Súbitamente nos encontramos con un estado de Chihuahua en el que desaparece el municipio como institución descentralizante en el ejercicio del poder y la administración. En su lugar se instala eso que se llama “Gobierno del Estado” y su programa clientelar y personalista de Chihuahua Vive. En parte esto es resultado del talante autoritario de César Duarte y en gran parte la claudicación de los ayuntamientos y en especial de los alcaldes serviles. Todo esto sirve como premisa mayor para escudriñar el Plan de Intervención Social en el que, si lo vemos a detalle, será el despliegue del Ejecutivo estatal –un anacrónico cacicazgo, de hecho– sobre el territorio de los municipios y sus colonias en ámbitos que tienen que ver con la acción que la Constitución otorga al municipio; baste señalar lo que se refiere a las labores de prevención de la violencia delictiva, la convivencia en los barrios y la promoción de una vida cívica en concordia.
El Plan de Intervención Social no tan sólo pasa por alto las demarcaciones constitucionales, sino que traza sus propios polígonos, más con un afán preelectoral que otra cosa y con imágenes gráficas idílicas que no se corresponden con la precariedad que como regla se deja ver en colonias de la ciudad de Chihuahua del tipo de Ladrilleros o Laderas de San Guillermo, por sólo poner un par de ejemplos. Ciertamente que la puesta en marcha de este plan habla claramente de un aspecto demagógico del actual gobernante, porque bien se sabe que si hay apego al presupuesto, ese plan no tiene sustento en las decisiones congresionales y menos en el Plan Estatal de Desarrollo, documentos ambos que siempre han sido dúctil plastilina en manos del cacicazgo.
De cualquier manera, si uno ve las firmas corporativas que calzan los documentos publicados en la prensa en torno a este plan, hay una ausencia, y notable, que tiene más de una lectura confirmatoria de que en Chihuahua tenemos una tiranía en cuyo vértice está un hombre que no ve más allá de los intereses que le son propios. Si antes habíamos dado la despedida al municipio libre, lo que hoy vemos instalado en Chihuahua es un gobierno que hace del estado una entidad unitaria con un cacique que todo lo quiere para él y al que al parecer hasta sus amigos le estorban. Javier Garfio debe tener una certidumbre: perder numéricamente el municipio, algo le costó.
Diputados presumen transparencia sin haberla
La legislatura actual del Congreso del Estado presume un primer lugar en transparencia. Es un galardón que recientemente le entregó CIMTRA, las siglas de Ciudadanos por Municipios Transparentes. En realidad parece que este organismo realizó un estudio de escritorio, porque tal cosa dista mucho de ser verdad. Las reyertas recientes, el bajo nivel de los diputados, la ausencia de deliberación seria, las decisiones en lo oscurito y los votos históricos que se dieron en materia de reformas estructurales como parte del constituyente permanente desmienten a CIMTRA. Pero no sólo eso, El Diario de Chihuahua, en las ediciones de los últimos días, ha exhibido las miserias del poder legislativo, sus dispendios, su divorcio con la sociedad y la ausencia de representación política ante la docilidad mostrada por los diputados en general.
Pero hay un hecho que marcará a todo este periodo congresional y se refiere a la aprobación o rechazo del establecimiento de la llamada “minigubernatura” de dos años, iniciativa de Duarte, asumida a forsiori por los diputados del PRI y leída en tribuna por la duartista Hortensia Aragón Castillo. El mismo Rodrigo de la Rosa insinúa que se aprobará en lo que sería sin duda un albazo legislativo, que desmiente el profesionalismo de la legislatura actual, pues fueron ellos mismos quienes ya habían decidido que fuera de cinco años el periodo que arranca en octubre de 2016, lo que está muy lejos de hablar de una interacción con la sociedad, que no desea que se juegue así con sus intereses.
Si la minigubernatura sale adelante, así hay que entenderlo, pues no hay otra lectura posible, porque ya se homologó una elección local con otra federal, lo único que se estará decidiendo es darle más poder en el tiempo a un personaje autoritario como César Duarte, hoy en apuros y que anda en búsqueda de dos cosas: impunidad y más poder, y ambas cosas ya no las soporta racionalmente nadie.
Alcance a matrimonio igualitario
El día de ayer cuestioné el carácter burocrático y servil de los funcionarios menores que en materia de matrimonio igualitario, en lugar de ver la Constitución “esperan instrucciones”, y señalé con tales características a Ricardo Yañez, director del Registro Civil. Al respecto, algunos lectores me pidieron el fundamento constitucional de mi crítica. Sin abundar mayormente en el tema, transcribo el segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución del país, que esclarece el tema: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Y uno de esos derechos humanos está dispuesto para evitar toda discriminación por preferencias u orientaciones de tipo sexual. Vaya la aclaración, en espera de que sea una respuesta mínimamente satisfactoria.