La represión del 28 de febrero

La ya larga lucha contra el duartismo en Chihuahua tiene en este día, 28 de febrero, una efeméride que nos debe mover a la reflexión  y a la decisión del entramado ciudadano que conforma a Chihuahua, de hacer un alto en el camino y rectificar el rumbo que cobra la entidad, para defender la esencia misma de la política y la necesidad de fortalecer el cúmulo de instituciones que nos permita hablar de poder y política como algo normado, con una finalidad estrictamente civilizatoria de largo alcance. Para Duarte la política es discordia, agresión, afrenta y prepotencia; para mí, siguiendo el pensamiento del poeta mexicano José Emilio Pacheco, un mecanismo para civilizar el conflicto.

Unión Ciudadana ha sido un brazo cívico para combatir a la corrupción y la impunidad que se convirtieron en signo distintivo del gobierno de César Duarte. La agrupación, concibiéndose a sí misma plural y abierta, transversal por el manojo de los altos intereses sociales a los que responde, ha apostado desde sus orígenes por el derecho, por la no violencia, por la más amplia participación que contribuya a la construcción de ciudadanía y ha dado un debate puntual en el orden de las ideas y la cultura política que ya hoy forma parte del mejor patrimonio democrático del estado. Bastaría para tener por válida esta última conclusión si nos hacemos cargo de que es un movimiento pionero que sacó a las calles una profunda discrepancia con la corrupción política como punto nodal de una agenda ineludible.

Sin más fuerza que la que obtiene de las reservas de la sociedad que abrigan la construcción de un genuino Estado de derecho, la defensa de los principios constitucionales, de la división de poderes, de la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo del patrimonio público en manos de los gobernantes, la batalla ha sido desigual. En primer lugar por el silencio comprado de los medios –con las honrosas excepciones de todos conocidas– que medran con sumas multimillonarias extraídas del erario para que no se delibere sobre la denuncia penal que pesa en contra de César Duarte, Jaime Herrera Corral y Carlos Hermosillo Arteaga. Saben que una deliberación apegada a hechos es veneno puro para el autoritarismo reinante y por eso se compran los bozales de oro.

A esto se suma el comportamiento casi unánime de un sector empresarial silente, que no se mueve, que no resiste, las más de las veces porque al final aspira a los dividendos que la corrupción misma les deparará –si no es que ya les depara– en un futuro en el que podrán hacer su agosto. Este empresariado se solaza declamando algunos artículos de Moisés Naim sobre la necrofilia ideológica, pero no es capaz de mover un popote para que aquí y ahora las cosas empiecen a cambiar en el tema que me ocupa, a partir de la sencilla comprensión de que en la corrupción siempre hay alguien que pide y otro que da, acogiéndonos a la vieja metáfora de la carretera de dos vías. De estos empresarios podemos decir que tienen mucho discurso pero poco o nulo compromiso con la práctica de mejores entendimientos en la obtención de negocios que tienen en un extremo de la mesa a los funcionarios públicos. Cuando hablan de moral pública sólo piensan en el gobernante, en un comportamiento esquizoide que les tapa los ojos para no verse inmersos como parte de esta economía negra que tanto daña al país. Y es que tienen intereses antes que principios y piensan que la lucha anticorrupción deberá ir avanzando micra a micra, cuando las metástasis de la malhadada práctica avanza en proporción geométrica de periodo en periodo gubernamental.

Aunque no es mi afán referirme a ellos porque habría que cocinarlos en perol aparte, un racimo muy amplio de nuestros intelectuales son muy diestros en preservar su nicho de confort, cuestionar lo que sucede en otros confines del mundo e ignorar y pasar por alto nuestros males cercanos. Para ellos esto no es rentable, los priva de hoteles, boletos de avión, becas, relaciones. En la misma línea están los llamados legisladores de oposición en el Congreso estatal. En la semana que terminó escuché una entrevista a la diputada María Eugenia Campos Galván hablar del próximo periodo ordinario y de la ocupación que tendrán para revisar cuentas públicas y afirmó su decisión de “ir al fondo en el tema”, cuando todo mundo sabemos aquí que ya tiene listas sus maletas para migrar a una candidatura para la alcaldía de la capital del estado. Nunca como ahora hemos visto complicidad en el Congreso con la impunidad con la que se maneja el patrimonio público. Aunque políticas en muchos ámbitos, las iglesias también tienen un parche en la boca. Las universidades, no se diga: han sido alcanzadas por la privación absoluta de autonomía y victimizadas con el nepotismo extremo.

