Luis Abelardo Valenzuela Ortiz ha de entender, tarde que temprano, que es imposible un sistema anticorrupción y un plan de excelencia al respecto, mientras su jefa, la gobernadora Maru Campos, tenga deudas pendientes con la justicia por las prebendas que recibía de César Duarte.
Valenzuela Ortiz, en su calidad de fiscal anticorrupción a modo del maruquismo, anunció que Chihuahua estará a un “nivel histórico” en la lucha contra ese cáncer que azuela a la sociedad mexicana.
Al igual que en los tiempos de Duarte, hoy el quehacer gubernamental es primerlugarista en todo, según el discurso oficial, aunque sólo se trate de revanchismo y de trifulcas entre los mismos miembros del Partido Acción Nacional.
Quizás el sobrado Valenzuela no haya leído que un organismo auxiliar de las Naciones Unidas en materia de corrupción política, recomienda en primer lugar que no se puede ser miembro del mismo partido cuando se está en funciones de contraloría, auditoría o fiscalización. En otras palabras, que los gobiernos de compadres no conducen a ninguna parte.
Para que se entienda una política estatal anticorrupción debidamente, lo primero que debe existir es una retribución republicana, en la medianía, porque a la vez que se anuncia un plan falaz, se da a conocer que los titulares del Sistema Estatal Anticorrupción, que no hace nada, se aumentaron sustancialmente el sueldo, como su presidente, Miguel Gómez, que pasó de ganar 85 mil a 113 mil pesos por mes.
Cómo estarán las cosas que hasta al mismo Diario de Chihuahua, que trabaja a sueldo del gobierno estatal, no lo quedó de otra más que difundir este agravio contra la sociedad y el erario.