Sin limitaciones, presidencialismo de Sheinbaum crece y traba al país

En mi reciente viaje a la Ciudad de México visité la vieja librería Porrúa, la que se ubica frente a Bellas Artes, y pregunté si tenían una Constitución de la república actualizada. El trabajador de la librería me contestó que ya no la publicaban porque la cambiaban a diario.

Es cierto. Todos sabemos que esta es una de las ominosas realidades que tenemos encima las ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Al día no sabemos hasta dónde ha calado la destrucción de las instituciones que padece el país. En particular me preocupa si aún está vigente, formal o en los hechos, el precepto que dispone las facultades expresas y limitadas a que deben someterse los gobernantes de todo nivel, y en general los funcionarios públicos de todos los poderes, sean federales, estatales o municipales.

La interrogante podrá parecer carente de sentido, pero la realidad apunta a que se ha erosionado esa máxima del Estado liberal y que lo es también de todo Estado de derecho que se precie de tal. Van tres ejemplos que lo corroboran:

El primero se relaciona con la entrega de los 29 narcodelincuentes con los que se pretendió saciar el hambre y aplacar los impulsos arancelarios de Donald Trump, que ya están aquí. A la más vieja usanza, se pretende colocar a Claudia Sheinbaum, la presidenta, en una esfera jurídicamente inexistente, porque nos dicen sus funcionarios dependientes (Gertz Manero y García Harfuch) que nada tuvo qué ver en esa decisión.

Argumentan que la remesa de los 29 fue una “decisión colegiada” del gabinete de Seguridad, en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional y del artículo 89 constitucional (por cierto, consultado de la última reforma publicada en el DOF apenas el pasado 17 de enero de este 2025). Todo esto es falso porque ni el mencionado gabinete está facultado, ni ambas disposiciones jurídicas establecen tal facultad, ni en favor del gabinete ni en favor de la presidenta.

Estamos ante una decisión de hecho, arbitraria, sin fundamento legal, y todo el operativo en el que se dio a conocer esta acción, no tiene más propósito que limpiarle la cara a la presidenta. No ahondaré que a la par de muchos otros mexicanos lamento que se exhiba al país por la inutilidad de custodiar a estos reos en las cárceles mexicanas y que tengan que ser juzgados fuera del país, cuando sea abdica, en los hechos, de brindar seguridad a la población mexicana.

En cualquier nación que se precie de respetar las leyes, ambos funcionarios (García Harfuch y Gertz Manero), con todo y su autonomía de membrete, estarían procesados por las responsabilidades que les atañe.

La otra perla que viene al caso es que a la señora Tatiana Clouthier la acaban de nombrar como titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior. Se trata de una muestra de la ancestral empleomanía y de la duplicidad de funciones. Cabe preguntarse porqué no la subsecretaría competente de la cancillería mexicana –a cargo de Juan Ramón de la Fuente, que ni suena ni truena– que tiene que ver con América del Norte, o simplemente la que administra asistencia jurídica a los connacionales, los consulados mismos, asumen dicha tarea. Pero parece ser que a la presidenta le urge tener aliados; en el caso de la señora Clouthier, parece que le ha rogado bastante, no obstante su origen en la derecha política y su pasado gris en los cargos que le encomendó López Obrador.

No digo que la presidenta no tenga la facultad de crear un nuevo y estéril aparato de relumbrón, pero lejos está de ser una decisión delimitada por la Constitución.

Va un tercero y breve señalamiento que exhibe las limitaciones de la presidenta: cuando fue interrogada por los medios sobre la persecución penal del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, un pájaro de cuenta, dijo no estar enterada. Y como se decía antaño: si lo sabía, qué grave, y si no lo sabía, gravísimo.

Lo que está en medio es que, tratándose de los integrantes de la clase política, la presidenta aparenta estar al margen, no vaya a ser que resulten ofendidos personajes adictos a la corrupción y la delincuencia en Michoacán, como “Los Chuchos” del extinto PRD y sus amigos chihuahuenses, entre ellos Hortensia Aragón y César Duarte, este último impune ante la jurisdicción federal, porque tanto López Obrador como Gertz Manero, jamás le dieron curso a la denuncia presentada el 23 de septiembre de 2014, integrada en el expediente AP/PGR/UEAF/001/2014-09.

Como conclusión, podemos decir que la Constitución no tiene el vigor que se necesita para lograr la unidad de los mexicanos en un punto: el respeto a la legalidad. Para los morenistas, la presidenta tiene todas las facultades que quiera, las justificaciones dúctiles y sofísticas que demande.

El proyecto de democratizar este país se proponía acotar el presidencialismo autoritario del PRI, pero parece que la transición fue por lana y salió trasquilada.