Acaba de promulgarse el decreto que reformó la Constitución del país para dar paso a la creación de la Guardia Nacional. Es bochornoso ver, lo digo al margen, cómo una Constitución se adentra en regular detalles que no debieran tener lugar en un código fundamental. Pero eso es otra cuestión.
Ahora me interesa referir lo que dispone su artículo séptimo transitorio, por establecer obligaciones a las entidades federativas; esto, a la luz de lo que tenemos en Chihuahua, que al igual que el resto de los estados deberán presentar, en un plazo que no puede exceder los 180 días, un diagnóstico y un programa para “el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiacos, estatales y municipales”. Lo deberán hacer ante el recién creado Consejo Nacional de Seguridad Pública, en cuya cima está ya saben quién.
Hasta aquí, la instrucción es clara, no deja lugar a dudas. Si fuéramos soñadores y optimistas patológicos, pensaríamos que ahora sí las cosas van a cambiar para bien. En esencia sólo estamos en presencia de una “legalización” de las fuerzas armadas en esferas que no le corresponderían, pero no es eso lo que quiero comentar.
Lo que quiero subrayar es la falta real de consensos y unidad de propósitos entre quienes ejercen el poder en el país, y en el caso del estado de Chihuahua, al gobierno corralista y los municipios encabezados por María Eugenia Campos Galván y Carlos Tena Nevárez. Del gobernador ni qué decir, su gestión ha navegado de fracaso en fracaso, entre otras circunstancias porque no trabaja. Pero igualmente grave es que, por lo que se refiere al municipio capitalino de la entidad, donde la delincuencia no se contiene, se esté invirtiendo en crear un supuesto escudo, costoso, y que no ha dado resultados. El municipio de Chihuahua casi parte del lema elemental: “Chihuahua es, y la república el resto”. No es ingenuidad, hay fondo.
Pero la situación de Cuauhtémoc es más grave, a grado tal que la influyente columna del periódico Reforma del día de hoy, dice lo siguiente:
“Allá en Chihuahua, el alcalde Carlos Tena se ha convertido en una más de las manzanas de la discordia entre el gobierno de Javier Corral y el de Andrés Manuel López Obrador.
Resulta que el fin de semana fue detenido por entorpecer un operativo de la policía estatal contra carros irregulares. El edil de Cuauhtémoc afirma que sólo quería impedir la extorsión a una familia de migrantes.
El hecho es que tras su liberación, se informó que elementos federales serían enviados para cuidar al alcalde de las supuestas agresiones estatales. En contraste, la administración chihuhuense acumula varios informes sobre los supuestos vínculos de Tena con grupos delictivos. ¡Qué lío!”.
Estando así la situación, cabe preguntarse: ¿para qué tantas reformas, si los gobernadores no hacen nada, los alcaldes disparan sus proyectos insulares y un problema de policías, como el de Cuauhtémoc, ya se quiere llevar a la intervención presidencial?
Los ciudadanos, que nada esperamos del poder, al menos debemos estar atentos del diagnóstico que se hará. No vaya a ser que nos quieran hacer una cirugía mayor, sin anestesia y sin futuro.