Está a debate una reforma electoral, la enésima, porque en este país cada gobierno introduce la propia y, como es lógico, siempre buscará las mejores reglas, las que le permitan ganar y continuar en el poder. 

¿Se necesita una reforma electoral? Sin duda, pero habrá que ver los contenidos de la misma, porque en su corazón están o pueden estar las reglas para la competencia por el poder. 

Me referiré a dos aspectos que están en el sentir de los mexicanos de tiempo atrás: en primer lugar, la garantía de la neutralidad de quienes ejercen el poder, para no sesgar el proceso en favor de su continuación. En México, para lograr esto más que leyes se necesitan ciudadanos siempre activos y siempre presentes. 

El otro punto tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos, donde se cometieron en el pasado inmediato abusos sin fin, que contribuyeron a la putrefacción del incipiente sistema de partidos. Aquí dinero y partido fue una ecuación que resultó en corrupción y el inmovilismo en que cayeron prácticamente todos, algunos heridos de muerte, pues no tenían más aliento que la nómina. 

Nunca he sido afecto a la defensa del financiamiento público, pero el problema no está ahí, porque bien mirado ese sistema puede trazar equilibrios que atemperen la intervención de oligarcas financiadores, y no se diga el uso de recursos que provienen de la delincuencia organizada, el narcotráfico y obviamente el lavado de dinero con toda la distorsión que esto provoca en resultados electorales. 

Conforme se vayan decantando las propuestas, sabremos si lo que se pretende es control estatal y faccioso sobre el sistema de partidos o abrirle la puerta al dinero negro que rompe el balance en demérito de la participación política de los ciudadanos.