. Pero bien se sabe que ese modelo no existe o se reduce a muy poco su peso específico. Pesan más los usos ancestrales de dominación que la axiología hipotética que da sustento a nuestros códigos políticos básicos. Desde los años 60 del siglo pasado se ha escuchado que las estructuras de gobierno y las decisiones públicas siempre van por caminos distantes a los modelos que orientan el constitucionalismo mexicano y, por tanto, el postulado de que no se puede entender nuestra realidad si la lectura la realizamos a partir de dichos modelos, que por lo demás tampoco sobran –hay que reconocerlo– para valorar nuestras circunstancias.

Al constituir UC se tomó en cuenta que se han decantado, tanto en la teoría política como en la praxis, los tres afluentes fundamentales para entender lo que es la ciudadanía, sobre todo en los países en que se les reconoce como el arco de bóveda de la representación política. Los conceptos, hay que reconocerlo de entrada, ni siquiera tienen el mismo significado aquí que en otras partes donde se han realizado los mejores análisis en la ciencia política. Aun así, aquí podemos distinguir los enfoques que nos heredó lo mejor de nuestro liberalismo, el sentido de Estado social que tiene la democracia y, oculto, siempre deliberadamente oculto, que la república se sustenta en la diversidad y virtudes de sus ciudadanos. No pretendo decir nada nuevo. Hay una vasta literatura sobre el país que aborda el tema y algunos que sorprenden por su riqueza y su rigor. Lo que sí quiero decir es que cuando compendié la corrupción imperante en el estado de Chihuahua, y al momento de proponer la creación de Unión Ciudadana, tuve a la vista esos tres afluentes para apelar al ciudadano. El inicio de una lucha contra la corrupción puede ser exitosa si se toma en cuenta su impacto transversal, el que recorre a la sociedad extremo a extremo. Es un fenómeno que golpea a todos. En el daño que causa cabe la más amplia pluralidad imaginable: trabajadores asalariados y empresarios; católicos y evangélicos; jóvenes y viejos; militantes y adherentes de todos los partidos e integrantes de la diversidad étnica. Parece ingenuo el postulado: en UC basta ser ciudadano para estar formando parte de la causa. Se reivindicó, para lograr el propósito, dejar atrás discursos obsoletos (una clase obrera toda virtud y una ciudadanía despreciable por corresponder a una democracia formal), y se asumió el carácter secular de la sociedad en desprecio de los privilegios y los fueros. Se habló de codificar los conflictos de interés y transparentarlos, articularnos a partir de lo que nos une en medio de la diversidad. No es la primera lucha. Hacia fines de la última década del siglo pasado vertebramos una iniciativa legislativa popular para crear el Tribunal Estatal de Cuentas, respaldada por más de 20 mil firmas de todo el estado, experiencia que narro en mi libro La afición a la maldad (Ediciones Del Azar. Chihuahua, Chih., 2006). En este cuaderno ciudadano se documenta una significativa batalla y al rescatar todas sus voces, reconocemos el enorme esfuerzo que ha costado la fecunda intransigencia contra la tiranía que significa César Duarte.

El manojo de ideas que dan cuerpo a esta gesta cívica se inició como una apuesta por el derecho y, a la vez, se lanzó un reto a las instituciones. Con Ferrajoli pienso que “… el Derecho ya no puede ser concebido como un instrumento de la Política, sino que, por el contrario, es la Política la que tiene que ser asumida como instrumento para la actuación del Derecho” (3). No luchar, simplemente, por una democracia abstracta, sino ir creando el contexto para formular y encausar las exigencias del cuerpo ciudadano en todo tiempo, no nada más los electorales. La rendición de cuentas entendida como un momento nodal para definir la representación política a partir de la observación de los ciudadanos, por cuanto se refiere al ejercicio del poder y al empleo de sus recursos económicos, no nada más un mayor escrutinio a los servidores públicos, sino defender lo público como punto de partida para la existencia del ciudadano de carne y hueso, con derechos y obligaciones, pero a la vez con aliento republicano con apego a las virtudes que se supone deben tener quienes están al frente de las instituciones que hoy se utilizan para el enriquecimiento privado. Sobra decir que la iniciativa de UC es un llamado a la esperanza para que las nuevas generaciones entren en acción, saneen y rediman la vida política, la vida pública.

