La constitucionalidad del Ejército
Con este, pienso que ya son más de cien los artículos que he publicado; algo así como cien fuegos que he prendido para que se acate la Constitución, en particular su artículo 129 que muy claramente dispone que “ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. En alguno de mis textos he recomendado –al parecer inútilmente– que se lean y aquilaten los debates que se registraron por Francisco Zarco en el Constituyente de 1857, que valen para el precepto vigente porque se ha mantenido inalterado desde aquel año esencial en nuestra historia. Dicho en otras palabras: ese artículo tiene raíces y justificaciones que valen ahora tanto como ayer, a diferencia de otros que llegaron a la Carta Magna producto de la simple ilustración parlamentaria, el rubor de algún diputado, mas no porque respondieran a un agravio a los que se refirió el historiador Daniel Cosío Villegas.
Quizá hoy no esté la tierra fértil para volver a sembrar la semilla de esta inquietud, pero nunca estará de más la exigencia de someter rigurosamente a la constitucionalidad al conjunto de las Fuerzas Armadas, llámense Ejército, Armada o Fuerza Aérea. Por lo pronto, se exige el apego al texto y espíritu de la ley, y si hubiese que realizar reformas de fondo, pienso que hace mucho tiempo que, al igual que a los países más avanzados del mundo, se prive al presidente de la república de ese muy grande título de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, para dar paso a una conducción de inspiración civilista, adelgazando de paso, o sustituyendo de plano, el Estado Mayor Presidencial, que no pocas veces resulta un muro infranqueable para contener voces en comunicación directa con el Ejecutivo federal.
Para mí la exigencia vale, porque en perspectiva no quisiera que las Fuerzas Armadas entraran en un proceso de descomposición y corrupción por su cercanía al lado del crimen organizado y el narcotráfico al que no han logrado someter durante toda la etapa de su indebida función policiaca. Detesto el pretorianismo. Que el Ejército no ande en las calles, que se repliegue a sus tareas propias y que, bien miradas las cosas, no pueden ser otras que la defensa del país como ente internacional, custodiando la soberanía y el patrimonio nacionales. Cuando digo esto es frecuente que se me reconvenga con más de un par de argumentos: nadie puede contener al crimen en los niveles que ha alcanzado sino una fuerza de este corte; no hacerlo es tanto como dejarnos a merced de la delincuencia, y ya con largueza, hasta se advierte que la población –y no se diga los gobernantes inútiles–, los quieren porque de lo contrario todo se descompone. No digo que estos argumentos no estén en el humor social, simplemente advierto que la Constitución, con razones fundadas e históricas, dispone otra cosa y no hay facultad de nadie para transgredirla como se ha hecho hasta ahora.
De un tiempo a esta fecha, el actual secretario de la Defensa Nacional, General de División Salvador Cienfuegos, ha realizado declaraciones que apuntan en la dirección que he reseñado. Es decir, no quiere que el Ejército –por ende las Fuerzas Armadas, pues para nadie es un secreto el papel hegemónico que aquel juega– realice funciones de policía, a saber, del resorte de las autoridades civiles, sean municipales, estatales, federales o de la Ciudad de México. En los últimos días, esta visión del general secretario se ha expresado por su propia boca de manera inequívoca, que no deja dudas ni márgenes para una interpretación distinta. El país sería otro si esto se cumpliera a cabalidad y todas las autoridades de todos los niveles acataran las facultades y obligaciones que les deriva de la ley.
Veamos las palabras del secretario de la SEDENA, que empiezan con una sencilla pregunta: “¿Qué queremos?”, ofreciéndonos de inmediato la respuesta: “Que las Fuerzas Armadas tengan un marco que los respalde cuando tengan que actuar, que no seamos señalados por cuestiones que son propias de las operaciones que realizamos. Nos encantaría que esto se hubiera solucionado, nos encantaría que la policía hiciera su tarea para lo que está, para lo que se les paga, pero que no lo hacen. Nos encantaría ver esfuerzos decididos, pero con fechas fatales para que las policías hagan su trabajo”.
Y vaya que son de subrayar las palabras “nos encantaría” en voz de un militar, muy poco castrenses por esa masculinidad con la que suelen acompañarse para darle reciedumbre a sus órdenes. El lenguaje suave ofrece dos explicaciones: o el secretario nos estaría engañando con términos sedosos, o simplemente expone lo que es una necesidad para la institución que representa. Me decanto por esta última, porque no es poca cosa que haya una declaración que llevada a sus conclusiones últimas, significa apego a la Constitución, y que los hechos hablen y estén al escrutinio de todos, más si nos hacemos cargo del conjunto de las declaraciones que enfatizan a la primera ya transcrita.
Nos dice, además, el general: “Debemos definir el gobierno, me refiero a los poderes, los tres, deben decidir en qué momento deben participar las Fuerzas Armadas para cumplir qué tarea, en qué superficie de terreno y por cuánto tiempo. Eso es lo que debe buscar esta ley. La ley la van a decidir los legisladores, ellos dirán hasta dónde sí, hasta dónde no, y nosotros haremos lo que siempre, lo que dice la ley, acataremos lo que disponga el propio Congreso, simplemente estamos insistiendo”. Es obvio que aquí tendrán que ponerse en armonía los conceptos constitucionales, en particular ser atentos de todo lo que se refiere a justicia por el abuso policial y Estado de excepción, porque como él mismo dice: “¿qué quieren los mexicanos que hagan las Fuerzas Armadas?, ¿quieren que estemos en los cuarteles? Adelante, yo sería el primero en levantar, no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. Nosotros no pedimos estar ahí (en la calle), no nos sentimos a gusto, ninguno de los que estamos aquí estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra profesión es otra y se está desnaturalizando, estamos haciendo funciones que no nos corresponden porque no hay quién las haga o no tienen esa capacidad”.
Más claro, ni el agua, pues como comentó el militar de alto rango cuando leyó el periódico hace unos días: “El colmo: los soldados cuidando escuelas en Guerrero”, por lo que espetó: “Ahí se las dejo”.
Y sí, el Ejército no tiene por qué hacerle la tarea a toda una caterva burocrática de gobernadores que no dan una en el tema de la seguridad que les compete y obliga atender en el ámbito de sus facultades expresas y limitadas. En otras palabras, que se cumpla el histórico artículo 129 de nuestra mancillada Constitución.
