Graciela Ortíz, quien será candidata al gobierno del estado por el PRI, es parte de las negras herencias que el autoritarismo le deja a Chihuahua en una mujer en la que se ha experimentado una carrera política producto de los acuerdos palaciegos y las dádivas que permite la rancia partidocracia. Llegó a la vida política en los tiempos en los que el PRI cuando no ganaba, arrebataba. Ella huele a esa herencia del fraude que llegó a fines de los años 80 y principio de los 90 del siglo pasado.
Lo mismo la vimos ocupando cargos congresionales obtenidos caminando por carreteras pavimentadas, que de diversos cargos burocráticos que demostraron una pluralidad de oficios jamás respaldados por la capacidad profesional para ocuparlos.
En fin, su carrera es larga, tan larga que es una herencia de aquel pasado que no queremos que regrese jamás a Chihuahua.
Cómplice de César Duarte, al que acompañó como secretaria general de gobierno al inicio de la tiranía, ocupó ese cargo cuando asesinaron a las puertas del Palacio de Gobierno a Marisela Escobedo, herida que aún no cierra y que las mujeres valerosamente recordaron en una conmovedora acción no hace ni un mes.
En ese sentido, la ahora candidata (dejemos de lado terminajos que hoy la hacen simplemente “pre”) dicta un legado inequívoco de que la justicia no llegará para Marisela Escobedo antes que las dádivas que hoy gozará quien fue la encargada de la política interior a inicios del duartismo y no supo propiciar condiciones de seguridad para una inerme y digna mujer que protestó, hasta la muerte, por la injusticia que ha ensombrecido a Chihuahua, sembrando de cadáveres la vida de innumerables mujeres.
Herencia negra, legado que es un reto, el muy brillante de la heroica lucha de Marisela Escobedo.