La emergencia hídrica atañe a todos
Sin duda el Tratado de Aguas México-Estados Unidos de 1944 está en el centro de las relaciones entre estos dos países y en el momento más crítico de las relaciones por el arribo al poder de Donald Trump en el vecino país, siempre impredecible y que gobierna a punta de decretos u órdenes ejecutivas, sin contrapesos institucionales que ya para algunos pensadores contemporáneos es una reedición del viejo fascismo.
Hace varios siglos se decía que la soberanía de un país llegaba hasta donde alcanzaban los cañones de sus fortalezas, instalados en puertos y fronteras conflictivas. Con ese origen y en las primeras versiones del derecho internacional empezó una polémica sobre las soberanías que se veían adelgazadas por compromisos internacionales entre los estados y por el propio derecho internacional, que se ha ido abriendo paso con el tiempo.
Es fácil entender que toda la regulación constitucional sobre la agenda hídrica corresponda al gobierno central, pero eso no quiere decir que las entidades –federativas en nuestro caso– no cuenten ni se les tenga como factor en los acuerdos bilaterales, y eso es esencial en estos momentos de sequía y de beligerancia de los Estados Unidos por el reclamo de las aguas de nuestros afluentes.
Ahí es importante visualizar que los texanos, más si son republicanos, como el gobernador Greg Abbott, exigen todo como si su ambición fuera considerarse propietarios de toda la cuenca del Río Bravo, llamado Río Grande de aquel lado de la frontera. A manera de recordatorio, no olvidemos que ellos tienen de lema “Don’t mess with Texas” (No se metan con Texas), por una parte; y por la otra, que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos le tiene particular afecto a ese siniestro vecino.
Hoy en los medios se comenta que la Presa de la Amistad, en Acuña, Coahuila, ha abierto sus compuertas para que fluya el agua y hacer entregas extraordinarias a Estados Unidos, particularmente a Texas. Sin embargo, la información aún es contradictoria: unos dicen que se está vaciando la presa para dotar a un distrito de riego tamaulipeco, y otros hablan de que es con destino al vecino país. En ambos casos, el hecho es que la presa se encuentra en niveles ínfimos.
La versión oficial, en boca de la presidenta de la república, es que eso no es cierto, que no ha habido ninguna entrega de aguas, acerca de lo cual hay que estar pendientes por lo que suceda con los cuerpos de agua y ríos que norman el Tratado y que estipulan obligaciones que, en principio, se ven muy difíciles de cumplir.
Por lo pronto, los gobernadores de los estados fronterizos involucrados han sido convocados por la Secretaría de Gobernación para abordar este tema.
Es importante que se revisen la historias locales en torno a este sensible problema, porque puede resultar una obviedad que en Chihuahua, por ejemplo, los panistas intenten otra “guerra del agua” como la que protagonizaron durante el verano de 2020, pero no pensando propiamente en la esencia del problema, sino en catapultarse, de nuevo, rumbo a las elecciones de 2027. En otras palabras, aprovechar oportunistamente el problema, como ya lo hicieron ese año ante la impericia política del gobernador Javier Corral y el desastroso papel que jugó el entonces delegado del Bienestar y exaspirante a la candidatura gubernamental en esa coyuntura, Juan Carlos Loera De la Rosa.
De sobra está decir que en ese momento que ni CONAGUA ni la Guardia Nacional tuvieron un desempeño ejemplar, en el que hasta hubo por lo menos una mujer asesinada, Yessica Silva, en el contexto del conflicto, y detenciones con motivos políticos.
Voces oficiales y partidarias de MORENA han dicho lo que hoy repite Claudia Sheinbaum, que hay muchos pozos clandestinos e ilegales en el Distrito de Riego 05, pero no hay ninguna carpeta de investigación y ningún imputado por violaciones penales a ley.
Por otra parte es más que evidente que en varias regiones del estado de Chihuahua debe haber una reconversión de las huertas nogaleras, grandes consumidoras de agua. Pero esto no se va a lograr de la noche a la mañana, y menos sin conflicto. Aquí sí que ha habido mucho ruido y pocas nueces.
El de la explotación de las aguas es un problema de primer orden; ahí va la suerte de todos. El Tratado, con más de 80 años de vigencia, se debe analizar y, si es el caso, denunciar para celebrar otro en las condiciones que privan en el mundo actual en materia de medio ambiente y recursos naturales.
El momento es malo porque un antipolítico como Trump es veleidoso y del lado mexicano lo fuerte del gobierno no es la política internacional. Y qué decir de gobernadores como Samuel García, de Nuevo León, y su homóloga chihuahuense, María Eugenia Campos Galván.
El problema del agua es, en realidad, un polvorín.
