De negocios de farmacia: ¿qué fue de Eduardo Almeida?

El tema y la realidad de la corrupción política es complejo, por eso su combate también es extremadamente difícil. Se puede decir que esto es una obviedad y, en efecto lo es, pero sirve como punto de partida para hacer evidente que ese cáncer y sus metástasis que aniquilan sociedades enteras, es un mal de la sociedad capitalista contemporánea. Es usual reconocer que la corrupción suele ser un camino de dos vías en la que unos van y otros vienen y en alguna estación se encuentran empresarios con políticos y tranzan para luego avanzar, resultando eso en quebranto a la sociedad que ve mermado su patrimonio, puesto en manos de saqueadores que se aprovechan de su posición política como entes que toman decisiones, en muchas ocasiones con más o menor habilidad jurídica para defraudar. La corrupción suele ser delito de inteligencia, el caso de César Duarte es excepcional por su torpeza, ruralidad, por lo pedestre. Es fácil verle las costuras como a los monstruos de la cinematografía mexicana.

Quiero subrayar que el empresario privado también forma parte del modus operandi, del engranaje detestable. Se sabe, en todo el país, que en los últimos tiempos encumbrados políticos priístas han constituído consorcios para la venta de fármacos al sector público, que es, con mucho, el principal comprador para abastecer al IMSS, al ISSSTE y a los sistemas civiles de pensiones en las entidades federativas y en los municipios. Las transacciones con fármacos representan mucho dinero como para dejarlo sólo en manos de las farmacéuticas y las comercializadoras; por lo tanto, ha habido toda una operación para compartir, en ocasiones compulsivamente, el jugoso negocio. Chihuahua no es la excepción.

En el sexenio de la tiranía duartista crecieron como hongos las empresas de este ramo y no se diga las farmacias. Se pusieron funcionarios a modo en ese sector del estado de Chihuahua –Secretaría de Salud, ICHISAL, Pensiones Civiles del Estado, entre otras–, para cuadrar la operación corrupta en un entramado que se sale del territorio chihuahuense para alcanzar a políticos con mucho poder en la esfera del gobierno federal.

En el ámbito local son proverbiales los nombres que se han barajado sin que hasta este momento les haya pasado absolutamente nada. Ahí están Pedro Hernández y Marcelo Gonzales Tachiquín y como ejemplo empresarial privado la compañía Administración y Comercialización de Franquicias Internacional, S. de R.L de C.V., que públicamente Eduardo Almeida Navarro ha reconocido de su propiedad y que tiene su domicilio conocido en una de los principales periféricos de la ciudad de Chihuahua, con todo y sus arquitectónicas y esféricas torres.

Si nosotros viéramos fragmentariamente el tema de la corrupción, nos detendríamos en los exfuncionarios duartistas Hernández y Gonzales Tachiquín, a quienes hasta ahora no se les ha tocado ni con el pétalo de una rosa. Es más, gozan por ahora de los beneficios de una amnesia gubernamental, inexplicable del todo, pues si algo hay documentable son las transacciones en las que ellos estuvieron presentes y es fama pública su enriquecimiento súbito, sexenal. Es dable pensar que debieran estar en situación incómoda, porque siendo hasta ahora la corrupción algo aparentemente político por el carácter de funcionarios de sus actores, sólo abarca precisamente a políticos; pero estos, en concreto, por alguna razón son salvos y gozan de impunidad cabal, insisto, hasta ahora.

En cambio, resulta extraño que a los privados no se les toque. Esto es muy típico de los políticos neoliberales que sólo condenan, aunque sea de palabra, lo que sucede en el estado o muy obviamente dentro del mismo y se detengan cuando un empresario de peso está enfrente. Es la historia, por ejemplo de Eugenio Baeza Fares, pero no quiero desviarme con este espécimen. No es el único y en el ámbito que me ocupa hay otro que tiene su propia historia, y allá voy.

Se trata de Eduardo Almeida Navarro y su empresa Administración y Comercialización de Franquicias Internacional, S. de R.L de C.V. Él fue denunciado a fines de noviembre de 2014, justo al momento de fundar Unión Ciudadana, como un prototipo de empresario farmacéutico protegido, abastecido con contratos y negocios por Cesar Duarte, de acuerdo a las palabras del entonces senador de la república Javier Corral Jurado. Almeida Navarro se defendió, reconoció que la empresa mencionada era de su propiedad, los negocios con el estado, adujó estar en regla e hizo pública su relación de compadrazgo –derecho canónico de por medio– y en memorable carta se defendió con la consabida frase de “por primera y última vez”. Y, en efecto, ha cumplido hasta ahora en la escena pública, más nada se sabe al respecto, no obstante la gravedad de la acusación corralista en aquel momento fundacional de la Unión, donde muy claramente hizo la imputación y por cierto develando cantidades para nada menores.

Uno se pregunta: ¿es qué hay dos varas para medir en la corrupción? Una para los políticos defenestrados y en desgracia y otra para los empresarios privados con poder económico. El Estado de derecho no es así, y algo tiene de aquella vieja máxima romana que dice: “la ley es dura pero es la ley”. Así, podemos afirmar que en esto no hay ni varas ni varejones, como hasta ahora hemos visto con el deplorable espectáculo, por ejemplo, de que funcionarios menores a las órdenes de Jaime Herrera Corral estén en prisión y sujetos a proceso y el jefe máximo del área se pasee campante por todas partes y, además, en su calidad de banquero. En la misma linea estaría el empresario Jaime Galván y otros que he señalado porque no pienso quitar el dedo del renglón.

Con el poder que da la memoria, aquí reproduzco mediante este enlace el discurso de Javier Corral donde se refiere a la empresa de Eduardo Almeida Navarro , sólo con la finalidad de ventilar en la escena pública un tema que antes de la fallida “bomba” se dijo que podía llegar en la corrupción farmacéutica a niveles tan altos como Gamboa Patrón y Beltrones.

Soy magro en mis alcances, no poseo una información de fondo, pero sí al menos se que del gobierno del estado nos han de decir, aquí y ahora, qué fue de los negocios de la famosa comercializadora de un compadre de Javier Corral. Esta pretensión está poderosamente imbricada con Unión Ciudadana, pues el discurso corralista fue pronunciado a la hora de su fundación.

¿Es mucho pedir? No, por más que algunos piensen, parodiando al Quijote: “Con la empresa hemos topado, Sancho”.