La revista Newsweek, publicada en inglés, jamás se ocuparía de César Duarte por lo que hace y deshace en Chihuahua. En cambio, en español le concede portada, buenas fotos, entrevista, firmada por Joel Aguirre, y todo eso por una razón: se obtienen recursos del erario para pagar. Aquí sí que negocios son negocios. Además, la revista Newsweek la regalan, igual que hacen que hacen con el periódico La Crónica. ¿Quién “regala” estas cosas? En su sano juicio ningún medio serio lo hace, pero como dice el refrán, con dinero baila el perro. La entrevista de Joel Aguirre es maquillaje para el tirano y sofisma redondo porque habla de un supuesto efectivo trabajo en equipo para ganar batallas en materia de seguridad. Seguridad que nada más existe en la mente y en la lengua de la corrompida burocracia duartista: hay colusión de la Fiscalía y las policías con el crimen organizado, guerra en el territorio aledaño a Guachochi, trasiego de droga y penales organizados como negocio para mantener una paz carcelaria.
César Duarte dice lo contrario, pero ya pocos le creen, y ahora que aparece como “hombre Newsweek” cree que va a sorprender a todo Chihuahua. Es tan burda la maniobra que para aparecer en dicha revista contrató publicidad costosa: la página tercera de forros, otra interior de su intendente Garfio, y parcialmente la segunda de forros, donde, en principio, muy probablemente esté compartiendo gastos, pues ahí aparecen los fierros de herrar de su propia personita.
Pienso que no logrará convencer a nadie por más que en la portada se diga que la tal revista, repartida gratuitamente, circule del Bravo a la Patagonia. ¿Pensará que alguien se ocupa de él, por ejemplo, en las cimas de los Andes? Delirios de grandeza que en Chihuahua no alcanzan más rango que la mezquina y franquiciaria pleitesía a un cacique ballezano.
Rubén Aguilar hace escuela: aragonepotismo en el PRD de Chihuahua
No cabe duda, Rubén Aguilar hizo escuela en el PRD. Este partido –léase bien, para la revolución democrática– se ha convertido en una organización al servicio de una familia dominante y otras periféricas. La diputada Hortensia Aragón –matriarca del clan–, previamente había hecho diputada federal plurinominal y por cuota de jóvenes, a su sobrina Crystal Tovar Aragón. Es un partido en el que el parentesco consanguíneo todo lo decide. Hay otras familias: los Aguilar, los Vargas, los Barraza, todos ellos con una sombría educación monárquica que permite trazar líneas de sucesión dinásticas para ponerse al frente de un partido, vaya paradoja, de nombre democrático. Todo esto viene a cuento porque ayer la diputada federal Crystal Tovar Aragón fue designada presidenta del Comité Ejecutivo Estatal y, para colmo de la impudicia, Secretario General Pavel Aguilar Raynal, a saber empleado del gobierno de César Duarte. Y cuando digo impudicia recuerdo aquella vieja causa penal por la que Aguilar Raynal estuvo tras las rejas, un asunto que no merece mayores detalles, salvo resaltar que cuando los intereses están de por medio las familias perredistas se arreglan, quizá no con la elegancia con la que lo hizo Don Corleone cuando pactó la paz con los que habían asesinado a su primogénito.
La designación de Crystal Tovar Aragón, en efecto, huele a mafia, y si al PRD le faltaba algo para alcanzar su más alto desprestigio es la “elección” de ayer. Chihuahua ya tiene el récord Guiness de dos partidos estrictamente familiares.
Crystal dijo en su discurso inaugural que se acabaron las becas y llegó el tiempo de trabajar. Le faltó decir que ha sido usufructuaria de la principal beca, la diputación que le regalaron y de la cual no hay registro que valga propiamente en el trabajo legislativo.
Si usted pensó que el PRD en Chihuahua y en todo México era de izquierda, bórrelo ya de su mente, es el cascarón tras del cual se esconden gobernadorzuelos como Aguirre, de Guerrero, que por cierto vino a defender Silvano Aureoles, infaltable en estos eventos de cristal. Más que Congreso electivo, lo que hubo ayer en el PRD fue un funeral. ¡Salve, maestro, Rubén Aguilar!
José Miguel Salcido: yo soy ilegal
En el importante artículo publicado en El Heraldo de Chihuahua el día de ayer, bajo la firma del abogado Marcos Molina Castro, se consigna algo de la mayor importancia, en primer lugar por el cargo que se formula, pero sobre todo porque es cierto y debiera formar parte de una queja a impulsar por la ciudadanía y los miembros del foro que deseen acompañarla. He aquí dos párrafos que no tienen desperdicio, del texto señalado:
“En medio de tan anómala situación, para sustituirla, por sí y ante sí, sin dar cuenta al tribunal Pleno, designó para el despacho de la referida Sala Constitucional al licenciado Leo David Alvarado, quien desde agosto desempeña dicho puesto, percibiendo hasta la fecha los emolumentos de magistrado, no obstante carecer de ese cargo, sin que hasta la fecha haya iniciado el procedimiento para la designación del titular, por lo que se ignora hasta cuándo subsistirá vacante y podrá disponer de la plaza a su antojo.
Estas irregularidades sin duda constituyen faltas administrativas que deben ser castigadas por el Pleno del Supremo Tribunal, pero además posiblemente sean constitutivas de delito, pues el licenciado José Miguel Salcido Romero, sin facultades dispone de recursos públicos, asignando sueldos de magistrado de la mencionada sala a favor de personas sin que legalmente existan los nombramientos respectivos, sin enterar y sin dar cuenta al Pleno que domina para que proceda conforme a la ley, lo que indudablemente amerita que además de las sanciones administrativas correspondientes, se procese a los presuntos responsables y se le exija la reparación del daño que han ocasionado al erario del Poder Judicial, por lo que se sabe que en breve un grupo de abogados postulantes, ante la actitud permisiva de los magistrados, presentarán las denuncias respectivas para que se inicie la averiguación y el juicio de procedencia a fin de que se les sancione penalmente”.
Como se puede observar, estos hechos pueden formar parte de una queja con interés legítimo para exigir la destitución del actual presidente impuesto del Supremo Tribunal de Justicia, José Miguel Salcido Romero.