Tiene fama pública nacional e internacional el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva. Desde el poder cometió delitos que lo ligan al lavado de dinero y al narcotráfico. A partir de 2001, año en que fue aprehendido, ha estado en cautiverio y con un tiempo en cárceles de Estados Unidos a donde se le extraditó. Actualmente está preso en Quintana Roo y, apegándose a la ley, ha hecho diversas solicitudes para que se le conmute la pena y sortearla en su propia casa, aduciendo edad avanzada y precaria salud. 

Recientemente el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, declaró al respecto: “Vamos a seguir con la gestión y es mi compromiso de que va a quedar en libertad”. De acuerdo a su dicho, se respetará la autonomía de la Fiscalía General de la República y está en trámite una Ley de Aministía que le otorgaría beneficios amplios al exgobernador y en general a otros reclusos que están en condiciones difíciles, sea por edad avanzada, salud, o simplemente porque el dictado de sus sentencias han sufrido una dilación inadmisible, a la luz del principio de que la justicia debe ser pronta y expedita. 

En particular llama la atención de esta columna que siendo Villanueva un político en dificultades precisamente por la corrupción que practicó, reciba el beneficio de que el presidente prácticamente ya está adelantando que tiene “como compromiso” ponerlo en libertad. No niego que, si conforme a derecho, eso es posible; empero, el que sea López Obrador quien muestre esa solícita blandura llama a una preocupación más de esta Cuatroté. 

Lo digo porque la noticia la ha de endulzar los oídos al exgobernador Duarte y a su cómplice Jaime Ramón Herrera Corral. Si por la víspera los días, cabe la pregunta: ¿Tiene sentido mantener alguna esperanza en el gobierno de la república?