La paz, sólo en democracia
Me atrevería a pensar que mientras no se logre la pacificación del país, todo lo demás recae en el abismo de la incertidumbre. Es incuestionable que en materia de seguridad llevamos más de un cuarto de siglo sin que haya una política de Estado que garantice de manera concreta la vida, bienes y patrimonio de los mexicanos.
Se ha recurrido a la categoría de “Estado fallido”, aunque es cuestionable para definir los contornos de un Estado que no tiene la suficiencia para garantizar la vida, la estabilidad y el imperio del derecho.
Elementos de esta categoría son las estadísticas de la muerte, la desarticulación y falta de profesionalismo de los aparatos de justicia, de la crisis provocada por la inexistencia de policías confiables y eficientes, el alto grado de militarización como recurso extremo, la colusión y la impunidad con el crimen organizado, no nada más por el tráfico de drogas y armas, sino por actividades como el llamado “huachicoleo”, y la extraterritorialidad que se padece en el país en amplias zonas de su geografía y en el que no hay más “gobierno” que el del crimen.
A esto se añaden los servicios bancarios y financieros que sirven para el lavado de dinero de la delincuencia, con la connivencia de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la inexistencia de una política exterior para impulsar acuerdos internacionales o multilaterales que sofoquen la acción de los delincuentes que trastocan la paz de la nación.
No ha habido, además, un debate social e institucional sobre una política de fondo para la legalización del consumo de la droga que trascienda la atención por las instituciones de salud. En fin, falta mucho, y mientras no se encaren a fondo estos problemas, la paz estará lejana como condición ineludible de vida para todos los mexicanos.
Ya hemos visto que los factores del crimen no se contienen por el simple mecanismo de la disuasión de la presencia militar. Es un gran negocio donde el poder del dinero compra voluntades por todos rumbos. Se puede considerar que hoy, con todo el paquete legislativo que le han aprobado –al vapor– a la presidenta Sheinbaum, ya no tendrá pretexto alguno para empezar a resolver de fondo este problema urgente del país.
El gran fracaso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo encontramos en las cifras, en la elemental aritmética que no miente, en los indicadores absolutos de homicidios. Son los “otros datos” que surgen de las mismas fuentes de información oficiales, como el INEGI y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El sexenio de López Obrador concluyó, según dichas fuentes, con 201 mil personas asesinadas, lo que significa que la política de “abrazos y no balazos”, y la demagogia de ir a resolver las causas y no los efectos, simple y llanamente no funcionó. Ha sido el sexenio más violento desde la etapa de Salinas de Gortari (67 mil), superando a Zedillo (79 mil), Fox (60 mil), Calderón (122 mil) y Peña Nieto (150 mil), homicidios en números redondos. Y es temprano para afirmar si la tendencia seguirá al alza.
Lo que sí ya tenemos ahora son estados como Guanajuato y Sinaloa, en donde impera la guerra y el terror que hemos visto en este último, más dramáticamente ayer, con casi dos docenas de personas colgadas de un puente, y la obstinación presidencial por mantener en ese gobierno a Rubén Rocha Moya. Ya Omar García Harfuch se había instalado en Sinaloa para dirigir operaciones, pero los hechos lo rebasan, cuestionan y desmienten.
Todos los programas, propuestas políticas para marcarle al país una senda de reconstrucción auténtica, genuina, honesta, pasará ineluctablemente por sostener contra todo riesgo una política de pacificación del país; vale decir, dentro de un esquema democrático, porque hay otros que lejos de resolver agravan las ominosas circunstancias, como es, por ejemplo, el régimen de Bukele en El Salvador, por señalar uno de tantos. Y en México no queremos eso.