UC logró interesar a un grupo importante de empresarios, incluido un sector de alto nivel económico, que simpatizó con el objetivo de poner un freno a César Duarte. Sufrían la exclusión, algunos; padecían el acoso por los “moches”, otros; deseaban una actividad estatal “decente”, apegada a la moralidad y desterrar las viejas costumbres de la costosa intermediación, el do ut des (te doy para que me des) de la reciprocidad, el corporativismo clientelar y demás costumbres que se vienen arrastrando en el país de mucho tiempo atrás. A ellos, más que a nadie, les interesó bregar en favor de un Estado de derecho. Hacia finales de 2014, plantearon gran preocupación por la atención profesional de la denuncia penal contra el gobernador –bien sabían las dificultades—, plantearon con fuerza vacunar el movimiento contra la partidización y sus dudas por el papel que teníamos ciudadanos comprometidos largamente con las luchas sociales desde la izquierda. No tenían confianza, aunque sí respeto; lo que derivó, sin más, en un progresivo desinterés, unas veces por miedo, otras por mezquindad, y las más por una escasa idea niveladora que imprime el ser ciudadanos en un ejercicio pleno y paritario. La lección fue que la riqueza es, para ellos, lo que da peso específico, no el estatus legal ahora bajo la óptica de los derechos humanos en correlación con los derechos políticos. Actuaron como estamento. Ciudadanos, sí, pero diferentes. Lo que a mi juicio es más que grave si vivimos en una época en la que ser empresario es el paradigma supremo del modelo económico que impera. Para mí queda la vieja lección, confirmada, de la poca o nula congruencia con su retórica de democracia y Estado de derecho, que, vale decir, se puso a prueba en 1929 (la Gran Crisis) y no la pasó, y que en nuestro país se puede repetir una y otra vez. Cuando topé con esa experiencia recordé a Isaiah Berlin, que describo así: la corrupción de Duarte no ha de ser hecha a un lado con demasiada ligereza, nos dijeron, sin consecuencia alguna, pero el compromiso fue raquítico. Entonces “la fe en los hombres de negocios como salvadores de la sociedad se había evaporado de la noche a la mañana…” (4). Fe, desde luego, de quienes la tuvieron.

El movimiento iniciado en septiembre de 2014, con la presentación de la denuncia penal contra la tiranía de César Duarte, fue explícitamente una apuesta por la ley, en un país en el que no existe el Estado derecho y que se ha convertido en un gran almacén de agravios irresueltos para los cuales las pautas de la Constitución, por su constante violación, cada vez se estrechan más. De ahí que surja la pregunta, un genuino dilema, si más que ciudadanos lo que se necesita en México son rebeldes. La rebelión civil surge contra estructuras de injusticia social como las que hay en el país y que van de lo político a la violación sistemática del derecho por la práctica y solapamiento de la impunidad. Se trata de ir en contra de los abusos generales cometidos por el poder del Estado, más atento de sus razones que del apego a la ley. Nos adentramos a una situación límite, semejante a la que precedió al estallamiento de la Revolución de Ayutla durante el siglo XIX y su significado para abrirle cauces a las grandes reformas liberales, y también similar a lo que acontecía en las postrimerías del porfiriato, cuando se anudaron el privilegio económico y el ejercicio del poder, y en medio el mantenimiento de un orden fincado en la corrupción y la impunidad. He reflexionado a lo largo de los últimos meses en la obra de Albert Camus y su interrogante ¿qué es un rebelde? No es un simple levantisco, alguien que de un día para otro simplemente decide irse al monte. Es cierto, aunque la obra de este notable francés no haya sido lo exitosa que él pensó, el rebelde es alguien que dice no, como Unión Ciudadana le dijo no a César Duarte y al régimen de corrupción e impunidad en que se sostiene el poder actual. Y eso sólo se entiende con el complemento: “Negar no es renunciar: es también un hombre que dice sí desde su primer movimiento (…) El rebelde (…), es decir, el que se vuelve o revuelve contra algo (…) da media vuelta. Marchaba bajo el látigo del amo y he aquí que hace frente. O pone lo que le es preferible a lo que no lo es” (5).

