La tragedia llega y la clase política lucra con ella

Cuando se descubrió el Rancho Izaguirre en Jalisco, el escándalo del supuesto crematorio estremeció a todo el país. En Chihuahua parece que hay una insensibilidad superlativa por la protección de la vida y un oportunismo político aberrante.

Se descubrió que el Crematorio Plenitud tenía cadáveres “almacenados” de cinco años o más sin ser incinerados, lo que supone un servicio público funerario remunerado. Estamos hablando de casi 400 cuerpos sobre los cuales es válido conjeturar que sus muertes tienen diversas causalidades; entre ellos debe haber víctimas de feminicidio, infanticidio, y desaparecidos que llegan a la frontera en busca de un aliento económico u ocupacional pero encuentran la muerte. Sin descartar decesos naturales.

Por una parte está la irresponsabilidad de un crematorio que tiene propietarios y facturó servicios que no se prestaron, lo que evidencia la comisión de un fraude en serie, como jugoso negocio. De otra, están las autoridades municipales, pero sobre todo las que tienen que ver con la salud pública. Todo indica que, o estuvieron ausentes de su función o simplemente hicieron la vista gorda y dejaron pasar lo que supone una incuria delictiva, y probablemente también corrupción política.

Según reportes de La Verdad Juárez, el referido crematorio tenía más de tres años sin supervisión, de acuerdo a información que la propia COFEPRIS, mediante el oficio número 2403/2025, entregó al Ministerio Público, que ahora, en voz de Carlos Salas, fiscal de la Zona Norte, dice que no está configurado como un delito.

En las primeras investigaciones se ha mencionado a la madre de la gobernadora del estado, María Eugenia Galván Antillón, que ocupó, sin ser conocedora del tema, la oficina de la COESPRIS en el estado durante el quinquenio de Javier Corral Jurado. Eran tiempos de amor y paz en la familia panista, y el nombramiento de esta funcionaria, hoy al frente del DIF estatal, involucra al gobierno de Chihuahua porque en materia de salubridad hay coordinación competencial con la federación.

No obstante esto, la prensa vendida omite hacer una historia real acerca de los funcionarios que han estado al frente de esta institución.

La médula de este comentario es la depreciación en la que ha caído el derecho a la vida y todas sus consecuencias, particularmente cuando fenece por causas naturales, por imprudencia, o por las frecuentes ejecuciones que se han generado por la presencia del crimen organizado. La cifra en sí misma es escalofriante: alrededor de 400 cadáveres apilados como costales y la sociedad permanece impasible; es parte de la niebla de la guerra a la que hace referencia en su libro homónimo el investigador del CIDE Andreas Schedler.

El territorio estatal, como muchos otros lugares en el país, registra fosas clandestinas en muchas partes. Vida y muerte se conjugan, pero no hay una respuesta de solidaridad humana que le haga frente a las muchas deficiencias de un estado y un gobierno que no cumplen a cabalidad con la protección al derecho básico a la vida.

En derredor de este elemental concepto de los derechos humanos se construye toda una narrativa en la que los fundamentalismos religiosos de las autoridades se concentran en el problema de la interrupción legal del embarazo. Se rasgan las vestiduras, pero no hacen la tarea cuando vidas, algunas en plenitud, fueron cegadas y manejadas como simples bultos en funerarias y crematorios que no se supervisan, con el riesgo que esto trae consigo junto al dolor humano que genera.

Los funcionarios del tipo de la gobernadora de Chihuahua son proclives a aparecer en actos públicos que violan el Estado laico, al lado de “dignatarios” de los Legionarios de Cristo, fundada por el pederasta Marcial Maciel, organización a la que pertenece, por sólo poner un ejemplo de los muchos que hay, Antonio María Cabrera Cabrera, que acusado de violación de un menor de edad, ya pidió a un juez llevar fuera de prisión su causa penal.

Esto lo decimos en el contexto de un hecho diverso que tiene que ver con la muerte del menor de ocho años, Jasiel Giovanny, que tampoco ha conmovido a las buenas conciencias de Chihuahua.

En una vorágine de violencia incontenible, el derecho a la vida y su protección se va olvidando en favor de una clase política a la que lo único que le interesa es el poder en sí mismo. Lucran con los sucesos que se van presentando en el día a día, y lo mismo ha sido con los daños a la población con las inundaciones recientes, que con la tragedia de los cientos de cadáveres o con la violenta muerte del niños Jasiel.

Así, vemos al alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, trepado en su caballo, ansioso de partir a la Cabalgata Villista; o al diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, presumiendo en la Oficialía de Partes una improvisada iniciativa sobre el tema de los crematorios, de la que sólo se enteró por la noticia cotidiana, no obstante que se asume como “geoestratega” y que ya logró colocar a su esposa en el Tribunal de Disciplina Estatal, en obvia componenda cupular estatal.

Cuando un sistema social, un régimen político, una clase política o un gobierno olvidan su tarea esencial de proteger la vida, es que ya se cayó en un abismo sin retorno, que indica que todo va torcido, que hay que hacer un alto en el camino y rectificar la senda.

Pero con los que están en el poder, acompañados de los oportunistas de siempre, eso no será posible.