En días pasados se comentó que en el estado de Chihuahua no hay un Consejo de la Judicatura, deplorando la ausencia de esta institución y adjudicándole la responsabilidad a Enrique Serrano, cuando fue pastor duartista de la mayoría priísta en el Congreso local, durante los primeros tres años del cacicazgo. Ambas cosas sin duda son ciertas: ni esa institución ha llegado aquí y jamás pasó por la mente de los priístas instituirla. Somos de los estados que no tienen Consejo de la Judicatura, similar en sus funciones al del Poder Judicial de la Federación.

Recuerdo ahora que al redactar el proyecto de iniciativa para que las sesiones del pleno del ahora Supremo Tribunal de Justicia, me permití incluir la creación del Consejo. Finalmente el colegio que hizo llegar la propuesta a la legislatura prescindió de esa parte de la propuesta, en atención a criterios eminentemente derivados de observar la realidad de un ejercicio tiránico del poder, que luego se fue comprobando paso a paso hasta llegar al desastre que hoy tenemos.

Cabe observar que no se hizo la propuesta porque se estaba seguro de que únicamente lo que iba a suceder era crear un aparato sumamente oneroso al frente del cual iban a quedar abyectos abogados duartistas que nada abonarían a un mejor desempeño en el Poder Judicial. En pocas palabras, se pensó que el remedio podría estar a la par, o peor, que la enfermedad; y fue así que no se elevó la propuesta y desconozco si la misma se formuló por otras vías.

Lo que sí se legisló fue acabar con la secresía de las sesiones del TSJ, con el resultado de que ahora son fundamentalmente abiertas… pero nadie asiste, ni los abogados, ni los justiciables, ni la prensa. En realidad poco ha servido la apertura, salvo para darnos cuenta de la claudicación de no pocos magistrados a la hora de los golpes del duartismo al Poder Judicial.

Claro que pienso que debe existir un Consejo de la Judicatura, con todas las características de independencia, probidad, rectitud y todo lo que se quiera; pero una cosa es cierta: si se hubiera creado durante los primeros tres años del actual gobierno, se hubiera convertido en una simple agencia de colocaciones, una fachada más de la ausencia de Estado de derecho y muy onerosa para los contribuyentes e inútil a los intereses públicos. Tendrá que esperar mejores tiempos.

Campos Galván-Blackaller Prieto: cuidado con la ultra

En pleno miércoles santo –el día no es casual–, circuló por los medios el nombre de quien será la candidata suplente a la Presidencia Municipal con la panista María Eugenia Campos Galván. Se trata de la señora Margarita Blackaller Prieto. A decir de una columna política, la Blackaller “da la marca de las organizaciones sociales en la campaña del PAN por el municipio”, por su filiación ultraconservadora, contraria a la tendencia derechohumanista que tiene que ver, por ejemplo, con el matrimonio igualitario, es decir, entre personas del mismo sexo.

La candidata a suplente es fundadora de Mujer con Valor, AC y colaboradora de Vida y Familia, AC (VIFAC). Se trata de organizaciones ultraconservadoras, tradicionalistas, absolutamente pro católicas, defensoras de la que ellos llaman la “familia tradicional” –cualquier cosa que ello signifique–, y hacen legión con agrupaciones como ProVida, que están en contra de la interrupción legal y voluntaria del embarazo, de acuerdo a lo que establecen algunas leyes del país. Y obviamente también son adversarias del matrimonio igualitario, la muerte asistida, y todas esas piezas que prácticamente se han convertido en el último reducto del conservadurismo ultramontano.

El tema da para mucho en la coyuntura electoral, más si tenemos en cuenta que la misma candidata Campos Galván es adversaria de la redacción actual del artículo 1 de la Constitución General de la República, que estableció en 2011 la visión derechohumanista más profunda que haya habido en el país y que proscribe la discriminación en cualquiera de sus expresiones, en particular la que tiene que ver con la agenda del movimiento Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI). Así las cosas, es difícil que esta visión del PAN en la actual campaña sea atractiva de manera democrática y plural por un segmento muy vasto del electorado, en particular los que profesan un liberalismo consecuente o están a la izquierda.

Hay mucho riesgo para la democracia en el país cuando este tipo de candidaturas prosperan, porque su tendencia es contraria al Estado de derecho al que están dispuestos a transgredir la ley en aras de privilegiar sus convicciones personales.