En ese orden, aquí en Chihuahua se ha dicho no a la corrupción y sí a una opción cada vez más ineludible: consolidar el Estado de derecho, pero no sólo a partir de otra más de las reformas constitucionales cosméticas: se ha de contar con el precedente del castigo a los responsables, se tiene que demostrar que hay consecuencias tangibles faltar y traicionar al espíritu de la república que está contenido en nuestras leyes fundamentales. En ese marco, claro que se aspira a desplegar todas las consecuencias del estatuto de ser ciudadano, es lo necesario y deseable; pero la rebeldía ahí está, como un recurso legítimo que nadie nos puede negar frente a una clase política como la que padecemos y que no dio visos de poder transformarse como lo hubiera supuesto una transición a la democracia consolidada y ajena a la coagulación partidocrática que hoy tenemos.

Unión Ciudadana no tiene por qué ser un capítulo más para el desencanto. Su propósito no es agigantar los gruesos expedientes conteniendo los cuadernos de quejas insatisfechas, sino alcanzar las metas y demostrar que es posible ganar una batalla y otras después. Terminar con la negra historia de que sólo el crimen paga. Hasta hoy hemos atendido una investigación penal que ya va para las 100 mil fojas; en realidad con mucho menos que mil bastaría para demostrar los ilícitos que ya están acreditados y que se solapan por la incuria protectora que irradia Enrique Peña Nieto y la Procuraduría General de la República. Pero parece que a las apuestas por el derecho, el reto que se lanza a las instituciones simplemente se soslaya para cansar, adormecer, desalentar, y que los ciudadanos entiendan que en este país no se le puede levantar la mano a quienes ejercen el poder. UC no camina hacia el desencanto, porque sabe lo costoso que es dar paso a la presencia del rebelde, a mi juicio insoslayable.

El complejo proceso abierto por Unión Ciudadana ha permitido estar en presencia de un laboratorio social que nos deja grandes lecciones, no nuevas, porque vienen de antaño, pero sí importantes para darnos cuenta de que hay sectores en la sociedad, especialmente instalada en la clase política de todos los partidos, en las direcciones de las universidades (destacadamente el rectorado de Enrique Séañez de la Universidad Autónoma de Chihuahua), en las iglesias y en el empresariado, que siguen aferradas a soldar consistentemente una transacción con los métodos de la corrupción, abandonando el ideal de transformar al país para adentrarlo en un régimen con Estado de derecho. Me refiero a la poderosa coalición de intereses, una real Omertá que actúa en todo el país y es la facciosidad del silencio y la abulia abyectas, ya individual, ya corporativa, a partir de la cual se pagan favores y canonjías. La corrupción instalada en el Estado practica la máxima siciliana: El que es sordo, ciego y mudo, vive cien años en paz: la negación absoluta de la ciudadanía.

