Pactos van y vienen, y a los salarios se los come la inflación

En una reunión palaciega y apegándose a los rituales empleados antaño por el PRI, la Presidencia de la república refrendó el llamado Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC). Claudia Sheinbaum, rodeada de los grandes productores y dueños de tiendas de autoservicio avaló dicho pacto para dar a conocer que la canasta básica tendrá un costo fijo de 910 pesos.

De entrada hay que subrayar que en esa reunión no estuvo representada ninguna genuina organización de consumidores para que dieran a conocer su información y puntos de vista. El gobierno se arroga su representación, y como suele suceder se coloca al margen de la realidad de los precios imperantes en el país.

Calcular una canasta básica a partir del listado de los 24 productos de consumo básico que ellos mismos establecieron supera en estos momentos el costo de esos 910 pesos, es decir 25 o 30% más, en un muestreo somero hecho por esta columna. Y esa suma es conservadora, porque cuando el consumidor encara a los comerciantes se entera de que los precios están más elevados y que en ocasiones lo que se vende son productos perecederos a punto de convertirse en desperdicio.

La cadenas comerciales, aparte, practican un clasismo al segmentar a sus clientes: en zonas de población de mediano o alto ingreso los productos son de mejor calidad; contrario en las tiendas de zonas populares los productos son de mala calidad, e insisto, superiores a los precios pactados en el PACIC.

Con esto el gobierno pretende mantener controlada la inflación, pero esta crece día con día, afectando el ingreso de los que menos tienen y que están en el estado de indefensión que de mucho tiempo acá golpea a los consumidores en general.

Para algunos economistas, la firma de ese pacto es sólo un paliativo frente a la inflación y presenta al menos dos problemas fundamentales: en primer lugar, la falta de eficacia en el control de precios, donde la inflación es el alza generalizada y sostenida de los precios y congelar temporalmente los precios de ciertos productos no resuelve el problema estructural. Además, el acuerdo no es vinculante, o sea que no obliga legalmente a los comercios a mantener los precios establecidos, por lo que su cumplimiento queda a discreción de los actores involucrados.

En segundo lugar figura la limitación conceptual de la canasta básica, porque el listado de la PROFECO incluye sólo 24 productos, lo cual es claramente insuficiente. Lo grave es que se calcula una canasta básica sin tener en cuenta que la gente también tiene otros gastos igualmente prioritarios y que salen del mismo salario, más crítico cuando es el mínimo que ronda en 278.80 pesos en general y 419.88 en la frontera. En efecto, la gente gasta también en transporte, educación, salud, vestuario, vivienda, telefonía, esparcimiento, servicios de internet, gas, agua, drenaje y electricidad, cuando menos. Sin tener estas necesidades cubiertas no se garantiza una calidad de vida mínima.

Estamos frente a la misma historia. Pactos que sólo decoran la realidad, pero con un pueblo cada vez más empobrecido. Según el recientemente desaparecido CONEVAL se incrementó la brecha en el nivel de pobreza laboral, medida a través de la diferencia en el porecentaje de la población en pobreza laboral entre el ámbito urbano y rural, de 17.8 puntos porcentuales en el tercer trimestre de 2024 a 19.9 en el cuarto trimestre del mismo año.

Quizás con otro lenguaje, pero este gobierno reproduce el pactismo con los mismos hambreadores del pueblo.