Se podrían enumerar más factores que hacen desigual la lucha. Pero de entre todos quiero destacar ahora el empleo de la represión, la intimidación y el miedo como mecanismos para sofocar lo que ya a estas alturas debiera ser una insurgencia ciudadana. Unión Ciudadana, desde su misma fundación en noviembre de 2014, sufrió la agresión física –de palabra la denostación y la calumnia han estado permanentemente activas–, en unos casos apostando policías y porros en las inmediaciones de los locales a donde convocábamos a nuestros actos; en otros provocando para desencadenar la violencia, en cuya argucia no caímos.

Pero hubo un momento en el que la violencia del duartismo se desbordó: fue el 28 de febrero del año pasado. Unión Ciudadana había convocado legal y legítimamente un mitin a celebrar la tarde de ese día frente al Palacio de Gobierno, en la Plaza Hidalgo de la capital del estado. Se cuidó tanto el evento, que con la debida antelación se enteró de ello al municipio, al gobierno, a la fuerza pública, a Protección Civil y hasta a la misma Cruz Roja. Cumplimos requisitorias que la ley no obliga, pero quisimos cubrir el expediente precisamente porque nos inspira el derecho y la no violencia. Esa fue nuestra actitud. La del gobierno fue la contraria. Aprovechándose de la nocturnidad, la madrugada del mismo día, Duarte y Javier Garfio “convocaron” a la celebración de una actividad sacada de la manga para tener espectáculos a lo largo de todo el día en el mismo lugar que Unión Ciudadana había escogido. Ese día por la mañana decidimos ocupar la plaza que nos pertenecía y fuimos objeto de insultos, amenazas, golpes, robo de mantas alusivas y un asedio permanente que nos hizo estar durante horas al borde de sucesos mucho más graves. Todo esto a ciencia y paciencia de la policía y padeciendo, además, un cerco que se extendió por varias cuadras a la redonda, a la vez que se difundía que había un conflicto que nos impidió congregar a las miles de personas que asistirían a nuestro acto, que finalmente se celebró, no sin antes sufrir la más artera de las agresiones.

La escuadra de camorristas de la lideresa priísta Tomasa Rojo, conocida como La Negra Tomasa, irrumpió con un grupo de porros, tratando de asaltar la tribuna, insultando, despojando violentamente a nuestra gente de sus banderas, golpeando a diestra y siniestra. Con ella iban funcionarios públicos que sin pudor alguno hacían lo mismo y están debidamente registrados en videos y fotografías. La gente de Unión Ciudadana demostró paciencia y valentía. Nuestro maestro de ceremonias, Víctor Bueno, lo sintetizó en una espontánea frase con la que interpeló a los simpatizantes de la Unión: “¡No caigamos en provocaciones, dejen que esos ridículos hagan su papel y se vayan!”. Y así sucedió. Los oradores hablaron, se fijó el Bando Solemne mediante el cual se desconoció al gobierno de Duarte y los congregados regresaron a sus casas cargando sobre sus espaldas un agravio más, y sobre todo, percatados de que la lucha no era fácil, porque a todos los factores que se enumeran en este artículo, se sumó la exhibición del sable de la represión, sable que continuamos observando en hechos graves como el del 8 de mayo, cuando de nueva cuenta Duarte recurrió a gente de baja estofa, narcomenudistas, para pretender humillar a integrantes de Unión Ciudadana en el edificio Héroes de la Reforma. Si la sangre no ha llegado al río, ha sido por la genuina responsabilidad de la insurgente organización.

La represión siempre deja un profundo mal sabor de boca. Lejos está de estimular la lucha como lo creen algunos, pero sí exhibe a quienes practican la política de la sinrazón frente a quienes se basan en el derecho y la dignidad de las personas.

Hoy, ese suceso de hace un año se ventila en una fundada Queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Expediente CNDH/2/2015/6207/Q). Con respeto esperamos venga de allá una Recomendación al gobierno de Chihuahua y al gobierno municipal, más si vemos cómo a los responsables de la represión se les ha premiado con cargos y candidaturas. Entre tanto, la lucha continúa porque se trata de un movimiento que no lo para nadie.