Se habla del miedo a levantar la cabeza; y sí, hay miedo. Pero más que eso hay una “prudencia generalizada” entre quienes pueden darle consistencia a la lucha contra la corrupción porque saben que ponen sus intereses en riesgo y por tanto optan por la negociación, la obediencia mezquina, el acomodamiento fraudulento a la ley más que a su cumplimiento, destruyendo todos los días lo que debiera ser una norma de la convivencia democrática: darle todo el pese a la universalidad de la ley (caiga quien caiga) y el debido proceso para que la justicia alcance a quienes abusan del poder, de su ubicación posicional en el aparato del Estado para obtener sus beneficios privados, actuando sin piedad de manera depredadora en un país con una población escandalosamente pobre e inequitativa. Hemos tratado de redimensionar la figura del ciudadano, construir ciudadanía. Privilegiar lo público más allá de los simples intereses particulares, como base para cohesionar una sociedad que necesita unión para una agenda común que le dé riqueza y fortaleza a la diversidad que somos a través de una democracia avanzada.

Muchos son los pensadores mexicanos que nos han explicado el cáncer de la impunidad, no sólo porque en sí misma sea una detestable lacra, que lo es y de sobra, sino porque se le tiene como sobreentendida en el despliegue y actuación de quienes están al frente del poder y la administración pública. Un problema enorme.

Es difícil, pero innegable, que la lucha de UC es por principios, que en buena medida es un combate republicano, más que democrático y liberal, porque no quiere que se siga manipulando a las conciencias a partir del peso de los intereses creados y los poderes establecidos que semejan murallas infranqueables. Es un llamado de atención para que todos tomemos conciencia de que la realización del hombre y las mujeres, en todas sus posibilidades y potencialidades, sólo se puede llevar a cabo como ciudadano/a, sin que ello se entienda como una actitud a favor de la antipolítica que UC ha descartado desde su fundación, y mucho menos una burda negación a la existencia de los partidos políticos, cuestionados hoy, pero imprescindibles en el futuro y para lo cual se requiere una reforma de fondo. Al estar los partidos políticos en el corazón del régimen, tienen la más importante función a la hora de tomar las grandes decisiones públicas que la nación requiere para remontar este oscuro momento de la vida nacional.

Este cuaderno abre con un texto que llamó a crear la UC, anunciada desde el 23 de septiembre de 2014, aclarando que su proyecto no fue constituirse en partido regional ni mucho menos en apéndice de alguno, en la perspectiva de la predilección de sus líderes principales. Se pensó para estar al margen de la búsqueda del poder y a favor de combatir a fondo una tiranía. Jamás se estimó como válida que fuera el empeño de un solo hombre, sino el aglutinamiento de una pluralidad de voluntades que busca desembocar en una sociedad caracterizada por su vida democrática, su apego a la ley y las reivindicaciones propias de las virtudes de una república, sin desconocer que el poder es necesario para establecer y remodelar nuevas reglas de ejercicio político y administrativo.

Aquel 28 de noviembre de 2014, Víctor Quintana nos habló de una organización construida en libertad y para la libertad, que debía contribuir a desmontar la tiranía; Francisco Barrio caló hondo con su mensaje porque fue el hombre que habló con una vasta experiencia detrás, como insurgente cívico y como exgobernante, y fue el que reseñó las otras corrupciones, las que se dan en la perversión de las instituciones, tanto congresos como el Poder Judicial, los medios de comunicación, las universidades, las organizaciones empresariales y los partidos políticos, incluido el suyo. Enfocó la lucha contra la corrupción como impostergable y necesaria, porque la misma propicia la descomposición política y social y destruye los nexos de solidaridad que le dan consistencia a la sociedad. En su visión, lo que está en juego es la supervivencia del principio democrático.

Esto me permite acotar que cuando hablo de ciudadanos y rebeldes, no tengo menos que recordar, en concreto, precisamente por la reflexión que estoy hilvanando, que fue Barrio el que dijo: “Llegó el momento en que los adultos se separen de los niños, porque ahora sí se trata de desafiar en serio un poder dictatorial que no se anda por las ramas y al que mucha gente le teme”.

