Perú ajusticia a expresidentes; México los mantiene impunes
De la escena internacional nos llega la noticia de que el expresidente de Perú, Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y un hermano de esta, fueron condenados por un tribunal a 15 años de cárcel la pareja y a 12 el cuñado.
En el fondo se encuentra la corrupción política que extendió la constructora brasileña Odebrecht prácticamente por toda Latinoamérica, alcanzando a México, como es sabido.
Los recursos ilícitos que recibieron los políticos peruanos fue para solventar las campañas electorales de 2006 y 2011. Está de más decir que esas subvenciones transgresoras de toda legalidad, por tratarse de lavado de dinero, se pagarían con favores al referido consorcio constructor.
Pero no sólo de Odebrecht recibieron dinero. También les hizo entrega, a decir de las autoridades peruanas, el gobierno venezolano de Hugo Chávez, en ese afán de expandir una visión supuestamente bolivariana para el continente.
Las condenas fueron dictadas por la jueza Nayko Coronado, en un ejemplo de que la impunidad realmente se combate de arriba para abajo. Obvio es que los corruptos continuarán defendiéndose con veinte uñas y que la resolución de hoy, por los virajes que da la política en este país, puedan eventualmente entorpecer la sentencia que comento.
Los hechos que narro en estos párrafos nos permiten hacer una reflexión en torno a lo que pasa en México de manera muy, muy similar, por lo que se refiere a la corrupción. Aquí es hora de que a ocho años de iniciado un proceso contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, acusado de corrupción política por tratos ilícitos con Odebrecht, no hay una perspectiva de que se haga justicia. Esto es muy sabido y no es la miga principal de este comentario.
El obradorismo ha hecho de Carlos Salinas y de Felipe Calderón a los villanos favoritos de la Cuatroté, pero no hay ni una sola causa en su contra. Se hicieron consultas “populares” a modo, pero de nada sirvieron. Aún ahora este bluff continúa, más con características de espectáculo que con una brizna de certeza que aproxime a estos dos expresidentes a rendir cuentas ante la justicia. De hecho, lo que se puede afirmar es que han sido dos intocables y, por lo visto, así permanecerán. Hay toda una antología de discursos de López Obrador denostándolos, pero ninguna acción legal en su contra.
De que ambos expresidentes debieran rendir cuentas, no me queda duda. Pero lo más grave es que el más corrupto político de los expresidentes es Enrique Peña Nieto, pero goza de cabal impunidad por un compromiso secreto con López Obrador, el santo de la Cuatroté.
El sexenio peñanietista se expresó en la más profunda corrupción que se recuerda en el país, y de la cual son ejemplares el mismo Lozoya, que ya se mencionó, y gobiernos de la calaña de César Duarte Jáquez, de Chihuahua, y de Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz. Pero Peña Nieto resulta un ejemplar mundial de protección de un presidente como López Obrador, que juró y perjuró en todas las plazas públicas que la corrupción había terminado.
En un país económicamente más atrasado, con un desarrollo político distinto al mexicano y sin muchos aspavientos y demagogia, ha llevado a tres expresidentes a la cárcel, hoy a Ollanta Humala.
Qué lejos estamos de romper la tradición virreinal, porfirista, priista y hoy obradorista, de que las instituciones judiciales juzguen a un expresidente de la república.