En otra dimensión, Javier Corral nos habló de un régimen político seriamente tocado en su legitimidad, ampliando el horizonte de visión hacia una crisis de confianza y credibilidad ciudadana que se abate sobre gobernantes como Enrique Peña Nieto y César Duarte. Para él, hay que colocar por encima de las diferencias la causa común de la anticorrupción, porque la corrupción destruye la vida nacional. Finalmente, el que esto escribe puso el acento en las virtudes republicanas, caracterizó al movimiento como plural y transversal contra una tiranía. Ciudadanizar la política para el fortalecimiento y la democracia. Recordé la vieja experiencia: una clase política fuertemente instalada jamás abandona sus poderes y privilegios a menos de que se vea obligada a ello. Una lección de nuestra historia hoy más vigente que nunca, que nos recuerda que hay momentos en que la rebeldía es necesaria para tener ciudadanía íntegra.

Unas palabras finales. UC lanzó un grito fuerte contra la corrupción, logró sacar a la calle un movimiento para subrayar la necesidad de hacerle frente con todo. En contra siempre hallamos la política de la sinrazón y, como siempre, la represión en varias de sus conocidas formas y una preocupante: la que recurre a escuadras de camorristas y provocadores, cobijados a la vista de la mirada protectora de los aparatos policiacos y militares que existen por una ley que les precede. En otras palabras, UC padece los daños que causa una violencia no legítima, porque el gobierno de Duarte aparenta no estar presente pero siempre lo hace tras bambalinas. El objetivo fue claro y así le acusamos recibo: lo que se quiere es mantener a los ciudadanos en calidad de aplastados, humillados y ofendidos. UC seguirá adelante. Más allá de las coyunturas electorales y circunstancias políticas, UC puede y debe mantener su condición de movimiento contra la corrupción y la impunidad; debe de ser un vigilante del ejercicio público, un faro permanente de referencia para un buen gobierno. Ser un ejercicio transversal, que muestre presencia más allá de los periodos de los mandatos, sin importar el sello y color de los gobiernos en turno. Es cierto que en lo fundamental de nuestra vida como república no hemos tenido ciudadanía, o muy pocas veces ha actuado con vigorosa calidad, como en 1988 con el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que ganó la Presidencia de la República y se la escamotearon; por ese este cuaderno ciudadano va dedicado al reconocimiento de la gran faena de la que fue el dirigente más brillante. No está de más decir, por si alguien lo duda, que UC demostró que se puede hacer mucho con muy poco. Eso le duele bastante a los tiranos, que no deben olvidar lo que afirmó Tocqueville: “No hay (…) ciudadano tan oscuro que no sea muy peligroso oprimirle, ni derechos individuales tan poco importantes que se puedan abandonar impunemente”. (6)

JGCH

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(1) En la coyuntura, durante la cual se desplegó la acción de Unión Ciudadana, se fue perfilando en el análisis de nuestra situación nacional, la gravedad de la corrupción. Por ejemplo, Héctor Aguilar Camín, al comentar el descontento mexicano, lo describe como “un estado de tolerancia cero a la corrupción”. Empero, reconoce “la impunidad reinante” cuando afirma: “la intensidad del rechazo, sin embargo, es sólo comparable a su falta de consecuencia pública”; para concluir: “la agenda urgente de México es la corrupción, la impunidad”. A su vez, José Woldenberg afirma: “la corrupción y la impunidad, anudadas, están erosionando de manera grave la confianza en las instituciones públicas (…) porque nada desgasta más el aprecio por los partidos, Congresos, políticos y gobiernos que episodios de corrupción reiterados que se quedan impunes”, desembocando en el reclamo por “un Estado de derecho digno de tal nombre…”, y además pronunciándose por “una gestión republicana no corrupta, como seña inequívoca del combate a la corrupción (…) si es que queremos construir un mañana inclusivo”. A su vez, Jesús Silva-Herzog Márquez nos advierte que “la corrupción sería ejemplarmente castigada e iría arrinconándose bajo una atmósfera de exigencias”, ya que “la carencia de leyes hace de la corrupción norma, régimen”, sin dejar de hablar de la “cartelización de los partidos políticos”, citando la obra de Richard Katz y Peter Mair. Todas estas referencias están contenidas en la entrega de la revista Nexos de octubre de 2015 (Número 454, pp. 28-40).

Acaban de darse a conocer los llamados Panama Papers cuyas graduales revelaciones irán exhibiendo mejor el panorama global en que operan la corrupción, las evasiones fiscales y los escondrijos de capitales privados. El fenómeno de la corrupción, verdadera lepra de las instituciones, alcanza en México niveles de asombro por su impunidad y todo indica que en esa ciénaga tenemos compañía, hay multinacional presencia. Ahí donde un tiempo llegó a soñarse en el “internacionalismo proletario” se instaló con fuerza la “internacionalización de la venalidad” como señal identificadora de políticos y empresarios de muchos países. Esos Panama Papers servirán, sin duda, para desnudar la doble moral de discursos con flamígero dedo que censuran la corrupción, mientras esconden los “guardaditos” de las indecencias.

(2) Con ese pensamiento abrió la denuncia contra César Duarte: “… nuestro Estado es en realidad un doble Estado, detrás de cuya fachada legal y representativa había crecido un infraEstado clandestino, dotado de sus propios códigos y tributos, organizado en centros de poder ocultos, destinado a la apropiación privada de la cosa pública y recorrido secretamente de recurrentes tentaciones subversivas. Así, pues, un doble Estado oculto y paralelo que contradecía todos los principios de la democracia política y del Estado de Derecho, desde el principio de legalidad al de publicidad, visibilidad, controlabilidad y responsabilidad de los poderes públicos (Ferrajoli, Luigi. “El Estado consitucional de Derecho hoy: el modelo y sus divergencias de la realidad”. En Corrupción y Estado de Derecho. El papel de la jurisdicción. Editorial Trotta. España, 1996).
(3) Op cit. p. 24
(4) Berlin, Isaiah. El estudio adecuado de la humanidad. FCE. Editado por Henry Hardy y Roger Hausheer; traducción de Francisco González Aramburu y otros. México, 2009, p. 559.
(5) Camus, Albert. El hombre rebelde. Traducción de Luis Echavarri, revisada por Miguel Salabert. Editoriales Losada y Alianza Editorial. Madrid, 1982. Es importante la conclusión del autor: “Todo valor no implica la rebelión, pero todo movimiento de rebeliòn invoca tácitamente un valor”, pp 21-22.
(6) Tocqueville, Alexis de. La democracia en América. Prefacio, notas y bibliografía de J.P. Mayer. Introducción de Enrique González Pedrero. Traducción de Luis R. Cuéllar. FCE. México, 1963, p. 639.

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Nota: Este cuaderno ciudadano recoge un acervo importante de documentos y textos fundamentales para entender la propuesta de Unión Ciudadana. Están la denuncia penal (expediente AP/PGR/UEAF/001/2014-09) contra César Duarte Jáquez, Jaime Herrera Corral y Carlos Hermosillo Arteaga; los discursos más significativos que pronunciaron sus líderes, cartas, textos, desplegados que circularon en diversos periódicos y otros documentos de carácter legal como la Queja presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (expediente CNDH/2/2015/6207/Q), actualmente en trámite, y el Punto de Acuerdo presentado ante el Senado de la República el 6 de noviembre de 2014, a propósito de la corrupción política en Chihuahua, así como diversos videos, presentaciones electrónicas, gráficas (carteles, memes, manifiestos), fotografías, etcétera. Algunos se reproducen en estas páginas y del resto se proporcionan links o enlaces mediante los cuales se puede tener acceso vía internet y que se transcriben al final de este volumen. Hay una cronología básica y, finalmente, sobra reiterar que la autoría de esos trabajos y este cuaderno también son obra eminentemente colectiva.